Los continuos hallazgos de decenas de cadáveres enterrados en fosas comunes en México, una cifra que aumentó hoy con el descubrimiento de 13 cuerpos más sepultados en Durango, mantiene conmocionado a un país que parece estar sembrado de muertos anónimos.Las palabras del ahora ex gobernador del estado de Tamaulipas Eugenio Hernández, quien en agosto pasado dijo a una emisora local que en México debían “haber fosas comunes en muchas partes de Tamaulipas (noreste) y del país”, parecen hoy premonitorias.
Hernández, quien abandonó el cargo en enero, aventuró esa hipótesis el año pasado cuando la Marina halló en el municipio tamaulipeco de San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos, masacrados en un rancho en agosto de 2010, un hecho que causó revuelo en el mundo.
El pasado 6 de abril, sin embargo, en el mismo municipio de San Fernando, los militares mexicanos encontraron más de 40 cadáveres en una fosa, cifra que empezó a aumentar exponencialmente en el transcurso de los días con los continuos hallazgos de nuevas fosas.
A la fecha, 145 cuerpos han sido desenterrados ya en San Fernando y sus alrededores, ante el asombro de las autoridades y de la opinión pública.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) de México atribuye la muerte de todos los enterrados en esas fosas a las acciones violentas del grupo narcotraficante Los Zetas, uno de los más sanguinarios del país y que en Tamaulipas se disputa el control de las drogas con su antiguo aliado el cartel del Golfo.
Más macabro aún son las circunstancias en las que murieron la mayoría de esas personas, ya que, según las primeras investigaciones, buena parte de ellas eran pasajeros de autobuses que fueron interceptadas por los delincuentes y asesinadas indiscriminadamente, sin que tuvieran alguna relación con grupos criminales.
Además, varios de los cuerpos tienen al menos dos meses de haber sido depositados en las fosas, sin que existan denuncias de desaparición de sus familiares.
La prensa local ha recogido el testimonio de varios conductores de autobús que circulan por esa zona del país, los cuales narran cómo convoyes de camionetas sin placas y con vidrios oscuros suelen instalar retenes en las carreteras, detener los autobuses y bajar pasajeros elegidos al azar, a los que después asesinan.
Al respecto, la Fiscalía mexicana ofreció hoy recompensas de hasta quince millones de pesos (1,26 millones de dólares) a quienes den información sobre los responsables de la matanza de pasajeros de autobuses.
Pero a los de Tamaulipas se han sumado los hallazgos de once muertos en ocho fosas el pasado fin de semana en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa (noroeste), y de trece más en la ciudad de Durango el jueves.
Las autoridades mexicanas encuentran con frecuencia fosas con cadáveres, aunque no suelen ser tan numerosos.
La mayor fosa descubierta hasta ahora en México fue la ubicada el 29 de mayo de 2010 en la mina de San Francisco de Cuadra, municipio de Taxco, en el estado de Guerrero (sur), donde fueron arrojados 55 cuerpos al respiradero del yacimiento por integrantes del crimen organizado.
El presidente de México, Felipe Calderón, reiteró hoy su “más enérgica condena a esa cobardía, a estos incalificables hechos” y sus “más profundas condolencias a los familiares de las víctimas”, a quienes ofreció todo el apoyo del Gobierno federal.
Los asesinatos en Tamaulipas “son actos de barbarie extrema que nos muestran la bajeza, la crueldad que han alcanzado estos criminales, con tal de sacar ganancias a costa de las personas honestas”, dijo.
“No nos detendremos hasta capturar a todos los integrantes de esa célula criminal, a sus cómplices, para llevarlos ante la justicia”, concluyó.
México suma más de 35.000 muertes en acciones relacionadas con el crimen organizado desde que Calderón asumió el cargo en diciembre de 2006 y lanzó una lucha frontal contra los carteles del narcotráfico.
La ofensiva gubernamental es criticada por varios sectores que señalan que el número de homicidios no parece remitir, y cuestionan el papel del Ejército en el combate contra el crimen organizado, institución a la que acusan de cometer numerosas violaciones a los derechos humanos. EFE
