#JaimeGUERRERO
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes en la Cámara de Diputados una solicitud formal de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y anunció que llevará el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, encabezó la presentación junto al coordinador del grupo parlamentario panista, Elías Lixa Abimerhi, y legisladores de distintas regiones del país.
Romero Herrera acusó al gobierno federal de aplicar un doble estándar: proteger y encubrir a funcionarios de Morena ante señalamientos de corrupción, mientras sentencia a la oposición sin pruebas.
“Si eres oficialista, si eres de Morena, puedes tener la evidencia en la cara y desde el gobierno lo niegas. Pero si eres de la oposición, puede que no haya ni el más mínimo suspiro de sustento y sentencias”, afirmó Romero Herrera.
El dirigente panista anunció tres acciones simultáneas: la denuncia ante la CPI por delitos de lesa humanidad, la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa —que se presentará el próximo miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión— y el juicio político cuya solicitud fue entregada este día.
Por su parte, Lixa Abimerhi fundamentó la acción en los artículos 109 y 110 de la Constitución, que facultan a los ciudadanos a exigir la sanción de funcionarios públicos por violaciones graves a la ley fundamental.
El legislador sostuvo que Rocha Moya permitió la intervención del crimen organizado en la vida pública de Sinaloa desde las elecciones de 2021, cuando —según el PAN— ganó la gubernatura con apoyo de grupos criminales.
“Desde las elecciones pactaron entregar el Estado y sustituir la voluntad popular por la voluntad de los criminales”, señaló Lixa Abimerhi.
Agregó que el gobernador incumplió el deber de preservar la seguridad pública establecido en el artículo 21 constitucional, y que permitió el uso de recursos públicos para facilitar actividades ilícitas.
El coordinador parlamentario planteó dos objetivos concretos: la separación definitiva de Rocha Moya del cargo, a fin de eliminar cualquier protección constitucional que pudiera obstaculizar su eventual detención, y la inhabilitación como sanción máxima que sirva de precedente para funcionarios que se coludancon el crimen organizado.
“Cuando la carpeta de investigación esté integrada, no puede existir impedimento para detener a Rubén Rocha Moya”, declaró Lixa Abimerhi, al tiempo que rechazó que el único camino para juzgarlo sea la extradición a Estados Unidos.
Romero Herrera anticipó que vendrán más denuncias y reiteró que el PAN agotará todos los recursos legales disponibles para evitar la impunidad. “No hay peor traición que la asociación entre gobernantes y crimen organizado”, concluyó.
