#JaimeGUERRERO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría de seis votos contra tres, que el delito de peculado no puede perseguirse de manera indefinida, al invalidar el artículo del Código Penal de Colima que lo declaraba imprescriptible.
El fallo, emitido el 8 de abril al resolver el Amparo en Revisión 422/2025, fija que el desvío de recursos públicos tiene fecha de caducidad legal, con plazos que van de ocho a dieciséis años dependiendo del monto y las circunstancias del caso.
La resolución surgió de un amparo promovido por la exalcaldesa panista de Villa de Álvarez, Colima, Yulenny Cortés León, y su extesorera, María de los Ángeles Sosa Chávez, procesadas por el presunto desvío de 25 millones de pesos entre 2017 y 2018, recursos que debían destinarse al pago de prestaciones laborales de empleados municipales.
El Pleno validó la existencia del delito como tal, al considerar que está descrito con precisión en la ley, pero anuló la porción normativa que impedía que el tiempo borrara la posibilidad de castigarlo.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía planteó que ningún gobernado puede permanecer indefinidamente bajo la incertidumbre de un proceso penal solo porque el Estado fue incapaz de investigar a tiempo.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció que las conductas de corrupción en el país se han multiplicado de forma exacerbada, pero coincidió en que ni siquiera ese diagnóstico justifica eliminar los límites temporales para perseguir el delito.
El bloque que perdió la votación ofreció una lectura distinta.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que la imprescriptibilidad, en el derecho internacional, está reservada para crímenes de extrema gravedad como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, y que trasladar ese umbral de manera automática a la legislación local despoja a los congresos estatales de su facultad para diseñar su propia política criminal contra la corrupción.
La ministra Lenia Batres Guadarrama coincidió en el sentido del voto, aunque por una razón distinta a la mayoría: advirtió que tipificar la corrupción sin límite de tiempo puede prestarse a venganzas políticas en un sistema con alternancia en el poder, un riesgo que, dijo, no es excepcional sino frecuente en México.
La ministra María Estela Ríos González rconoció la gravedad de que dos exfuncionarias hayan dispuesto de recursos destinados a salarios de trabajadores, un derecho constitucional, pero también planteó la dificultad de equilibrar ese reclamo de justicia con el riesgo de que el delito se use como herramienta de persecución política, fenómeno que, dijo, también ocurre en el país.
El caso más citado de presunto peculado es el del senador Adán Augusto López Hernández, excoordinador de la bancada de Morena, contra quien existen 37 denuncias penales presentadas ante la FGR por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión como gobernador de Tabasco, entre 2019 y 2021, por un quebranto estimado en 700 millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas hace varios meses y, hasta ahora, la Fiscalía no ha informado si abrirá carpetas de investigación.
El criterio de la Corte no define un plazo único para todos los casos de peculado, sino que remite a las reglas generales del Código Penal Federal.
La prescripción corre por un periodo equivalente al término medio aritmético de la pena aplicable, nunca menor a tres años, y se duplica cuando se trata de peculado doloso, hasta llegar a dieciséis años, o se amplía a doce años si ya existía una investigación abierta al momento de cometerse el delito.
El plazo también se duplica si la persona se encuentra fuera del país y esa ausencia impide la investigación.
Mientras un bloque en la corte defendió la seguridad jurídica como principio que protege a cualquier ciudadano de procesos eternos, otro bloque advirtió que esa misma protección puede convertirse en un escudo para funcionarios que cuentan con el tiempo, y con la inacción de las fiscalías, como su mejor aliado.
El criterio fijado por el Pleno aplica ahora como referencia para todo el país, en momentos en que el combate a la corrupción y la rendición de cuentas de exfuncionarios siguen siendo uno de los reclamos más persistentes de la sociedad mexicana.
