El fiscal general James Uthmeier presentó una solicitud de emergencia dentro de la demanda contra OpenAI, en la que acusa a la empresa de no proteger adecuadamente a los menores
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó este lunes a un tribunal estatal que impida a OpenAI desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial sin contar previamente con mecanismos de seguridad supervisados de manera independiente.
La petición forma parte de la demanda que el estado presentó en junio contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, en la que Florida acusa a la empresa de haber presentado ChatGPT como un producto seguro mientras, según la demanda, existían riesgos para los usuarios, particularmente para los menores de edad.
La nueva solicitud no representa todavía una prohibición. Se trata de una petición de medidas cautelares que deberá ser analizada por el tribunal.
Florida busca frenar temporalmente el desarrollo de nuevos modelos
En el documento presentado este lunes ante un tribunal del condado de Highlands, Uthmeier pidió una orden que obligue a OpenAI a someter el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial a mecanismos independientes de seguridad.
La solicitud busca que la empresa no pueda continuar desarrollando nuevos sistemas sin contar con salvaguardas externas que, según el planteamiento del fiscal general, permitan evaluar los riesgos antes de que estos modelos sean implementados.
El funcionario también pidió al tribunal otras medidas relacionadas con el funcionamiento de ChatGPT, entre ellas impedir el acceso de menores de edad a la plataforma en Florida y restringir determinadas características del sistema que, según la demanda, podrían hacer que el chatbot se presente ante los usuarios con atributos similares a los humanos.
La demanda acusa a OpenAI de poner en riesgo a menores
Florida presentó su demanda inicial el 1 de junio de 2026. En ella, la Fiscalía General acusa a OpenAI y a Altman de prácticas engañosas relacionadas con la seguridad de ChatGPT.
El gobierno estatal sostiene que la empresa comercializó el servicio entre el público, incluidos menores, pese a conocer determinados riesgos y advertencias relacionadas con su utilización.
Entre los señalamientos incluidos en la demanda aparecen acusaciones sobre la manera en que ChatGPT habría respondido a usuarios involucrados en situaciones de violencia y a personas vulnerables.
Estos planteamientos forman parte de las alegaciones de Florida dentro del proceso judicial y deberán ser analizados por el tribunal. OpenAI tiene la oportunidad de responder y defenderse de las acusaciones.
El caso también involucra preocupaciones sobre el desarrollo de la IA
En su nueva petición, el fiscal general amplió el argumento de Florida más allá de la protección de menores y planteó preocupaciones sobre los riesgos asociados con el desarrollo acelerado de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.
El escrito sostiene que la supervisión de estos sistemas no debería quedar exclusivamente en manos de las propias empresas que los desarrollan.
La solicitud llega en medio de un debate internacional sobre qué límites y mecanismos de supervisión deberían aplicarse al desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, particularmente cuando las empresas incrementan sus capacidades de manera acelerada.
El tribunal todavía debe decidir
Uno de los puntos centrales del caso es que ninguna de las medidas solicitadas por Florida constituye por ahora una orden judicial definitiva.
El tribunal deberá revisar los argumentos presentados por la Fiscalía General y la defensa de OpenAI antes de determinar si concede o rechaza la solicitud de medidas cautelares.
El proceso federal derivado de la demanda también continúa. Los registros judiciales muestran que OpenAI y Altman han presentado escritos en el litigio y que el caso permanece en disputa entre las partes.
Una disputa que podría tener repercusiones para la regulación de la IA
El conflicto entre Florida y OpenAI se suma a una creciente discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los posibles daños derivados del uso de sistemas de inteligencia artificial.
Para Florida, el punto central es la protección de los usuarios y, particularmente, de los menores. Para las empresas de IA, este tipo de restricciones plantea también interrogantes sobre cómo equilibrar las medidas de seguridad con el desarrollo tecnológico.
La resolución del tribunal podría convertirse en un nuevo referente dentro del debate estadounidense sobre supervisión independiente, seguridad de modelos de IA y acceso de menores a herramientas de inteligencia artificial.
Por ahora, OpenAI continúa desarrollando sus productos y no existe una orden judicial que haya detenido sus nuevos modelos. La petición presentada este lunes será uno de los siguientes puntos a resolver dentro de la disputa legal iniciada por Florida en junio.
