
Diana Méndez
Trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) cumplieron este viernes una semana de movilizaciones en el Centro Histórico de Oaxaca, donde mantienen el bloqueo de la calle Mina y la toma del Centro de Salud Urbano Número 1 en demanda de justicia para una trabajadora que denunció violencia de género y para exigir la destitución de directivos de la institución.
Los manifestantes sostienen que la protesta surgió luego de que una trabajadora denunciara hechos de violencia de género durante 2025, caso que, afirman, fue acreditado por las instancias competentes. Sin embargo, denuncian que las autoridades responsables se han negado a restituirla en sus funciones y a cumplir con las resoluciones emitidas en su favor.
Entre sus principales exigencias se encuentra la renuncia del director del centro de salud y del jefe de Recursos Humanos, a quienes responsabilizan de mantener prácticas de hostigamiento laboral y de incumplir las determinaciones relacionadas con el caso denunciado.
Los sindicalistas han señalado además que, pese a los días de protesta, ninguna autoridad del IMSS Bienestar ni representantes de la administración estatal han instalado una mesa de diálogo que permita atender de fondo sus demandas. Por ello, advirtieron que continuarán con las acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas.
A la exigencia de justicia laboral se suman reclamos relacionados con condiciones de trabajo, pagos pendientes, así como el abastecimiento de medicamentos e insumos en las unidades médicas donde laboran. Los inconformes consideran que la falta de atención institucional ha prolongado el conflicto y afectado tanto a trabajadores como a usuarios de los servicios de salud.
La movilización ha provocado afectaciones a la circulación vehicular en la zona centro de la capital oaxaqueña, particularmente sobre la calle Mina y vialidades aledañas, mientras los manifestantes reiteran que no levantarán el bloqueo hasta que exista una intervención efectiva de las autoridades correspondientes.
Al cumplirse siete días de protesta, SIMESA reiteró su llamado a las autoridades federales y estatales para atender el conflicto, garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y evitar que los casos de violencia de género permanezcan en la impunidad.






