En sigilo, diputados aprueban publicar el “veto ejecutivo” de la gobernadora de Sonora

Sin la presencia de la prensa y la correspondiente difusión de la convocatoria, los integrantes de la mesa directiva de la diputación permanente aprobaron el acuerdo mediante el que se ordena publicar en el Boletín Oficial del estado la Ley 288, donde se incluye el “veto ejecutivo” y el paquete de reformas presentados por la gobernadora priista Claudia Pavlovich Arellano.

Los cambios aprobados la semana pasada modifican diversas disposiciones de la Constitución de Sonora y contaron con el aval de 57 ayuntamientos, todos de corte priista.

El miércoles 8 de agosto, los diputados del PRI, junto con los de Acción Nacional, aprobaron –escudados con un grupo de choque que abarrotó el interior del recinto y sus principales accesos – la Ley 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución estatal.

El diputado José Luis Castillo fue el responsable de dar lectura al acuerdo aprobado en la sesión secreta.

Esta ley establece en su artículo primero transitorio que los efectos reformatorios entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial estatal, es decir, este miércoles 15.

Justo ese día se cumple casi un mes desde que Pavlovich polarizó a la población sonorense con una ventajosa reforma que otorga más discrecionalidad al Ejecutivo y subordinar al Legislativo a los deseos del mandatario sonorense en turno.

Esa ley también otorga facultades a la gobernadora Pavlovich que sólo corresponden al Legislativo; anula las atribuciones de los diputados en materia de revisión de cuenta pública y de supervisión del Ejecutivo, así como relega la facultad que tenían los legisladores para designar a los titulares de los organismos autónomos y personal administrativo del parlamento local.

La próxima secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, tachó de inconstitucional el “veto ejecutivo” y el paquete reformatorio instrumentados por Pavlovich.

Precisó que las disposiciones son “contrarias” a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y contravienen lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Claudia Pavlovich revira a Sánchez Cordero

Unos minutos después de que los diputados ordenaran la difusión de la ley, Claudia Pavlovich advirtió que estas reformas se discutirán por la vía “jurídica” y no por el camino de las “descalificaciones”.

La dirección de Comunicación Social del Congreso justificó que la nula convocatoria a la prensa y a la sociedad civil se debió a que se “afectó” el sistema de internet en el palacio legislativo tras la incesante tormenta del domingo por la noche.

Además, a manera de “control de daños”, esta oficina informó que se tienen las constancias de aprobación de la reforma remitidas por los ayuntamientos de Hermosillo, Trincheras, Átil, Tepache, Villa Hidalgo, Caborca, Tubutama, Cucurpe, Cananea, Álamos, Divisaderos, Banámichi, Bacadéhuachi Bacanora, y Cajeme.

También las de Granados, Huatabampo, Bacoachi, Etchojoa, San Felipe de Jesús, Carbó, Santa Ana, Yécora, Sáric, Pitiquito, Mazatán, Magdalena, San Ignacio Río Muerto, Ónavas, Suaqui Grande, Rayón, Santa Cruz y Soyopa.

Así como los documentos oficiales de: Oquitoa, San Javier, Huásabas, Úres, Opodepe, San Pedro de la Cueva, Altar, Huépac, Villa Pesqueira, Moctezuma, Arivechi, Bavispe, Sahuaripa, Baviácora, Arizpe, Aconchi, Ímuris, San Miguel de Horcasitas, Benjamín Hill, Fronteras, Bácum, Nácori Chico, Nacozari de García y Benito Juárez.

Entre los firmantes del acuerdo destacan: Rafael Buelna Clark, José Luis Castillo, Lisette López Godínez y José Ramón Ruiz Torres.

Fuente: proceso.com

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