En Oaxaca florecen las bugambilias, el discurso de la 4T… y también las licitaciones con postores únicos, contratos con casillas vacías y camionetas sin destinatario ni NOM.
Estimado ciberlector, usted se preguntará: ¿Quién está detrás de este jardín de conveniencias? Como el pecho de nuestro reportero Sabueso no es bodega aquí les va la poda fina.
Resulta y resalta que, la Secretaría de Administración a cargo de Noel Hernández Rito, hizo dos licitaciones en menos de 3 meses para el arrendamiento de 234 vehículos entre ellas 2 camionetas blindadas, y ahora se prepara para comprar 70 camionetas más sin decir a que dependencias serán destinadas.
Vayamos a la “primera licitación de vehículos de este año”: una sola empresa, muchas dudas
La Licitación Pública Nacional LPN-SA-SA-0002-01/2025, realizada el 11 de febrero del 2025 por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, adjudicó 78 millones 782 mil 159.50 pesos (IVA incluido) a la empresa Soluciones Prácticas en Arrendamiento Supraa, S.A. de C.V., para arrendar 234 vehículos por 12 meses. Entre ellos, destacan 2 camionetas blindadas nivel IV PLUS, de las que hasta ahora no se ha dicho quién las recibió, para qué fin o bajo qué criterios de seguridad.
Estimado ciberlector, seguramente usted como nosotros, se preguntará: ¿Qué está mal en este proceso?
Aunque los “brillantes” de la Secretaría de Administración quisieron tejer fino, parece que no les salió, y es que la falta de competencia real es evidente: solo un postor solvente participó: Soluciones Prácticas en Arrendamiento Supraa, S.A. de C.V. Otra empresa intentó concursar (Total Parts and Components), pero “casualmente” no entregó documentación completa y fue descartada, una práctica muy recurrente en la administración de Alejandro Murat y muchas más. ¿Es esto legal? Sí. ¿Es sano? Absolutamente no.
Además, no hay un desglose de precios: el monto global fue autorizado, pero no se desglosa cuánto cuesta cada tipo de unidad. Esto impide verificar si hay sobreprecio. ¿Cuánto costaron realmente la renta de las camionetas blindadas, ¿20 mil al mes o 200 mil?, solo Supra lo sabe.
Eso no es todo, como si se tratara de un “Secreto de Estado”, hasta el momento no se sabe el destino de las unidades. El objeto de la licitación establece que los vehículos serán para “las dependencias y entidades del Ente Gubernamental”, sin precisar cuáles. Esto sin duda viola los principios de transparencia y control patrimonial establecidos en la ley. ¡Esperemos que no salgan con el garlito de que es por “Seguridad Patrimonial”!
Y que decir del estudio de mercado omitido: no se anexó el informe técnico-económico comparativo. Esperemos que por lo menos den a conocer los detalles del Contrato como la como vigencia, partidas presupuestales y claves de asignación, porque más de 78 millones de pesos no es cualquier cantidad.
El pueblito noble y sabio merece saber si pagaron precio justo o si nos dieron gato por liebre, ¡blindado eso sí!
¿Quién es Supra y por qué importa?
La empresa “Soluciones Prácticas en Arrendamiento Supraa, S.A. de C.V.”, se constituyó el 08 de diciembre del 2016. Aunque no está en listas negras 69-B del SAT ni ha sido formalmente sancionada, ni observada por la Auditoría Superior del Estado, concentra contratos con el Gobierno del Estado de Alejandro Murat desde diciembre del 2016. Aparece en la Cuenta Pública 2017, y en redes sociales ha sido señalada por presunta simulación de competencia o favoritismo. A pesar de que la ley no impide su participación, su repetida aparición como única ofertante y beneficiaria debe llamar la atención.
Como la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, a cargo de Leticia Elsa Reyes López, no ha dicho absolutamente nada, aquí le dejamos otros datitos para que los tome en cuenta:
Diversificación poco habitual de la empresa. El mismo RFC cubre arrendamiento de maquinaria, inmuebles, vehículos y servicios para eventos; este abanico alimenta la percepción de empresa “todóloga” o de proveedor de papel.
El domicilio fiscal coincide con un despacho contable-inmobiliario (Beanstalk), lo que sugiere outsourcing administrativo más que infraestructura propia. Y tiene una representación unipersonal.
