El exgobernador de Guerrero enfrenta acusaciones por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia; su defensa podría solicitar la duplicidad del término para revisar las pruebas en su contra.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pasó su primera noche recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a la espera de su audiencia inicial por delitos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El exmandatario estatal es señalado por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, relacionados con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando estudiantes normalistas fueron atacados mientras viajaban en autobuses, dejando también víctimas mortales.
Aunque hasta el momento la audiencia de Aguirre Rivero no aparece formalmente en la agenda pública de este viernes, se prevé que se lleve a cabo alrededor de las 10:00 horas.
Durante la diligencia, la defensa del exgobernador podría solicitar la duplicidad del término constitucional, con el objetivo de contar con más tiempo para analizar el expediente y las pruebas presentadas por la fiscalía general de la República (FGR).
Entre los elementos que pesan contra el exmandatario se encuentra el testimonio de un colaborador que, casi 12 años después de la desaparición de los normalistas, habría revelado ante la FGR que sí existían videograbaciones de lo ocurrido aquella noche y que posteriormente fueron sustraídas.
De acuerdo con la investigación, dichas grabaciones habrían sido entregadas a Ángel Aguirre, quien presuntamente habría ordenado o participado en su destrucción, una acusación que ahora deberá ser analizada por un juez.
La detención del exgobernador fue confirmada por la FGR la tarde del jueves, marcando un nuevo capítulo en una investigación que, a casi 12 años de los hechos, continúa buscando esclarecer qué ocurrió con los 43 estudiantes y determinar las responsabilidades de quienes pudieron intervenir en la desaparición o destrucción de evidencias.
Por la gravedad de los delitos que se le imputan y su relación con uno de los casos de mayor impacto en México, Aguirre Rivero enfrenta un proceso que podría mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación, aunque será el juez quien determine su situación jurídica.
