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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció este miércoles afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que el gobierno federal busca fabricarle un caso penal bajo la simulación de citarla como testigo, en la investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos realizado en la Sierra Tarahumara en abril pasado.
“Se me cita bajo la simulación de ser una ‘testigo’, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, afirmó la mandataria estatal ante los medios de comunicación.
Campos Galván acusó además que la autoridad federal atropelló las garantías constitucionales que le corresponden como titular del Ejecutivo de Chihuahua: “No guardaron las formas, no respetaron la ley y atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido”.
La comparecencia se realizó en la sede central de la FGR en Ciudad de México, en un cambio de sede respecto al citatorio original, que la convocaba a la delegación de la institución en Ciudad Juárez.
Campos fue notificada el 23 de mayo y acudió acompañada del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, y del abogado y expanista Roberto Gil Zuarth.
La investigación que motivó el citatorio se originó tras el operativo del 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos junto con autoridades estatales para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la sierra tarahumara.
Cuatro participantes —dos mexicanos y dos estadounidenses— murieron en un accidente carretero al regresar del operativo.
El gobierno federal señaló que los agentes extranjeros ingresaron y actuaron en territorio nacional sin autorización de las autoridades federales, lo que derivó en que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera explicaciones a la Embajada de Estados Unidos y acusara a la gobernadora chihuahuense de vulnerar la soberanía nacional.
El equipo jurídico de Campos, encabezado por Gil Zuarth, había advertido desde días antes que el citatorio presentaba irregularidades de fondo.
La defensa argumentó que la FGR abrió un procedimiento penal contra una servidora pública con fuero constitucional sin haber tramitado previamente la declaratoria de procedencia que exige el artículo 111 de la Constitución, la cual requiere ser aprobada por la Cámara de Diputados y ratificada por el Congreso local.
Asimismo, la defensa anunció que presentaría una denuncia penal contra quienes resulten responsables de haber iniciado actuaciones presuntamente ilegales contra una gobernadora en funciones, con base en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal.
Durante el acto afuera de la FGR, Jorge Romero encuadró la comparecencia como un acto de persecución política.
“Venimos a denunciar políticamente la persecución de la cual está siendo objeto Maru Campos de la 4T”, declaró el dirigente panista.
Romero agregó que en México ya no se puede pensar diferente ni denunciar lo que se hace mal, y acusó la existencia de un narcopacto en el país.
El secretario de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, había precisado con anterioridad que el fuero constitucional de la mandataria la protege de ser detenida y le da incluso la posibilidad de no acudir a la diligencia, aunque señaló que Campos optó por presentarse.