¿Qué pasó con aquello que irían a revisar domicilio por domicilio de los proveedores?
“Compras consolidadas”
¿Y desde cuándo se permite este tipo de licitaciones?
Para que vean que los chairos primaverales salieron más mañosos que bonitos vamos a los detalles de esa joya legal:
Desde julio de 2023, mediante el Decreto 1452, el Congreso local —con mayoría del partido oficialista— reformó el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, permitiendo por primera vez que el Gobierno del Estado hiciera compras consolidadas a través de la Secretaría de Administración.
Este cambio legal, introducido durante el primer año operativo del gobierno de la autoproclamada Primavera Oaxaqueña, permite lanzar licitaciones globales, sin precisar qué dependencia solicita qué. En nombre de la eficiencia, se abrió la puerta a procesos sin trazabilidad, sin desglose, sin transparencia.
Y casualmente, quien encabeza hoy esa Secretaría es Noel Hernández Rito, pieza del senador y exsecretario de administración Antonino “Hamponino” Morales, quien conoce bien los pasillos, las escaleras de emergencia, los proveedores… y los modos.
Segunda licitación: 70 camionetas más, mismas irregularidades
En la licitación LPE-SA-SA-0015-04/2025, con fecha 06 de mayo, se busca comprar 70 camionetas pick-up 4×2 por 39 millones 123 mil 770 pesos, y el único postor es Autos Mexicanos, S.A. de C.V., distribuidor local de Nissan.
Aquí también: No se identifican las dependencias destinatarias.
Se descartó la aplicación de la NOM-160-SCFI-2014, lo cual contraviene la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El plazo de entrega es de 10 días, lo que sugiere que el proveedor ya sabe que ganará.
Como la cereza sobre el pastel de la incoherencia es evidente, nuestro reportero que es muy mal pensado se pregunta:
¿Tiene lógica arrendar en febrero y comprar en mayo?
En febrero, se arrendó un paquete completo de 234 vehículos por $ 78.7 millones de pesos.
En mayo, se inicia la compra de 70 camionetas pick-up 4×2 por $ 39.1 millones de pesos.
¿Tiene sentido esto?
No.
No hay documento que justifique la duplicidad.
No hay evidencia de evaluación de flota previa.
No hay claridad sobre para qué fines específicos son las camionetas.
El Gobierno presume austeridad… pero gasta más de $ 117 millones en tres meses en vehículos.
Si había dinero para comprar, ¿por qué se arrendó?
Y si se arrendó porque no había dinero para adquirir, ¿de dónde salió en mayo?
Estimado ciberlector, todo apunta a un patrón: fragmentar procesos, dispersar contratos, diluir responsabilidades.
Se gasta, se entrega, se asigna… y nadie responde por qué.
Lo que se prometió como una “nueva era” se está consolidando como el perfeccionamiento de las viejas prácticas con herramientas legales nuevas. La “Primavera” florece… pero no con transparencia, sino con contratos sin nombre, camionetas sin NOM, y empresas que se aparecen cuando solo hay una silla en la mesa.
Hoy, el secretario Noel Hernández Rito, recomendado del senador Antonino Morales y la secretaria Leticia Elsa Reyes tienen una deuda no solo con la legalidad, sino con la inteligencia del pueblito noble y sabio.
Porque el problema no es tener camionetas nuevas y blindadas. El problema es tener gobiernos blindados ante la rendición de cuentas.
¿Primavera oaxaqueña… o jardín de opacidad?, a este paso la austeridad del Gobierno primaveral, solo será una leyenda urbana.
Al tiempo…
¡Agárrense, empresarios y comerciantes de Oaxaca! Que, si su negocio está cerca de San Antonio de la Cal, pero no dentro, tampoco se salvan. Porque si el presidente municipal Porfirio Santos Matías amaneció con ganas de multar, clausurar o simplemente de ejercer su “derecho de picaporte“, no hay GPS ni ley que lo detenga.
Sí, leyó bien estimado ciberlector, y es que nuestra reportera tortillera, nos informa que el Doctor —sí, doctor en Derecho, con maestría, diploma y todo— se fue como en película de acción de los Mario Almada, a clausurar una gasolinera que, detalle menor, no está en su municipio, sino en San Agustín de las Juntas. ¡Háganos el rechinado favor!
