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“A uno se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, declaró este martes la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al ser cuestionada por medios de comunicación.
La mandataria panista aludió directamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado formalmente la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El pronunciamiento de Campos Galván es el más reciente desde el 17 de abril, cuando un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua, condujo al descubrimiento de un narcolaboratorio en la sierra y concluyó con la muerte de cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses posteriormente identificados como agentes de la CIA.
La gobernadora ha sostenido que la operación fue un éxito en materia de seguridad, mientras que el gobierno federal la señala de haber permitido la participación irregular de agentes extranjeros en suelo nacional, en violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua como parte de las indagatorias.
La gobernadora confirmó el requerimiento y adelantó que será atendido en los términos correspondientes: “Hay un requerimiento y se va a contestar, en los términos que se contestan, se va a contestar”, expresó.
Sin embargo, la mandataria retomó una frase que había pronunciado días antes: “Vámonos enterando de quién es quién”.
Campos Galván señaló que quienes habían impulsado su comparecencia ante el Senado por el affaire del narcolaboratorio figuran ahora en los señalamientos del gobierno estadounidense.
“Los mexicanos y los chihuahuenses tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza realmente humanistas. Ahí están los hechos”, agregó.
La acusación contra Rocha Moya fue presentada el 29 de abril por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.
El documento señala al mandatario sinaloense y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios —entre ellos el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil— de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, recibir sobornos y colocar funcionarios afines en instituciones de seguridad estatales.
Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo el 2 de mayo, rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos.
