El Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales y consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando existan megaproyectos de desarrollo que puedan afectar a sus comunidades, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México o el Tren Maya.
Así lo planteó la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien agregó que en México estas comunidades enfrentan diversas violaciones a sus garantías como violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a educación, salud, vivienda, e incluso asesinatos, entre otros.
La experta internacional presentó esta tarde en la Universidad del Claustro de Sor Juana el informe que es producto de la visita oficial que hizo a nuestro país del 8 al 17 de noviembre de 2017 en el que subrayó que aun cuando en México no exista una ley nacional sobre consulta a las comunidades indígenas, esto no exime a las autoridades de implementar procesos de consulta conforme a sus obligaciones internacionales y con ello cumplir con los requerimientos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, y otros que ha asumido a nivel global el Estado mexicano.
Durante su visita documentó que los pueblos indígenas tienen el deseo de definir y perseguir su propio desarrollo económico, social y cultural, como elemento esencial para su libre determinación.
“Estas aspiraciones se han visto limitadas por los modelos actuales de desarrollo impuestos en sus territorios, en particular, el auge de proyectos extractivos, energéticos y de inversión producto de reformas legislativas y de políticas que no fueron consultadas con ellos. Recibí denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, infraestrcutura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y culturalmente adecuadas y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Estas comunidades han emprendido esfuerzos para impugnar la legislación minera y otras leyes sectoriales, así como la autorización de proyectos, con resultados limitados. Aun cuando los tribunales han emitido órdenes de suspensión, éstas no se aplican de manera efectiva, lamentó.
Al final De su presentación, interrogada sobre dos proyectos que han causado controversia (en NAIM y el Tren Maya), la relatora señaló que recomendaría realizar consultas con las comunidades afectadas por éstos.
En su visita al país, Tauli-Corpuz se reunió con representantes gubernamentales, de organismos de derechos humanos y con habitantes de diversas comunidades originarias. Estuvo en la Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
“Una de las principales conclusiones de mi informe es que se debe crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. El diálogo y la confianza son condiciones necesarias para esta nueva relación y para abordar los problemas identificados en el reporte.”
Éste contiene una serie de observaciones y recomendaciones respecto a varias áreas temáticas: reformas en el marco jurídico e institucional; tierras, territorios y recursos naturales; libre determinación y participación política; violencia, impunidad y acceso a la justicia; y preocupaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales.
Otras preocupaciones detectadas por la relatora fueron los conflictos territoriales, los desplazamientos forzados, la criminalización y la violencia que enfrentan los pueblos indígenas que defienden sus derechos. “Los pueblos indígenas enfrentan esta situación en un contexto ya existente de profunda desigualdad, pobreza y discriminación que limita su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”.
Concordó con la recomendación hecha en 2003 por su antecesor, Rodolfo Stavenhagen en el sentido que se reabra el debate sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
“El mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas también debería reflejarse a través de modificaciones y reformas de la legislación y las políticas en áreas transversales tales como los asuntos de tierras agrarias; desarrollo energético y minero; agua y producción y seguridad alimentaria; administración de justicia, y otros. Dichas reformas deben implementarse en consulta con los pueblos indígenas.
“Con respecto al desarrollo social y económico, las instituciones de gobierno deben sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos y que promueven el empoderamiento, la libre determinación, y las prioridades y propuestas de estos pueblos”.
La relatora indicó que se debe incluir las prioridades y propuestas de los pueblos indígenas en la elaboración y ejecución de leyes, políticas y programas sobre desarrollo agrario, energético, agroindustrial, turístico y otros; el sector empresarial debe tomar mayores medidas para ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos de estas comunidades; y las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud causados por las actividades empresariales deben fortalecerse para garantizar la protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.
“Las recomendaciones de mi informe apuntan a la necesidad de promover y fortalecer la autonomía, el autogobierno y los sistemas jurídicos indígenas. Tal como establece el artículo 4 de la Declaración de la ONU sobre estas comunidades, que tienen el derecho a la provisión de los medios para financiar sus funciones autónomas.
“También recomiendo que se fortalezca el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a elegir sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres, y mayores medidas para promover la participación política indígena en los procesos electorales a través de los distritos electorales indígenas, las candidaturas independientes y el acceso a la justicia electoral. Estas medidas deben garantizar una mayor participación de las mujeres indígenas”.
En sus visitas, evidenció la grave situación de violencia que enfrentan los pueblos indígenas debido a disputas sobre sus tierras, la expansión de proyectos de desarrollo y la presencia del crimen organizado. “La impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización son factores que se suman a esta situación”.
Y se refirió a dos casos emblemáticos: la masacre de 46 personas en Acteal, Chiapas en 1997, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, los cuales deben ser esclarecidos y las indagatorias deben agilizarse y reorientarse.
Agregó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua se dan casos graves de familias y comunidades indígenas en desplazamiento forzado debido a amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que disputan sus territorios. “Esto ha ocasionado el aumento de indígenas desplazados en centros urbanos que requieren atención mediante políticas diferenciadas. La situación de violencia e impunidad también se ve agravada por la corrupción y la alegada connivencia entre el crimen organizado y algunas autoridades federales, estatales y municipales.
“También recibí denuncias sobre abusos cometidos contra pueblos indígenas durante operativos militares realizados en el marco de actividades del gobierno contra el crimen organizado. Se alega impunidad en varios casos de muertes arbitrarias de personas indígenas debido al uso desmedido de la fuerza por parte de oficiales militares y también de violencia sexual contra mujeres indígenas”.
En el acto, también estuvieron presentes el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
El primero advirtió que en el proceso de transición de régimen que vive México se debe poner atención en el impacto de una economía basada en megaproyectos.
“El efecto del modelo de desarrollo actual, basado en la extracción y explotación de recursos, sean proyectos mineros, de energías supuestamente limpias, de agricultura de escala industrial o de turismo en escala industrial, causa daños ambientales, conflicto en las comunidades, despojo y, en muchos casos, criminalización de defensores del territorio”.
Por ello, demandó abortar el modelo oficial basado en el asistencialismo para pasar a uno que empodere a las comunidades indígenas, y principalmente lo debe hacer el próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, el ombudsman nacional informó que existe una queja sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero desconoce el estatus de la misma. Recordó que de los 2 mil 417 municipios que existen en el país, sólo en 33 no hay presencia de indígenas.
Fuente: jornada.com