¡Zas! Con sello en mano y cara de “yo soy la ley”, entró al territorio ajeno y, aunque los encargados le enseñaron su licencia de funcionamiento expedida legalmente por San Agustín de las Juntas, Porfirio dijo: “Me vale, aquí mando yo” y dejó los sellos como souvenir.
Dicen los que saben —y los que pagan— que no es la primera vez. Empresarios y comerciantes de la zona aseguran que el presidente opera como cobrador de cuotas disfrazado de autoridad: si no pagas el “convenio amistoso” (guiño guiño), te clausura hasta la sonrisa. Y si estás cerca, aunque no dentro, igual te toca susto.
¿Extorsión institucionalizada? Eso dicen las víctimas, quienes aseguran que el presidente se ha convertido en cobrador oficial de “derecho de piso” para cualquier negocio que respire cerca del municipio.
Pero no solo eso, hay denuncias también de su policía municipal, y es que parece que en ese municipio el modus operandi es: “o pagas o te clausuro”, “o te caes con la del Puebla o te detengo”.
La pregunta que nos deja reflexionando en este Lavadero es:
¿Quién cuida al que debería respetar la ley?, porque el Doctorcito en Derecho con toga invisible y mazo imaginario, hace lo que quiere.
Porque no es por intrigar (bueno, sí), pero si presume tanto su título de Doctor en Derecho, ¿por qué es el primero en desconocer los límites territoriales, las competencias municipales y hasta la Constitución?
¿O será que el título lo sacó por correspondencia… en un fin de semana?
El conflicto intermunicipal… y electoral
Y como si esto no fuera suficiente, ojo con el calendario: San Antonio de la Cal se rige por Sistemas Normativos Internos (también conocidos como “abusos” y costumbres) y este 2025 toca elección. ¡Chan chan chaaaan!
Y en año electoral todo es sospechoso: desde las clausuras hasta los discursos. Dicen por ahí que el doctorcito asesorado por su referente el “hombre de la barba falsa” Nicolás Feria, lo que en realidad busca es meter presión, ganar control político y callar voces incómodas antes de que le quieran disputar el poder.
Por cierto, Porfirio ha dicho de mesa en mesa, que en la próxima elección es probable que termine siendo el administrador, porque ya lo apalabró con su amigo el hombre de la barba falsa.
¿Se acuerdan de San Jacinto Amilpas? Ahí no se rigen por “abusos” y costumbres, sino por partidos políticos, pero también han tenido su cuota de presidentes que juegan a los reyes feudales. Así que no es un caso aislado.
Ahora la pelota está en la cancha de San Agustín de las Juntas. La duda es:
¿Qué va a hacer su presidente Daniel Hipólito Aquino Torres? ¿Se quedará callado mientras otro edil se mete a su territorio? ¿Y los empresarios, comerciantes y todo ciudadano, hasta cuándo van a aguantar estas cruzadas y abusos sin ley?
Y mientras tanto, el gobierno del estado y sobre todo la Secretaría de Gobierno (sí, ya no es Secretaría General de Gobierno, por si algún despistado sigue buscando el título viejo) comandado por Jesús Romero, siguen más mudos que estatua de cantera.
¿Será que están esperando que el Doctorcito Porfirio les clausure el mismísimo Palacio de Gobierno o el nuevo Centro de Transferencia (que está por esos rumbos) para intervenir?
Al tiempo…
Operativo “Pescador”… o el arte de lanzar la red y que caigan hasta los tazos dorados de colección
Nuestra reportera—chaira de hueso Colorado y asidua al Palacio— nos informa que las malas lenguas—o las buenas si traen mate con “hierba creativa”—que bautizar al mega-despliegue en la Central de Abasto como “Operación Pescador” fue un resbalón de marketing: evoca atún en Cuaresma, sermón de montaña 4T e incluso un “levantón” clandestino. ¡Háganme el favor! Nuestro Comité de Branding Cumbanchero proponía algo más honesto: “Tazo Dorado”. Así nadie confundiría sardinas con indigentes invisibles, esos que deambulan entre legumbres podridas y mototaxis piratas.
¿Qué pescó la red gubernamental?
Mil elementos y un zoológico táctico: 50 patrullas, 30 motopatrullas, binomios caninos, drones y hasta camiones estilo safari.
