Participación ciudadana y combate a la corrupción: Adán Córdova*

En la exposición de motivos de una de las iniciativas** de reforma analizadas para la creación del Sistema Nacional anticorrupción se tomó como premisa la definición del  Banco Mundial de la participación ciudadana, como “un proceso a través del cual los actores influyen y participan del control sobre el desarrollo de iniciativas y las decisiones y los recursos que los afectan a ella”; refiriéndose al espacio constituido por los ciudadanos a fin de trabajar cerca de sus autoridades en la formulación del proceso de toma de decisiones en el proceso de la gestión pública.

Con la reforma constitucional de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción a nivel federal se creó una figura jurídica denominada Comité de Participación Ciudadana; con esta figura, el factor de la “participación ciudadana” fue integrado al diseño de lo que sería el Sistema Nacional Anticorrupción, y sus homólogos locales.

El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca está integrado por  la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Administrativo, así como del Comité de Participación Ciudadana, todos ellos integrantes también del Comité Coordinador del Sistema.

En ese sentido le corresponde al Comité de Participación Ciudadana como principal objetivo el coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema;  y las atribuciones básicas como:

  • Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil, para establecer una red de participación ciudadana;
  • Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos;
  • Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano Superior de Fiscalización.

Con este marco, se reconoce la importancia de la participación ciudadana – organizada y coordinada – para el combate a la corrupción en coadyuvancia con las instituciones, se asienta el binomio de la buena gobernanza, sociedad e instituciones; resaltando además que el sistema no lo hace una oficina, una institución o un titular sino la coodinación de las instituciones, el comité y la participación ciudadana para prevenir, combatir y sancionar la corrupción.

La ciudadanía desempeña un papel esencial para las instituciones públicas no sólo en la evaluación o la exigencia de resultados si no también por el interés de sus funciones, en la toma de decisiones, en el “uso público” que se haga de la institución, mediante el análisis  de la información que genera, el manejo de sus recursos, la conducta de sus integrantes, y la denuncia de faltas administrativas o hechos de corrupción.

Es posible alcanzar el ideario de que a través de la participación ciudadana las instituciones públicas sean más transparentes, responsables y efectivas, pero ello, no será una realidad sino nos involucramos y pasamos del interés virtual a una manifestación material.

 (*) El autor es Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca.

Correo Electrónico:

adancordovatrujillo@gmail.com

Twitter:

@adancordovat

Facebook:

Adán Córdova

  • **El documento de la iniciativa puede ser consultado en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Corrupcion/Iniciativa_PAN.pdf

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