La renovación del Congreso Federal supone uno de los momentos más relevantes de la vida política de México. En las elecciones por venir, calificadas como la mayor elección de la historia por la suma de procesos concurrentes, la integración de la Cámara de Diputados es el centro de atención por todo lo que representa para la vida política de México. En el Palacio Legislativo de San Lázaro reside la soberanía popular y el contrapeso necesario a las funciones del Poder Ejecutivo. Bajo la división de poderes que ha sido una premisa de los últimos siglos a nivel internacional, el Estado se basa en un esquema de contrapesos en el que ningún poder logra imponerse a otro porque tienen competencias distintas. En esta triada, el Ejecutivo debe cumplir las leyes; el Legislativo tiene a cargo crearlas y reformarlas, y el Judicial la impartición de justicia. El poder que asume funciones que no le corresponden incurre en una falta contra la democracia. Deberíamos saberlo a estas alturas.
Como lo señala la organización internacional World Justice Project: “Los contrapesos, o límites al ejercicio del poder gubernamental, son necesarios para fortalecer el Estado de Derecho. Estos pueden ser visibles de diversas maneras, como las investigaciones periodísticas que revelan casos de corrupción o las sanciones impuestas por un juez a un gobernador cuando no respeta la constitución, por ejemplo. Estos controles son esenciales para prevenir el abuso del poder, y sancionar a los gobernantes cuando quebrantan la ley. También, fomentan la rendición de cuentas de nuestros representantes, es decir, que cumplan con la obligación de dar información sobre sus decisiones y las justifiquen públicamente. Esta supervisión favorece la eficiencia de los servicios públicos e incrementa la confianza en el gobierno, además que promueve la atención de las necesidades de los ciudadanos”. Ante el peso de este argumento, no podemos sino suscribir que se fortalezcan los contrapesos institucionales, más si se trata del proyecto de país que queremos tener en las próximas décadas.
Hoy arrancan las campañas en 300 distritos electorales federales, lo que supone una elección intermedia determinante para cambiar la correlación de fuerzas en San Lázaro. En cada estado del país se define el futuro de la representación política de la ciudadanía y esto no es un tema menor. Si bien también estarán en juego 15 gubernaturas, entre ellas de algunos estados clave en el mapa nacional como Nuevo León, lo definitivo para el país es la nueva integración del Congreso Federal. Por supuesto que una elección influye en las otras, son procesos que se retroalimentan, pero lo fundamental pasa por la renovación del que por definición es un parlamento, donde se deben discutir las leyes fundamentales para el desarrollo del país, pero también se debe llamar a cuentas a los responsables de ejecutar los programas públicos.
El contundente triunfo del presidente López Obrador en las urnas en 2018 cambió por completo la correlación de fuerzas en el Congreso Federal. El bono democrático entregado al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y a los partidos coaligados fue altísimo. El sistema de partidos que se conformó después de 2000 quedó muy detrás de la fuerza política mayoritaria, y la responsabilidad sobre los hombros de las y los legisladores de Morena y sus aliados, el PT y el PES, fue tan alta como la confianza entregada en las urnas. El problema a la distancia es que la agenda legislativa no resultó del consenso de todas las fuerzas políticas. Más bien, la avalancha electoral se tradujo en una agenda legislativa limitada, que supuso que las intenciones presidenciales no fueran sujetas a discusión, sino que simplemente se aprobaran por instrucción de los líderes de la fracción mayoritaria. Las voces en contra fueron acalladas o ignoradas bajo ideas generales que sirven para hacer una campaña, pero no para construir la gobernabilidad democrática.
La primera fuerza política en San Lázaro hoy en día es Morena con 257 diputados; le sigue el PAN con 78; el PRI con 48; el PT con 47 y el resto de fuerzas son minoritarias. Lo cierto es que la mayoría legislativa que encabeza Morena, sumada a sus aliados, ha logrado aprobar iniciativas cuestionables que implicaron la desaparición de fondos públicos valiosos, lo que visto en retrospectiva compromete el futuro de políticas públicas específicas. Por ejemplo, en el rubro de ciencia y tecnología se desaparecieron los fideicomisos que garantizaban la operación de proyectos de investigación de largo aliento. La protesta de quienes fomentan el conocimiento en la teoría y la práctica fue ignorada. Por no hablar de temas más sensibles para las familias mexicanas, como fue la desaparición del Seguro Popular, cuyo sustituto a la fecha no termina de definir sus atribuciones y alcances. Muchas enfermedades han sido desatendidas a la par de la lamentable tragedia por el Covid-19. Las protestas por la falta de medicamentos oncológicos por parte de padres de familia de niñas y niños enfermos de cáncer no han tenido la resonancia debida en San Lázaro.
Frente a la gran elección del próximo 6 de junio es necesario realizar un examen de consciencia: ¿realmente hemos tenido el parlamento que merecemos? Los hechos apuntan a que no. Por encima del discurso dominante que señala que nos ha ido muy bien, recordemos aquella frase de que “la pandemia nos cayó como anillo al dedo”, la realidad es mucho más difícil. Mucha gente ha perdido sus negocios, la mayoría pequeños en escala, pero grandes en esfuerzo y dedicación; le requirieron años y décadas a sus propietarios y durante los meses de cierre no recibieron un apoyo decidido. El campo enfrenta recortes a sus programas sin precedente, que hacen cada vez más difícil la tarea de cultivar la tierra y no detienen la emigración hacia el norte, agravada por la crisis centroamericana. Por todo esto no podemos esperar que nuestro parlamento funcione como un poder supeditado al Ejecutivo y no llame a cuentas a los responsables de que la administración pública funcione.
El periodo que se abre a partir de ahora debe fomentar el diálogo de altura. La gente no quiere escuchar las mismas frases que no aportan a procesar la realidad. El debate es sano para la democracia y los partidos tienen la posibilidad de ofrecer argumentos para acceder al poder. Ni la violencia ni la confrontación suman a una democracia que no termina por madurar. Por ello es un deseo que la renovación de San Lázaro aporte un nuevo equilibrio al país. Si los argumentos se sobreponen a los pleitos, todos vamos a ganar. Mi deseo es que entendamos el momento crucial que vivimos y podamos darle la oportunidad a quien realmente la merece. Esa es la mayor oportunidad de este momento: poder enviar un mensaje ciudadano a quien no ha querido dialogar fuera de su torre de marfil.
@pacoangelm