Resultado oficial: En el primer día: 274 personas “concentradas”—253 varones, 21 mujeres, cuatro migrantes enviados al INM y un desaparecido de 2023 reencontrado con su familia.
Estadística a la carta: Seguridad estatal presume que fueron 425 (274 el primer día y 151 el segundo) reubicados y una baja del 63 % en delitos en sólo 48 horas. Cuando las cifras bailan tanto, uno sospecha que el Excel lo llenaron a ritmo de son istmeño, pero con el número de personas “pescadas”, si tiene lógica y sentido ese porcentaje.
Los “peces gordos” … flaquitos: apenas 13 enviados al MP por halconeo, fraude y droga; el resto, adicciones, situación de calle, y por “porte de cara cansada”.
Estimado ciberlector, los invisibles se vuelven noticia. Que no se nos nuble el humor: hacía falta una intervención seria. Los “nadie”—los que ni censo ni padrón—llevaban años durmiendo bajo tarimas de plátano macho, de los puentes, y hasta en los registros de drenaje. Varias familias, que ya bordaban crochet con la palabra “ausente”, descubrieron que sus seres queridos simplemente habían sido tragados por la Central. Ese hallazgo vale más que mil boletines.
La Patrulla (no tan) Espiritual
Hoy esos “invisibles” viajan en patrullas rumbo a anexos de rehabilitación; con suerte saldrán limpios y con CURP renovado. Quienes sí se escondieron, cuentan los marchantes, fueron ciertos políticos tazo dorado: temían que la red también estuviera calibrada para oportunistas de campaña y compradores compulsivos de voto. Je, je, je.
Y hablando de redes: Flavio Sosa, apóstol del revuelo, juró que no es amigo de nadie… salvo de Miguel Hidalgo y Benito Juárez en su elegante tono azul, y no lo decimos por su paso por el PAN como Vicente Fox, más bien por el billetazo. Menos mal que ya no ejerce su “derecho humano” a orinar en vía pública; de lo contrario, habría debutado en el Pescador bajo modalidad “pez globo”.
¿Balance final?
El operativo fue necesario; nadie sanea la Central con agua bendita. Pero ojo con la resaca de derechos humanos.
Por ahora, celebremos que el mercado respira sin los “invisibles” sin halcones y que, al menos por un fin de semana, los fantasmas que merodeaban pasillos del mercado tienen nombre, expediente médico y quizá un inicio de segunda oportunidad.
Mientras tanto, queridos ciberlectores, guarden bien sus cromos de edición limitada—no vaya a ser que la próxima red levante hasta coleccionistas.
Aquí seguimos, con la caña lista y el sarcasmo cebado.
De los creadores de Escuela de roedores y ATM (A Toda Mordida) llega “Toribio y sus bandidos de la Policía Vial”, taquillazo inspirado en hechos muy, muy reales. Estos uniformados —montados en flamantes patrullas oficiales— salen a los cruceros de la ciudad cual piratas de asfalto, perpetrando atracos contra el conglomerado conocido como el pueblo bueno y sabio.
Esta semana, queridos amigos ciberlectores, la función de estreno la protagonizó un turista: descubrió la “tarifa oficial” impuesta por el director de la PV. Ante la falta de efectivo y la negativa de los agentes a aceptar transferencias, los amables mordelones escoltaron al visitante hasta el OXXO más cercano para que retirara el importe exacto de la mordida. ¡Servicio premium incluido!
En los alcoholímetros, la mordida sigue siendo menú de casa: quien no trae efectivo “para ponerse la del Puebla” pierde hasta sus pertenencias, porque las cuotas deben llegar completas al jefe. ¿Verdad, Toribio? ¿o a quién le reportan?
Nuestra recomendación amigos ciberlectores: maneje con cuidado, porque la perra anda brava… y los oficiales andan más malcomidos que nunca.
Próximamente les contaremos sobre los lujos y excentricidades del director de los mordelones: ya saben, el amor y el dinero siempre se escapan por debajo del uniforme y no se pueden ocultar.
Quienes parecen más entregados al reventón que al gobierno son las autoridades de San Jacinto Amilpas: ¡ya hasta presumen “imagen oficial” para su Guelaguetza 2025 (samamada), mientras la ciudadanía se conforma con agua turbia, drenajes reventados, inseguridad y un río que huele peor que sus promesas de campaña.
