Transparencia y ética, sin política, la oferta joven para la Sedatu, según Román Meyer

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De confirmarse su encomienda en el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el joven arquitecto Román Meyer Falcón sucederá a Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya gestión se caracterizó por desvíos multimillonarios y actos de corrupción.

Tan solo en la revisión de los primeros 16 meses de Robles en la dependencia -de agosto de 2015 a finales de 2016-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos por mil 747 millones de pesos mediante esquemas de “simulación de servicios”, mejor conocidos como “Estafa Maestra”, así como el mal uso de mil 792 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Vivienda (Proceso 2156).

Cuestionado sobre qué hará para sanear a la Sedatu, Meyer Falcón se compromete a transparentar “por completo” los recursos y los convenios con universidades estatales -que fueron utilizadas para desaparecer miles de millones de pesos-, y asevera que su equipo revisará con atención la gestión de Robles en 2018 para “deslindarse de cualquier programa o gasto de recursos públicos mal habidos”.

Deslindarse, pero ¿investigará y denunciará?, se le cuestiona. “Tenemos que analizar el proceso de entrega-recepción de la Secretaría. La denuncia la llevan la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control”, dice prudente.

En entrevista con Apro, el arquitecto -hijo del sociólogo Lorenzo Meyer- insiste en que el futuro gobierno dejará atrás las estrategias asistencialistas y clientelares del desarrollo social.

Por el contrario, promete una política de buenas intenciones, basada en principios como la “eficiencia”, la “ética” y la “moral” -pero sin propuestas totalmente aterrizadas todavía-, y asegura que no se le verá repartiendo subsidios y programas en eventos masivos, como lo hizo Rosario Robles.

“No solo en la Sedatu, sino sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los programas fueron diseñados en un esquema clientelar y nosotros tenemos que transitar de esta visión muy apegada al asistencialismo, a la captura de una población que requiere de estos programas, a una política en la que se van desarrollando economías sociales y participativas a nivel local”, dice. Pero advierte: “Desprenderse del enfoque asistencialista no puede ser inmediato, tiene de darse de forma gradual”.

-¿Cuánto tiempo se tardarán en abandonar el asistencialismo?

-Aquí es un tema que corresponde a María Luisa Albores (quien fue anunciada como futura titular de la Sedesol)”, elude.

“López Obrador me invitó”

A sus 34 años, Román Meyer es el segundo integrante más joven del futuro gabinete de López Obrador: Luisa María Alcalde Luján, anunciada para encabezar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es cuatro años menor que él.

Dice que el propio exjefe de gobierno lo invitó a formar parte de su equipo, pero precisa que esa decisión no tuvo nada qué ver con la amistad entre su padre y el líder de Morena. “Ellos no se han visto en muchísimo tiempo (…) no hay ninguna vinculación”, sostiene. Asevera que su edad, más que un problema, ofrece “una visión joven, que no trae vicios”.

El arquitecto capitalino, especializado en temas de espacio público con un enfoque a la prevención del delito, tendría a su cargo la dependencia encargada la política territorial y la vivienda social de México.

Ello abarca la resolución de los conflictos agrarios y disputas ejidales, las labores de reconstrucción en el marco del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y la gestión del Fondo Minero, entre otros. El presupuesto de la dependencia para 2018 fue de 16 mil 766 millones de pesos.

-Hay muchos cacicazgos locales en el país que se construyeron con base en el desvío de la política social y con los que tendrá que lidiar. ¿Qué hará al respecto?

-Es un tema complicado. Tenemos que analizar caso por caso. Pero, a grandes rasgos, tenemos que hacer que los programas lleguen de forma más directa al individuo.

“No podemos dejar que los caciques sean quienes administren los recursos y las políticas federales (…) partiendo de la realidad operativa en el terreno, evitaremos este proceso administrativo en el que los recursos bajan al presidente municipal y al cacique, y que al final le quede una gota al individuo”, sigue.

Igual que en las demás secretarías que otorgan subsidios y manejan programas sociales -la Sedesol y la Sagarpa, entre otros-, Rosario Robles colocó a personajes con perfiles de operadores políticos priistas en las delegaciones estatales de la Sedatu, encargadas de la aplicación de los programas sociales.

“Técnicos y éticos, no políticos”

Meyer Falcón promete que en su gestión al frente de la dependencia no habrá delegados con perfiles políticos “ni en los estados que gane Morena, ni en los demás”. Agrega que pretende fomentar el servicio profesional de carrera –en acuerdo con los sindicatos– para que los funcionarios de la secretaría cumplan con un perfil “técnico y ético”.

La Secretaría, afirma, “debería hacer la planeación territorial no tiene los cuerpos técnicos para hacerlos”. Y trata de hacer un símil: “es como una Secretaría de Salud que no tuviera médicos. Es un proceso a largo plazo, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la población de la Secretaría sea de cuerpos técnicos que sepan hacer planeación y no tengamos que depender, como se ha hecho históricamente, de las subcontrataciones a empresas que hagan la planeación”.

En el caso del Fondo Minero, que durante la gestión de Robles fue operado de manera opaca, Meyer asevera que “no se ha utilizado de forma adecuada”, pues el fondo “recibe una fracción de dinero muy por debajo de lo que debería”. Además, dice, se gastó en proyectos que no se reflejaron en el bienestar de la población aledaña.

“No puede seguir operando como hoy en día se está operando el tema minero. Creo que hay una minería que es adecuada, pero otra minería, a cielo abierto, en zonas ambientales, nos lleva a pararnos y replantearnos: ¿Ése es el modelo de desarrollo que queremos?”, se pregunta y añade: “En la parte minera hay un gran rezago educativo, problemas de salud severos, relacionados con las propias actividades extractivas en la zona, grandes índices de pobreza”.

Lo mismo ocurre con los recursos para la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos de septiembre pasado, y que la Sedatu –entre otras dependencias– operó a través del Fonden.

“Partimos del hecho de que en este proceso de transición vamos a encontrar grandes huecos de información sobre cómo se han utilizado los recursos del Fonden en Oaxaca, por ejemplo (…) además ha sido muy clara la corrupción en el proceso. El tema de las tarjetas de Bansefi es el más evidente de los casos”, declara.

El pasado viernes 6, el periódico Reforma reveló que la Sedatu vendió a un hombre un predio de 262 hectáreas ubicado en la carretera Cancún-Tulum por apenas 61 millones de pesos, cuando su precio real se evaluó en mil 140 millones de pesos, es decir, 20 veces más. El hombre, a su vez, revendió el terreno de inmediato a una empresa inmobiliaria por un monto desconocido.

-Cambiar la manera de funcionar de la Sedatu podría molestar a intereses poderosos, como empresas inmobiliarias o mineras, que tienen colmillo político e influencias. ¿Está listo para enfrentarlas?

-Entiendo la pregunta, pero es la cuestión de todo un Estado, no de un individuo. No se trata de decir ‘Román se va a enfrentar contra las mineras’. Es un lineamiento de política nacional (…) tienen que entender que hay ciertas cosas en las que Estado ya no está dispuesto en incurrir.

“Hay unos desarrolladores que han manchado el nombre de todos, pero no los podemos encasillar a todos por malos. La gran mayoría está de acuerdo con nosotros porque ya no le salen las cuentas: el porcentaje que tienen que captar de corrupción los está tronando y ya no les conviene”, sostiene.

Fuente: proceso.com