El gobierno destinó 1.13 billones de pesos a pensiones durante el primer semestre de 2026; las contributivas crecieron 2.7% real, mientras la recaudación tributaria apenas avanzó 0.4%
El gasto del Gobierno de México destinado al pago de pensiones alcanzó un nuevo máximo histórico durante la primera mitad de 2026, en un escenario marcado por el lento crecimiento de los ingresos públicos y por un aumento de otras obligaciones financieras que reducen el margen de maniobra presupuestal.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y junio de este año se destinaron 1.13 billones de pesos al pago de pensiones, cantidad que representó un incremento real de 1.2% respecto del mismo periodo de 2025.
Con este resultado, el gasto en pensiones se mantiene por séptimo año consecutivo por encima del billón de pesos y representa aproximadamente 33.8% del gasto programable, es decir, de los recursos que el gobierno utiliza para financiar su operación y proporcionar bienes y servicios a la población.
El crecimiento del gasto pensionario adquiere mayor relevancia frente al comportamiento de los ingresos públicos, particularmente de los tributarios, que durante el mismo periodo mostraron un avance mucho más limitado.
Las pensiones contributivas concentran la mayor parte del gasto
Del total destinado a pensiones durante el primer semestre, 831 mil 735 millones de pesos correspondieron a pensiones contributivas, mientras que 298 mil 788 millones fueron destinados a pensiones no contributivas.
Las pensiones contributivas representan aproximadamente 74% del gasto total y están relacionadas con las obligaciones adquiridas por el Estado con trabajadores del sector formal que realizaron aportaciones durante su vida laboral.
Este componente registró un crecimiento real anual de 2.7%, consolidándose como uno de los compromisos financieros de mayor peso para las finanzas públicas.
Además, entre 2017 y 2026, el gasto destinado a este tipo de pensiones aumentó 56% en términos reales, lo que refleja el crecimiento sostenido de las obligaciones que debe cubrir el gobierno.
En contraste, las pensiones no contributivas registraron una reducción real de 2.8% durante el primer semestre de 2026. En este grupo se encuentran programas financiados directamente con recursos públicos, como la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, cuyos beneficiarios no necesariamente realizaron aportaciones previas a un sistema pensionario.
A pesar de la disminución registrada este año, el gasto total en pensiones mantiene una trayectoria ascendente.
Entre 2017 y 2026, el desembolso global destinado a este rubro aumentó 31% en términos reales, lo que significa que el gobierno requiere cada vez mayores cantidades de recursos para cumplir con sus obligaciones pensionarias.
Los ingresos tributarios avanzan apenas 0.4%
El crecimiento del gasto pensionario ocurre mientras los ingresos públicos enfrentan un escenario menos favorable.
Durante el primer semestre de 2026, la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró una caída real de 6.2%, uno de los principales retrocesos dentro de los ingresos tributarios.
La disminución fue parcialmente compensada por el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación aumentó 10.6% en términos reales.
Sin embargo, el resultado conjunto fue mucho más moderado: los ingresos tributarios crecieron apenas 0.4% real durante el periodo.
Esta diferencia entre el comportamiento del gasto y los ingresos genera presión sobre las finanzas públicas, debido a que las obligaciones relacionadas con pensiones continúan aumentando mientras la principal fuente de recursos del gobierno muestra un crecimiento limitado.
De acuerdo con las cifras referidas, el gasto en pensiones equivale aproximadamente al 38% de los ingresos provenientes de los principales impuestos, lo que muestra el peso que este concepto tiene dentro de las finanzas gubernamentales.
El costo de la deuda también aumenta
A la presión derivada del gasto pensionario se suma el costo financiero de la deuda pública.
Al cierre de junio de 2026, el gobierno había destinado 693 mil 471 millones de pesos al costo financiero de la deuda, monto que representa un incremento real de 62% en los últimos nueve años.
El crecimiento de este gasto reduce todavía más los recursos disponibles para otras áreas del presupuesto, debido a que se trata de obligaciones financieras que deben cubrirse independientemente de las necesidades adicionales que surjan durante el ejercicio fiscal.
A esto se suma el incremento del saldo de la deuda pública.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, considerado el indicador más amplio de la deuda del país, alcanzó durante el primer semestre de 2026 alrededor de 19 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 51% del Producto Interno Bruto (PIB).
La combinación de mayores obligaciones pensionarias, un costo financiero de la deuda creciente y un avance limitado de los ingresos reduce el espacio con el que cuenta el gobierno para realizar modificaciones presupuestales o incrementar el gasto en otros sectores.
Un desafío de largo plazo para las finanzas públicas
El comportamiento de las pensiones representa uno de los principales desafíos estructurales para las finanzas públicas mexicanas.
Por un lado, el gobierno tiene la obligación de garantizar el pago de las pensiones correspondientes a trabajadores que realizaron aportaciones durante su vida laboral. Por otro, también debe financiar programas sociales destinados a sectores de la población que reciben apoyos directamente de los recursos fiscales.
El problema se vuelve más complejo cuando el crecimiento de estas obligaciones ocurre a un ritmo similar o superior al de los ingresos tributarios.
Entre 2017 y 2026, el gasto total en pensiones aumentó 31% en términos reales, mientras que los ingresos tributarios registraron un incremento de magnitud similar en ese mismo periodo. Esto significa que una proporción cada vez mayor de los recursos disponibles queda comprometida para cubrir obligaciones que no pueden suspenderse fácilmente.
El escenario económico internacional también representa un factor adicional de presión. Los conflictos geopolíticos, las interrupciones en las cadenas de suministro y las condiciones financieras internacionales pueden generar presiones inflacionarias y afectar las tasas de interés, elementos que repercuten directamente sobre la economía mexicana y sobre el costo del financiamiento público.
En este contexto, el reto para el gobierno consiste en mantener los recursos suficientes para cubrir las obligaciones pensionarias y sociales sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
Las cifras del primer semestre de 2026 muestran que el margen presupuestal es cada vez más reducido: mientras las pensiones y el costo de la deuda continúan representando compromisos importantes, los ingresos públicos muestran señales de estancamiento en algunos de sus principales componentes.
El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores y mantener los programas sociales, al mismo tiempo que se fortalece la recaudación y se evita que el crecimiento de las obligaciones financieras limite la capacidad del Estado para atender otras necesidades prioritarias del país.
