El abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguró que la institución ya había trabajado con la empresa responsable de la plataforma durante el proceso de admisión a bachillerato de 2025 y sostuvo que era la única con capacidad operativa para realizar una evaluación masiva.La controversia en torno al examen de admisión a bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa, luego de la decisión de cancelar la prueba virtual y ante la posibilidad de que los aspirantes afectados recurran a la vía legal para defender su derecho a participar en el proceso de ingreso.
En medio de los cuestionamientos, el abogado de la UNAM explicó que la universidad ya había trabajado con la empresa encargada de la plataforma utilizada para aplicar el examen de admisión a bachillerato durante 2025, por lo que no se trataba de una compañía desconocida para la institución.
El representante jurídico sostuvo además que, al momento de organizar el proceso de admisión, dicha empresa contaba con la única plataforma operativa que permitía llevar a cabo una evaluación de manera masiva, una de las razones por las que se recurrió a sus servicios.
Sin embargo, la implementación del examen en línea terminó generando una fuerte polémica después de que la UNAM detectara irregularidades que llevaron a cuestionar la confiabilidad del proceso y, finalmente, a cancelar la prueba.
La decisión abrió un nuevo escenario para miles de aspirantes que esperaban obtener un lugar en los planteles de bachillerato de la máxima casa de estudios, quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre la forma en que continuará el proceso de selección.
A esta situación se suma la posibilidad de que comiencen a presentarse amparos contra la cancelación del examen, una medida que podría llevar el conflicto a los tribunales y obligar a las autoridades universitarias a responder jurídicamente ante los reclamos de los estudiantes.
El abogado de la UNAM señaló que la universidad está a la espera de los primeros recursos legales que pudieran promover los aspirantes inconformes. En caso de que estos sean presentados, corresponderá a las autoridades judiciales analizar los argumentos de los estudiantes y determinar si existen elementos para conceder alguna medida de protección.
La controversia también ha puesto bajo la lupa el proceso mediante el cual la UNAM seleccionó a la empresa encargada de operar la plataforma, así como los mecanismos de supervisión y seguridad utilizados para garantizar que un examen de admisión de esta magnitud pudiera realizarse de manera confiable.
El caso no solo representa un problema técnico o administrativo: para los aspirantes, la cancelación de la prueba significa retrasar un proceso que puede definir su ingreso a la educación media superior.
Mientras avanzan las posibles acciones legales, la UNAM deberá explicar con mayor claridad qué falló, por qué la plataforma fue considerada apta para realizar el examen y qué medidas se implementarán para garantizar que el nuevo proceso de admisión sea seguro, transparente y confiable.
La polémica permanece abierta y podría intensificarse conforme comiencen a llegar los primeros amparos de aspirantes que busquen impugnar la decisión de cancelar el examen virtual.
