Diana Mendez
Tras detectar que elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza presuntamente colaboraban con la delincuencia organizada, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) puso en marcha la Operación Sable, que derivó en la intervención directa de fuerzas federales y estatales en ese municipio del Istmo.
De acuerdo con el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, la intervención se centró en el C2 municipal y la propia Policía Municipal, luego de que trabajos de inteligencia revelaran que algunos de sus elementos habrían sido utilizados en actividades ilícitas.
Como resultado, los 218 policías municipales fueron retirados temporalmente de sus funciones y serán sometidos a evaluaciones de control y confianza, a cargo del Centro de Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Este proceso durará tres meses, periodo durante el cual la seguridad de Juchitán estará a cargo de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional.
Durante este tiempo, el mando de seguridad será encabezado por un comandante de la Policía Estatal, en un esquema coordinado con la Mesa de Seguridad Estatal. También se estableció que el C2 y C4 de Juchitán operarán bajo control de la SSPC, para garantizar supervisión permanente y respuesta inmediata ante cualquier emergencia.
Como parte de la intervención, la Fiscalía aseguró la armería de la Policía Municipal, tras detectar irregularidades en el armamento y en el permiso colectivo de portación. Las armas quedaron bajo resguardo de la Policía Estatal mientras se realiza su verificación.
Además, en una segunda etapa del operativo, se implementarán acciones de seguridad en la periferia de Juchitán y se llevará a cabo un reordenamiento del transporte público, con revisión a taxis, mototaxis y unidades del servicio urbano y suburbano, como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana y atender las causas estructurales de la violencia.
Las autoridades estatales recalcaron que este operativo responde a una demanda ciudadana de mayor seguridad y representa un esfuerzo interinstitucional para restablecer el orden, garantizar la paz y fortalecer el Estado de derecho en la región.
