Congreso no autorizó venta de inmueble del Gobierno de Oaxaca. Fiscalía Anticorrupción lo recupera por venta ilegal; era utilizado como Airbnb

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Jaime GUERRERO

 

Luego de la denuncia presentada por el Gobierno del Estado -la Beneficencia Pública y la Consejería Jurídica-, agentes del ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca ejercitaron acción penal por el delito de uso ilícito de atribuciones y realizaron el aseguramiento judicial de de un inmueble de administración estatal, ubicado en Avenida Independencia número 1304 del Centro Histórico de Oaxaca.

 

No obstante, dicha compra-venta resultó ser ilícita, toda vez que el avaluó fue menor al real y no se contó con la autorización del Congreso del

Estado, por tanto, la venta fue simulada.

 

Ese inmueble estaba ilegalmente en manos de un particular que se prestó a la simulación de una venta con una ex funcionaria y cuyo caso ya procesa la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca.

 

Y es que, derivado de un traslado de dominio (compra-venta) simulada denunciado por la administración del Gobernador, Salomón Jara Cruz,

agentes del ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción, ejercitaron acción penal por el delito de uso ilícito de atribuciones y realizaron el aseguramiento judicial del inmueble ubicado en Avenida Independencia número 1304, ubicado en el centro histórico, el pasado miércoles 21 de febrero 2024.

 

De acuerdo a los hechos que, se plasman en la indagatoria, en marzo del año 2022, la pasada administración de la Beneficencia Pública, realizó la presunta venta del bien inmueble, ubicado en Avenida Independencia número 1304, a un particular, el cual supuestamente pagó la cantidad de 1 millón 200 mil pesos, a partir de la convocatoria número APBP-0002-03/2022 de fecha 19 de marzo del año 2022.

 

El inmueble fue remodelado y vendido a un particular de manera ilegal por un millón 200 mil pesos. Tras la remodelación, el edificio era rentado para hospedaje, bajo la plataforma Airbnb.

 

Sin embargo, dicha compra-venta resultó ser ilícita, toda vez que el avaluó fue menor al real y no se contó con la autorización del Congreso del

Estado, por tanto, la venta en sí fue simulada.