Al frente del espectáculo está Fidel Alejandro Díaz Díaz, equilibrista del “circo y malabares” que, tras más de 100 días de administración, sigue sin un solo informe digno de aplauso. Mucho ruido en campaña… y ahora, pocas nueces (y ni hablar de obras).
Cuentan las malas lenguas —y las peores Red de redes— que la abogada Camila Santiago Regalado llegó hace unos meses al Jurídico del Instituto Municipal de la Mujer, en la capirucha, luciendo traje sastre y sonrisa de Canva, convencida de que defender derechos femeninos es tan fácil como programar un reel: musiquita suave, frases motivacionales y listo, empoderamiento servido.
Lo curioso es que la “licenciada” no cayó del cielo: antes fue Capitana de mayordomías y figura social en fiestas istmeñas, promotora de bordados (y belleza “atípica”), fundó la A. C. “Vitoria Yan” para lanzar concursos de sones, fungió de vocera cultural del “rescate zapoteca” y hasta la Medalla Juana Catalina Romero la distinguió entre 18 mujeres… credenciales perfectas para el glamour, pero no para defender a las mujeres.
Pero pronto descubrió que el cargo es pesado, que las órdenes de protección no se firman con emoji, que los derechos de las mujeres no se tutelan con hashtags y que, si eres defensora de cristal, cualquier golpe de realidad te deja craquelada. De ahí su fulminante renuncia: “mucho trabajo”, dijo, como quien devuelve tacones porque aprietan el juanete. Je, je, je.
Cuando vestía la toga jurídica había expedientes extraviados, asesorías a medias y una pasarela–gate permanente por los pasillos, cual Guelaguetza de selfies. Testigos juran que el despacho parecía set de fotos y que los plazos corrían mientras ella ajustaba filtros.
Nada de eso habría pasado —o tal vez sí, pero con más escenografía— si su papi, Pedro “Trampitas” Santiago, no hubiera palomeado su ingreso vendiendo la vieja fórmula del queso istmeño: “ponme a la nena y yo te pongo mi portafolio de medios; además, te regalo una bola de queso”, susurra en cada oficina. Él jura que es gestor cultural, contratista, amigo de los periodistas… y gigoló frustrado; los pasillos dicen que solo gestiona mordidas. Mientras su hija coleccionaba gafetes, él pasaba la charola para morder cada recurso, apoyo o programa que oliera a presupuesto fresco. El problema es que los cuentos de Trampitas ya no conmueven: a su edad sigue sin aprender a ganarse la vida honradamente y cree que la mejor estrategia de desarrollo es cultivar “gratitude$ forzada$”, como si las dependencias fueran tienditas de raya.
Pero calma, paisano —que “está tonto tu cabeza”—: toda trama merece su clímax y aquí apenas vamos en el segundo acto. Camila, si de veras quiere ser defensora, empiece por defenderse de las trampas heredadas; la cultura de la mordida, igual que el queso que regala su padre y la receta clásica: “dar chingadazo tu espalda” (léase con tonito istmeño), se fermenta rápido… y termina oliendo peor que los cuentos que hoy reparte.
Estimado ciberlector, como bien sabe la madrugada del 15 de mayo, la camioneta oficial que regresaba de las fiestas de Llano Tigre quedó sembrada de casquillos en el paraje “El Tablero”. Dentro yacía Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, junto a su chofer y un agente municipal. El gobierno primaveral prometió cero impunidad—promesa que en la Sierra Sur suena más a mantra que a garantía.
Quien crea que esta violencia es un déjà vu de los años de José Murat no se equivoca del todo: en 2000 la zona estaba plagada de Bases de Operaciones Mixtas porque los tiroteos entre Amoltepec y San Mateo Yucutindoo eran cosa de cada siembra. Por si no lo recuerda, el saldo: emboscadas, desplazados y cuatro muertos solo en julio de 2003.
Dos décadas después, la herida agraria sigue sangrando. El conflicto territorial con Yucutindoo jamás se cerró; apenas en 2013 Flavio Sosa denunciaba otra incursión armada y el uso del Ejército como comodín político.
