De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, estudio internacional realizado en el 2005, “Todas las personas del mundo dependen de los ecosistemas de la Tierra y de los servicios que éstos proporcionan, como alimentos, agua, regulación del clima…” y por lo tanto, la degradación de los servicios de los ecosistemas causa frecuentemente un perjuicio significativo al bienestar humano. Es por eso que el estudio de los beneficios que recibimos de los ecosistemas, ha cobrado relevancia en los últimos años debido al avance de los procesos de re aprendizaje sobre la dependencia que las sociedades humanas tienen de la naturaleza; aunado a la reducción de la disponibilidad de las bondades que recibimos de ésta y que son determinantes para el bienestar humano.
Estas bondades en las últimas décadas, han sido reconocidas con el término “servicios ambientales”, definidos por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como “los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, ente otros”. Mismos que se clasifican de la siguiente forma:
• Servicios de Provisión: relacionados con aquellos que brindan recursos tangibles como la madera, alimentos, etc.
• Servicios de Regulación: aquellos necesarios para el equilibrio de procesos naturales como el clima.
• Servicios de Soporte: relativos a los procesos ecológicos básicos que aseguran el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el flujo de los demás servicios.
• Servicios Culturales: producto de percepciones individuales o colectivas, relacionados con los valores estéticos y son espacios para nuestra recreación.
Como una forma de promover la protección de los servicios ambientales y bajo el entendido de que un servicio cuenta con un costo, se cuida y protege; actualmente se ha promovido la valoración económica de éstos por parte de la sociedad, específicamente por los beneficiarios directos. De esta forma, en el mundo surgieron diversas iniciativas de pago por servicios ambientales; a través de los cuales gobiernos, empresas o individuos, transfieren recursos económicos a los pobladores de las zonas donde se generan estos beneficios. Tal es el caso de nuestro país, donde desde el año 2003, se cuenta con el programa de pago por servicios ambientales, iniciativa que en un principio incluyó a la modalidad de servicios ambientales hidrológicos, relacionados con la provisión de agua, para posteriormente ampliarse a captura de carbono y mantenimiento de la biodiversidad. En este esquema, se transfieren recursos federales, a ejidos, comunidades y particulares con la finalidad de que estas mantengan una superficie mínima de cobertura forestal, que garantice y de ser posible, mejore la generación de servicios ambientales.
Otra modalidad de valoración económica son los mecanismos locales, entre gobiernos estatales o municipales en el que mediante una cuota en los recibos de agua, se apoya la recuperación y conservación de las zonas donde se generan los servicios ambientales, como la captura de agua y en los últimos años, programas de mercado voluntario como el de la comunidad de San Juan Lachao en la Sierra Norte, que en próximas fechas recibirá el pago de un contrato de compra venta de bonos de carbono, con una ciudad norteamericana, en el marco de la reserva de Acción Climática, siendo el primer ejemplo de este tipo de iniciativas en el país, o iniciativas documentadas desde hace décadas como aquellas en las que la provisión de agua cuenca arriba, se paga con apoyos no monetarios por las comunidades beneficiarias.
La razón de que en nuestro estado el esquema de servicios ambientales ha tenido importantes experiencias, se debe a la riqueza natural presente en nuestro territorio, lo que permite la provisión de dichos beneficios con impactos locales, nacionales e internacionales, situación que se ve acompañada de una fuerte organización social de comunidades y ejidos, que realizan las actividades de conservación y mejora de la calidad de los ecosistemas.
No obstante que las ventajas son evidentes, diversas posturas advierten sobre algunos riesgos como el hecho de mercantilización de la naturaleza o que algunas sociedades altamente contaminantes, transfieran su responsabilidad ambiental a otras a costos muy inferiores en relación con los beneficios que obtienen por seguir afectando a la naturaleza en detrimento de la calidad de vida y desarrollo de las localidades rurales e indígenas. Ante estas posturas, surge la importancia de reconocer la importancia de los servicios ambientales y establecer medidas tendentes a que la sociedad en general valore estos beneficios y se comprometa con su mantenimiento y conservación, ya sea de forma económica, mediante el voluntariado u otra forma de retribución hacia los guardianes de las zonas de provisión como nuestras comunidades rurales e indígenas, a quienes les debemos esa riqueza natural de la que tan orgullosos nos sentimos.
Como diputada, mi compromiso continuará siendo la sensibilización, regulación y coordinación de esfuerzos relacionados con todas aquellas iniciativas relacionadas con el reconocimiento de la importancia de los servicios ambientales, porque #AhoraesCuando darle un justo valor y reconocimiento a los beneficios que recibimos de la naturaleza.
