El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que el país tiene una deuda con las víctimas de la violencia y la impunidad, quienes demandan soluciones y atención, no formar parte de un registro.
Durante la presentación de la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, en la que recordó que desde 2000 hay un registro de 138 periodistas asesinados y 21 desaparecidos, González Pérez advirtió que la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a nivel federal y en algunos estados, “es una oportunidad para la revisión y replanteamiento de la política pública en materia de seguridad y justicia, porque también se inscribe en ello esta violencia contra los periodistas”.
González Pérez destacó que, en el caso de los periodistas, “este incremento alarmante de homicidios y desapariciones es un reflejo de lo que está pasando en el país”, violencia que se ha ido extendiendo a todas las regiones del país ante “el caldo de cultivo que significa la impunidad”.
Luego agregó que “México atraviesa una crisis de violencia e inseguridad y que hay también una cultura muy crítica, materia de derechos humanos, en particular, de la libertad de expresión”.
En el contexto del arranque de los Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional, organizados por el equipo del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el ombudsman nacional puntualizó que la renovación es indispensable “bajo una visión integral, que atienda no sólo las manifestaciones más evidentes de la inseguridad y violencia, sino también las causas estructurales de tales fenómenos”, entre ellas la violencia contra los comunicadores.
Al señalar que “las víctimas y la sociedad en su conjunto demandan soluciones a la problemática que enfrentan”, el presidente de la CNDH agregó que, de las comisiones de atención a víctimas, aquéllas buscan “no formar parte de un registro, sino de una atención”.
González Pérez se pronunció por un proceso de pacificación “que permita no sólo el abatimiento de la impunidad”, sino la reconstrucción del tejido social con base en la legalidad democrática.
“Se requiere seguridad, sí, pero no a cualquier costo y no por cualquier medio, sino la que corresponde a un estado democrático de derecho, sustentado en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación de la ley, que se construya en un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad”, indicó.
González Pérez consideró que la justicia transicional es un camino “para lograr la verdad y la reparación para las víctimas, y lograr una efectiva rendición de cuentas por parte de las autoridades”, y que “la reconciliación no debe ser incompatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad”.
También dijo que “el respeto y la aplicación de la ley tampoco no deben verse como obstáculos para la construcción de la paz y los procesos de reconciliación”, es decir, “la ley tiene que ser facilitadora para ese proceso entre ese derecho de las víctimas y el derecho a la paz”.
Igual puntualizó que “la construcción de la paz es cómo generamos las condiciones de permanencia para que no solamente sea una tregua en donde unos no se disparen con otros, sino que haya las condiciones que eviten que el suceso no se dé, porque tiene que ver con esa integralidad, condiciones de desarrollo (…) no es solamente cómo decía el slogan: de policías y ladrones, es una política integral”.
Fuente: proceso.com