A eso súmele acusaciones penales cruzadas entre clanes locales, rutas de tala clandestina y la expansión de células criminales que aprovechan la topografía para traficar armas y amapola.
El gobierno “que hace florecer la Primavera” presume que Oaxaca es el quinto estado más seguro, pero los números y las cruces contradicen el eslogan: solo entre marzo y mayo fueron asesinados un expresidente municipal en Santa María Ipalapa y un regidor en Santiago Niltepec, además del edil de Amoltepec.
La Sierra Sur se ha convertido en triángulo mortal para los actores políticos: 8 alcaldes, síndicos o regidores acribillados desde 2023, todos en municipios indígenas con viejos litigios de tierra.
A este paso dice nuestra reportera Police woman que este será el (des)gobierno del amor.
Entre pasillos de Palacio se cuchichea que dos altos funcionarios—uno de ellos apodado “el enamorado”—, llevan semanas midiéndose el ego. La pelea intestina ya se refleja en vacíos. Si a eso se le llama “jalonear para que florezca la Primavera”, el resultado ha sido un árbol con las raíces al aire y las ramas llenas de plomo.
Cada nuevo cadáver pone en entredicho la narrativa gubernamental y exhibe la deslealtad de quienes, por ambición o romance, descuidan la poda de violencia que prometieron eliminar. Y mientras la justicia llega —si es que llega— los viejos caciques vuelven a armarse, los activistas callan por miedo y la comunidad entierra otro presidente.
Tic, tac, tic, tac…
En la antesala de una de las decisiones más delicadas del país —la elección de una nueva ministra o ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, los hilos políticos comienzan a moverse con la discreción de una danza bien ensayada… o con la torpeza de quienes ya no temen ser sorprendidos.
Uno de los que parece haberse quitado el disfraz de neutralidad es Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien recientemente publicó en sus redes sociales una imagen que lo muestra acompañando a Hugo Aguilar Ortiz, uno de los aspirantes a ministro, en lo que parece ser una evidente actividad proselitista.
La postal no sería tan escandalosa si Adelfo hubiera solicitado licencia al cargo. Pero no hay registro de ello. Al contrario: sus actividades institucionales no se han detenido, y eso plantea una posible violación al artículo 134 constitucional y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prohíbe expresamente a servidores públicos intervenir en procesos de designación con recursos o tiempos oficiales.
¿Y quién es Hugo Aguilar Ortiz? No es un improvisado. Exmagistrado, con trayectoria en el Poder Judicial Federal, y figura cercana a ciertos círculos del morenismo más técnico, Aguilar cuenta con el respaldo de una parte del aparato. Lo interesante es que la promoción de su nombre ha sido tan sutil como evidente: eventos, fotos, y ahora, funcionarios en activo haciendo campaña digital a su favor. ¿Casualidad? Difícil.
A esto se suma otra figura clave en el tablero: Cielo Reyes Cuéllar, a quien el exgobernador José Murat Casab colocó como su asesora jurídica durante su mandato. Aunque el cargo no se llamaba formalmente “consejera jurídica”, todos en Palacio de Gobierno sabían que era ella quien afinaba las líneas de defensa y ataque legal de Murat. Hoy, reaparece como “jurista favorita” de la vieja guardia priista que ahora cabalga con la 4T.
Estimado Ciberlector, con esos antecedentes, el respaldo de Adelfo a Hugo Aguilar no parece inocente. Sobre todo, si consideramos que Regino Montes llegó al gobierno de AMLO con el aura del defensor indígena, pero con lealtades políticas construidas en los tiempos de Ulises Ruiz y luego de Gabino Cué, y tejidas con hilos finos con operadores de Murat.
La gran pregunta es:
¿Regresó Adelfo con su verdadero patrón?
¿O simplemente nunca se fue, y ahora se limita a pagar los favores?, solo son dudas…
Esperemos que publique los recibos de nómina, que muestre el oficio de licencia, porque si no, estará dejando claro que desde el gobierno se puede hacer campaña… siempre que sea para el elegido del régimen. Y eso, en un país que presume división de poderes, debería escandalizar hasta al más partidista.
¿Verdad o mentira?
Dicen los pasillos de San Lázaro que, ante la invasión de fauna nociva (roedores) en Durango, contrataron a la diputada federal — apodada sin pudor “Come Rata” — para erradicar o controlar la plaga.
