Los tatuados: Isidoro Yescas

El robo con violencia perpetrado por dos hampones, uno de ellos tatuado en diversas partes del cuerpo,  en contra de dos jóvenes estudiantes del CBTIS 26 en la colonia La Cascada,  ha reabierto  el debate en torno a la inseguridad pública que prácticamente se ha generalizado no solamente en  la ciudad de Oaxaca sino en la mayor parte de los municipios urbanos de la entidad.

Del tema ya nos hemos ocupado en otras entregas, pero ahora queremos llamar la atención sobre un fenómeno que a fuerza de no recibir  la atención suficiente y necesaria por parte de  los gobiernos estatal y municipales se ha incrementado a niveles nunca antes visto a tal grado que ahora es la propia ciudadanía la que se muestra proactiva para organizarse y combatirla.

Las mantas y lonas colocadas en colonias y fraccionamientos, e inclusive en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca,revelan, por un lado, que el crecimiento de la delincuencia es directamente proporcional al bajo nivel de reacción y hasta pasividad de los cuerpos policíacos y que frente a este pasmo y negligencia  institucional lo que queda es la organización de la propia sociedad.

Ya desde fines del año pasado se supo de los airados reclamos ciudadanos para que el gobierno municipal priísta procediera por todos los medios a su alcance para frenar la ola delictiva presente ya no solamente en las colonias populares sino también en las colonias clasemedieras y zonas residenciales, pero poco se hizo para responder afirmativamente.

Hoy, con el asalto a las dos estudiantes del CBTIS, viralizado en redes sociales, factor que  finalmente obligó a las autoridades policíacas y judiciales a intervenir, la ciudadanía ha dado otro paso al anunciarse la creación de un frente de padres de familia y directivos de planteles escolares de nivel medio superior para resguardar el patrimonio de sus escuelas y procurar la seguridad de la población estudiantil.

Pero tal vez habría que dar un paso más para llamar al congreso local  a revisar y actualizar  leyes y procedimientos establecidos a nivel constitucional y legal para castigar con mayor rigor los delitos del fuero común; pero está visto que también hace falta exigir mayor responsabilidad y coordinación institucional a los gobiernos estatal y municipales.

Por ejemplo, de  poco sirve que en un intento por cambiar la imagen de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca su titular, Rubén Vasconcelos,  se empeñe en publicitar que la institución que dirige es de las “más eficaces, capaces y confiables” a nivel nacional, cuando otra institución del ramo como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revela que desde el sexenio pasado se han dejado de ejercer recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y capacitar a las policías de Oaxaca: en lo que ve del sexenio de Alejandro Murat los montos de lo no ejercido suman poco más de 76 millones: 5.6 millones en el 2017 y 70.8 millones en el 2018 ( El Universal Oaxaca, enero 23 del 2019). O cuando se informa que solamente en lo que va de este año se han cometido una decena de feminicidios pese a la alerta de género.

Encarcelar a tatuados y no tatuados, combatir a fondo a quienes infringen la ley, aplicar a fondo el protocolo de  la alerta de género para reducir los feminicidios y esclarecer los múltiples y crecientes   homicidios dolosos que van a la alza en la entidad: estas  y otras tareas propias de las autoridades judiciales y policíacas del gobierno del estado y los gobiernos municipales tendrían mayor eficacia y resultados tangibles si se aprende a escuchar y atender a los ciudadanos y se trabaja para la sociedad.

Ellos , las instituciones y sus autoridades, están obligados a responder ya a un reclamo generalizado de los oaxaqueños: combatir la delincuencia y devolvernos paz y seguridad.

@YescasIsidoro

Enero 24 del 2019.

El robo con violencia perpetrado por dos hampones, uno de ellos tatuado en diversas partes del cuerpo,  en contra de dos jóvenes estudiantes del CBTIS 26 en la colonia La Cascada,  ha reabierto  el debate en torno a la inseguridad pública que prácticamente se ha generalizado no solamente en  la ciudad de Oaxaca sino en la mayor parte de los municipios urbanos de la entidad.

Del tema ya nos hemos ocupado en otras entregas, pero ahora queremos llamar la atención sobre un fenómeno que a fuerza de no recibir  la atención suficiente y necesaria por parte de  los gobiernos estatal y municipales se ha incrementado a niveles nunca antes visto a tal grado que ahora es la propia ciudadanía la que se muestra proactiva para organizarse y combatirla.

Las mantas y lonas colocadas en colonias y fraccionamientos, e inclusive en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca,revelan, por un lado, que el crecimiento de la delincuencia es directamente proporcional al bajo nivel de reacción y hasta pasividad de los cuerpos policíacos y que frente a este pasmo y negligencia  institucional lo que queda es la organización de la propia sociedad.

Ya desde fines del año pasado se supo de los airados reclamos ciudadanos para que el gobierno municipal priísta procediera por todos los medios a su alcance para frenar la ola delictiva presente ya no solamente en las colonias populares sino también en las colonias clasemedieras y zonas residenciales, pero poco se hizo para responder afirmativamente.

Hoy, con el asalto a las dos estudiantes del CBTIS, viralizado en redes sociales, factor que  finalmente obligó a las autoridades policíacas y judiciales a intervenir, la ciudadanía ha dado otro paso al anunciarse la creación de un frente de padres de familia y directivos de planteles escolares de nivel medio superior para resguardar el patrimonio de sus escuelas y procurar la seguridad de la población estudiantil.

Pero tal vez habría que dar un paso más para llamar al congreso local  a revisar y actualizar  leyes y procedimientos establecidos a nivel constitucional y legal para castigar con mayor rigor los delitos del fuero común; pero está visto que también hace falta exigir mayor responsabilidad y coordinación institucional a los gobiernos estatal y municipales.

Por ejemplo, de  poco sirve que en un intento por cambiar la imagen de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca su titular, Rubén Vasconcelos,  se empeñe en publicitar que la institución que dirige es de las “más eficaces, capaces y confiables” a nivel nacional, cuando otra institución del ramo como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revela que desde el sexenio pasado se han dejado de ejercer recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y capacitar a las policías de Oaxaca: en lo que ve del sexenio de Alejandro Murat los montos de lo no ejercido suman poco más de 76 millones: 5.6 millones en el 2017 y 70.8 millones en el 2018 ( El Universal Oaxaca, enero 23 del 2019). O cuando se informa que solamente en lo que va de este año se han cometido una decena de feminicidios pese a la alerta de género.

Encarcelar a tatuados y no tatuados, combatir a fondo a quienes infringen la ley, aplicar a fondo el protocolo de  la alerta de género para reducir los feminicidios y esclarecer los múltiples y crecientes   homicidios dolosos que van a la alza en la entidad: estas  y otras tareas propias de las autoridades judiciales y policíacas del gobierno del estado y los gobiernos municipales tendrían mayor eficacia y resultados tangibles si se aprende a escuchar y atender a los ciudadanos y se trabaja para la sociedad.

Ellos , las instituciones y sus autoridades, están obligados a responder ya a un reclamo generalizado de los oaxaqueños: combatir la delincuencia y devolvernos paz y seguridad.

@YescasIsidoro

Enero 24 del 2019.

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