* Los priistas en el poder de Morena como Rubén Rocha Moya dinamitan a la 4T. A su obligada y necesaria licencia como gobernador de Sinaloa seguirá su “suicidio” para callarlo o su extradición.
* Los abogados del senador morenista Enrique Inzunza estarían buscando convertirlo en testigo protegido en Estados Unidos en el caso contra Rocha Moya, según una fuente del gobierno de EU.
Estalló políticamente la tormenta perfecta en México. Gobernantes y políticos acusados en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico estiraron demasiado la liga y la rompieron.
El mundo cambió con la política de seguridad nacional contra el narcoterrorismo y las dictaduras comunistas del presidente de EU, Donald Trump, y cambiaron los países de América Latina.
Por el efecto multiplicador de la política estadunidense, al mismo tiempo, cambiaron las cosas en México y Oaxaca. La correlación de fuerzas políticas cambió hacia las elecciones de 2027 y 2030.
El gobernador Salomon Jara y la presidenta Claudia Sheinbaum deben reforzar la seguridad en Oaxaca. La Marina aseguró más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.
Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos. No se descarta que la cocaína se distribuya en los municipios del Istmo de Tehuantepec.
La cúpula de la 4T no entendió el mensaje del presidente Trump de que a la cancelación de visas seguiría su judicialización en la Corte, congelamiento de cuentas bancarias y extradiciones.
La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EU pidió información financiera de políticos y dirigentes de Morena, algunos bancos en México cancelan cuentas a varios de ellos.
Presuntamente cancelaron cuentas de Ricardo Monreal, Rubén Rocha Moya y de Pedro Haces y seguirían Mario Delgado, Adán López, Horacio Duarte, Andy López Beltrán, entre otros políticos.
Los bancos en México no quieren un episodio como el de CiBanco o Vector. Los políticos de Morena buscan abrir cuentas en el Banco del Bienestar y sacar su dinero a paraísos bancarios.
Trump sigue reveló el primer paquete de 10 imputados en la Corte Sur de Nueva York, que conoció de El Chapo y del narcoterrorismo del dictador venezolano Maduro y su esposa Cilia.
Los priistas en Morena como Rubén Rocha sustituido por Yeraldine Bonilla dinamitan a la 4T. A su obligada licencia como gobernador de Sinaloa seguirá su “suicidio” para callarlo o su extradición.
Los abogados del senador morenista Enrique Inzunza estarían buscando convertirlo en testigo protegido en Estados Unidos en el caso contra Rocha Moya, según una fuente del gobierno de EU.
En respuesta a la traición de gobernantes y políticos a los capos de los cárteles del narcotráfico mexicano en venganza estos han revelado de manera amplia y detallada la complicidad de ambos.
El gran poder corruptor del narco corrompió al Estado y gobierno mexicano. Rompieron el Código de Honor y la Ley de la Omertá. Equivocadamente, creyeron que tenían garantizada la lealtad.
Las amplias redes de complicidad fincadas en la escandalosa corrupción de gobernantes y políticos a cambio de total impunidad de los capos pudrió a México por su ambición sin llenadera.
Enloquecidos por la soberbia, la clase política olvidó que los capos del narcotráfico jamás perdonan ni olvidan las traiciones porque está en juego su supervivencia como poder de facto.
Políticos y capos olvidaron que las agencias de seguridad de Estados Unidos tampoco perdonan las traiciones ni menos que asesinen a sus agentes, lo que provoca graves crisis internacionales.
El secuestro, tortura y asesinato en Guadalajara, en febrero de 1985, de “Kiki” Camarena, agente de la DEA, abrió las puertas del infierno del narco en México para capturar a los responsables.
El crimen fue orquestado por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix por la destrucción del Rancho El Búfalo como ahora con el megalaboratorio en la sierra de Chihuahua.
Durante años se han señalado complicidades de altos funcionarios mexicanos en el crimen como el general secretario de la Defensa, Juan Arévalo y el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.
En 2025, 40 años después de la ejecución de Enrique “Kiki” Camarena se confirmó la extradición de Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara a Estados Unidos para enfrentar cargos.
Resurge así el involucramiento del ex secretario de Gobernación en ese momento, Manuel Bartlett Díaz, en la ejecucion de “Kiki” y, por otro lado, el caso del general Salvador Cienfuegos.
Tras cuatro décadas, 41 años, Juan Valenzuela Millán “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán, secuestró a Alexander Meza León, informante de la DEA, y a su familia.
“Los Chapitos” pagaban mensualmente a él y a más de 40 policías. Su trabajo era mover fentanilo, “acceso total” a información de inteligencia, vigilar y secuestrar a enemigos de hijos de “El Chapo”.
La ejecución del colaborador de la DEA por sicarios de Los Chapitos involucra al gobernador Rubén Rocha, y al general Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
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