¿ADIVINA QUIEN?
¿Quién será la Diputada Federal Plurinominal de Morena que de forma constante violenta a sus menores hijos?
Pista 1.- Ex diputada local del PRI.
Cuenta nuestra reportera burócrata que las relaciones entre el Gobierno del Estado y el comité NO ejecutivo del sindicato van de mal en peor. Y no es para menos: por arte de magia impusieron a nueve trabajadores, cada uno alineado a su corriente interna, pero comprometidos a obedecer al Gobierno. Problema: en estos primeros tres meses no le responden ni a quien los sentó ahí — rompiendo el récord de antidemocracia en 47 años de vida gremial.
El déjà vu del Decreto 24
La semana que termina vimos marchar a los trabajadores (o ex-trabajadores) cercenados por el Decreto 24 de aquel fatídico 12 de diciembre. El objetivo: conmemorar cinco meses sin sueldo ni sustento. La marcha saldría el lunes 12 de mayo del mismísimo edificio sindical, con la esperanza (ilusoria) de que el comité los arropase. Spoiler: no ocurrió.
Para colmo, otro bloque de revocados — el que pastorea la diputada Margarita García — les saltó a la yugular. Audios desesperados circularon a toda velocidad: la secretaria particular de “Margadita”, Consuelo Julieta Ramírez Martínez (la misma que en una conferencia de prensa en San Lázaro, denunció los despidos de 20 trabajadoras del Centro Estatal de Atención Integral a Mujeres), ordenaba abortar la marcha y, de paso, exigir en redes que se agradeciera “a la única que se ha preocupado por los trabajadores”. Así empezó la tragicomedia de revocados contra revocados.
Entre tanto, un tal Benjamín (sí, el mismo cuyo “movimiento” huele a corrupción) logró su reingreso y el de otros… a cambio de fuertes cantidades de dinero. ¿Será ese el trasfondo del enojo margaritesco? Preguntas sobran, respuestas no tantas.
Casa Rosa, Cara de Papa y las credenciales 4T
Desde la Casa Rosa de La Noria — cuartel de Juan Rosas, alias señor Cara de Papa — llegan noticias surrealistas. El hombre que un día se dijo “perseguido político de la 4T” y que vendía plazas diurnas y nocturnas (origen real del Decreto 24) ahora convoca a burócratas a afiliarse a ¡MORENA!. La estrategia es gradual: primero los más cercanos, luego los gestores que vendieron plazas (con la obligación de reclutar a sus familias y a quienes les compraron la base, aun si ya la perdieron). Risas grabadas al triple.
Se habla de un acuerdo entre Cara de Papa y dos secretarios generales de Gobierno (uno estatal y otro municipal). Él jura que sin su venia “nada camina” porque la secretaria general Juanita Carmen Zárate Rojas baila a su son. Para probarlo promete 15 000 credenciales morenistas entre los Godínez de base.
Dato que heló la sangre a medio sindicato: por segundo año consecutivo, el gobernador no se apareció en ninguno de sus actos. Así que, si de divorcios hablamos, Rosas es el cupido al revés.
La herencia de Cachorro Murat
Nadie olvida la era de Alejandro “Cachorro” Murat, cuando Rosas y su socio Germán Espinoza hicieron negocio redondo con la venta de plazas. Hoy, fieles a su costumbre, muerden la mano que les dio de comer… y la crisis sindical sigue servida.
La “generosa” oferta salarial
Por fin arrancó la negociación de salario y prestaciones. Los Godínez soñaban con el 9 % que el Gobierno ofreció al magisterio; recibieron 1 % y una pausa “hasta nuevo aviso” (o hasta que al Gobierno le convenga, je je je).
Próximas funciones
Vienen más movilizaciones: el bloque de Margarita quiere recuperar terreno y el grupo ya autodenominado “los Huérfanos” (porque ni el comité los adopta) avanza a paso lento, pero avanza.
Así que, gentil lector, compre su combo de palomitas: esto mejora cada día. Porque en el sindicalismo oaxaqueño la culpa nunca la tiene el indio… sino quien aún cree que Juan Rosas es la solución.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En Política, las camionetas se blindan, las licitaciones se maquillan y la transparencia se queda sin placas: al final, el pueblito noble y sabio termina pagando el kilometraje de la impunidad.
