Comunidades y organizaciones articulan resistencia contra la gentrificación en Oaxaca.

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Diana Mendez

En el marco del Segundo Encuentro Nacional contra la Gentrificación y la Turistificación, realizado en la capital oaxaqueña, comunidades indígenas, pueblos originarios, colectivos urbanos y organizaciones sociales de distintas regiones del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advierten sobre el avance de un modelo económico que, aseguran, provoca despojo territorial, desplazamiento y precarización de la vida.

Las y los participantes señalaron que los procesos de gentrificación y turistificación no son fenómenos aislados, sino parte de una misma dinámica estructural que reorganiza tanto territorios rurales como urbanos en función de intereses económicos, particularmente ligados al turismo, la inversión extranjera y la especulación inmobiliaria. Indicaron que esta lógica ha derivado en el incremento de rentas, desalojos, cambios de uso de suelo y expulsión de comunidades que históricamente han habitado estos espacios.
Durante el encuentro, se puso énfasis en que el territorio no puede ser entendido como mercancía, sino como un espacio de identidad, memoria y vida comunitaria. En ese sentido, denunciaron que el despojo territorial no solo implica la pérdida de tierras o viviendas, sino también la ruptura de los tejidos sociales y de las formas de organización colectiva. Asimismo, alertaron sobre la privatización de bienes comunes como el agua, cuyo uso afirmaron está siendo priorizado para proyectos turísticos e industriales en detrimento de las necesidades de las comunidades.

En materia de vivienda, las organizaciones señalaron que el encarecimiento de los espacios habitacionales y el crecimiento de plataformas de renta temporal están transformando barrios completos, obligando a familias y pequeños comercios a desplazarse. Frente a ello, destacaron la necesidad de fortalecer la organización de inquilinos, regular el mercado inmobiliario y promover modelos de vivienda colectiva.

El pronunciamiento también abordó la situación de las economías populares, que según expusieron enfrentan criminalización y restricciones en el uso del espacio público debido a políticas de reordenamiento urbano. En este contexto, demandaron el reconocimiento del comercio autónomo como una actividad esencial para la vida económica y social de las ciudades.

Las y los asistentes también denunciaron la mercantilización de la cultura, señalando que las prácticas comunitarias están siendo transformadas en productos turísticos, lo que despoja a las comunidades de su significado y control sobre su identidad. A ello se suma, indicaron, un contexto de militarización, vigilancia y criminalización de la protesta que afecta a quienes defienden sus territorios y derechos.

El encuentro se posicionó además frente al contexto nacional e internacional, particularmente en relación con el próximo Mundial de Fútbol FIFA 2026, al advertir que este tipo de eventos suelen detonar procesos de reordenamiento urbano que profundizan el desplazamiento y el despojo. En este marco, expresaron su solidaridad con colectivos de familias buscadoras en México, cuya labor señalaron visibiliza la crisis de desapariciones en el país.

Entre las principales exigencias, destacaron la necesidad de frenar desalojos, regular los precios de renta, detener proyectos que impliquen despojo territorial, reconocer legalmente las economías populares y garantizar el respeto al uso de suelo habitacional y comunitario. Asimismo, manifestaron su respaldo a diversas luchas locales en Oaxaca y exigieron justicia en casos de violencia vinculados a la defensa del territorio.

Como resultado del encuentro, las organizaciones acordaron fortalecer la articulación entre luchas urbanas y rurales mediante la construcción de una red permanente que permita compartir herramientas organizativas, legales y de comunicación, así como impulsar agendas comunes frente a lo que consideran un modelo global de despojo.
Finalmente, reiteraron que la defensa del territorio, la vivienda, el trabajo y los bienes comunes constituye una defensa integral de la vida, y subrayaron que la organización colectiva será clave para enfrentar los desafíos que plantean estos procesos en los distintos territorios del país.