El exmandatario se presentó ante la Fiscalía después de pasar la noche bajo resguardo militar, debido a las protestas registradas frente a su domicilio. Los legisladores lo señalaron por presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión financiera y encubrimiento institucional.El expresidente de Paraguay, santiago Peña, se presentó este sábado ante la Fiscalía, luego de que las autoridades ordenaran su detención tras su destitución mediante un juicio político en el Congreso, derivado del escándalo financiero provocado por el colapso del banco digital Ueno Bank, un caso que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones y los mecanismos de supervisión bancaria del país.
La comparecencia del exmandatario ocurrió después de una noche bajo resguardo en una unidad militar, a donde fue trasladado desde su domicilio en Asunción por motivos de seguridad. En las inmediaciones de su vivienda se concentraron manifestantes que exigían que fuera recluido, situación que derivó en enfrentamientos con elementos policiales.
Hasta el momento de su presentación, los fiscales señalaron que los cargos específicos contra Peña todavía se encontraban pendientes de determinación, por lo que la investigación deberá establecer las posibles responsabilidades del exjefe del Ejecutivo en los hechos relacionados con la crisis bancaria.
La destitución de Peña abrió paso a la llegada al poder de su vicepresidente, Pedro Alliana, político del gobernante Partido Colorado, quien rindió protesta el viernes para asumir la Presidencia y concluir el periodo constitucional que debía terminar en agosto de 2028.
Los legisladores que respaldaron el juicio político sostuvieron que el ahora exmandatario habría incurrido en presuntos conflictos de intereses, intervenido en los mecanismos de supervisión regulatoria y participado en un posible encubrimiento institucional relacionado con el Banco Central. Estos señalamientos colocaron bajo escrutinio la relación entre el poder político y las autoridades responsables de vigilar el funcionamiento del sistema financiero.
Uno de los elementos que generó cuestionamientos fue que Peña mantuvo participación accionaria en la sociedad matriz de Ueno Bank hasta marzo de 2025, antes de que la institución fuera intervenida. Sin embargo, el exmandatario ha rechazado haber cometido irregularidades y ha negado cualquier responsabilidad en las acusaciones que motivaron su salida del cargo.
El colapso de la entidad financiera provocó dificultades para que millones de clientes pudieran acceder a sus cuentas, situación que desató preocupación entre los usuarios y protestas en Asunción. La crisis no solo afectó la confianza de los depositantes, sino que también abrió interrogantes sobre la capacidad de los organismos reguladores para detectar y contener los problemas de una institución bancaria antes de que sus consecuencias alcanzaran a la población.
El escándalo también alcanzó a funcionarios de alto nivel y antiguos directivos de Ueno, mientras las autoridades reguladoras han intentado transmitir tranquilidad a los ahorradores y evitar que la situación se extienda al resto del sistema financiero paraguayo.
A las acciones contra el expresidente se sumó la detención de Carlos Carvallo, quien encabezó el Banco Central de Paraguay y se entregó a las autoridades la noche del viernes. Tras presentarse ante las instancias correspondientes, también quedó bajo custodia.
El caso representa una de las mayores crisis políticas y financieras recientes para Paraguay, al poner en el centro de la investigación la actuación de funcionarios públicos, la independencia de los organismos reguladores y la transparencia en la supervisión de las instituciones bancarias.
Mientras avanzan las diligencias ministeriales, las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió con Ueno Bank, determinar si existieron omisiones o intervenciones indebidas en su supervisión y establecer las responsabilidades individuales de quienes pudieron haber participado en los hechos. Por ahora, los señalamientos contra Peña y los demás involucrados deberán ser acreditados conforme avance el procedimiento legal.
