Tras la detención del presunto responsable de la muerte de Paola Buenrostro, organizaciones y activistas trans exigieron que el caso sea reclasificado; la Fiscalía de Ciudad de México sostiene que la orden de aprehensión fue emitida en 2016, cuando el transfeminicidio todavía no estaba tipificado
A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans cuyo caso fue reconocido como el primer transfeminicidio documentado en México, la detención del presunto responsable reavivó la exigencia de justicia por parte de activistas y organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad trans.
El caso tomó un nuevo giro luego de que Arturo “N”, señalado como probable responsable del asesinato, fuera detenido el lunes en el Estado de México, diez años después de los hechos ocurridos en septiembre de 2016 en Ciudad de México.
Sin embargo, la audiencia inicial generó un nuevo reclamo: activistas denunciaron que Paola fue identificada como hombre durante el proceso judicial y que el imputado fue presentado ante la autoridad judicial por el delito de homicidio calificado, no por transfeminicidio.
La situación provocó protestas frente a la Fiscalía capitalina y volvió a colocar en el centro del debate la manera en que las instituciones de procuración de justicia atienden los casos que involucran a personas trans.
Un caso que permaneció pendiente durante casi 10 años
Arturo “N” había sido detenido en flagrancia después del asesinato de Paola Buenrostro en 2016. Sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad y permaneció prófugo durante casi una década, pese a que existía una orden de aprehensión en su contra.
Su reciente detención fue presentada como un avance para esclarecer uno de los casos más emblemáticos de violencia contra una mujer trans en México.
En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció el caso de Paola como el primer transfeminicidio documentado y señaló que las autoridades no habían respetado su identidad de género.
Años después, en 2024, el nombre de Paola Buenrostro fue retomado para impulsar una reforma conocida como Ley Paola Buenrostro, mediante la cual se tipificó el transfeminicidio en la capital.
El contexto jurídico, sin embargo, es uno de los principales argumentos utilizados actualmente por la Fiscalía para explicar por qué el proceso comenzó bajo la clasificación de homicidio.
Activistas denuncian falta de respeto a la identidad de género
Al concluir la audiencia inicial, Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, denunció que el personal de la Fiscalía no respetó la identidad de género de la víctima ni la de las mujeres trans que participan como testigos en el caso.
Cuevas, quien durante años ha encabezado la lucha por justicia para Paola y es fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, cuestionó que, pese a los avances legales y a la creación de protocolos institucionales, continúen ocurriendo situaciones que consideran discriminatorias.
La activista sostuvo que durante la audiencia se utilizaron nombres masculinos para referirse tanto a Paola como a otras mujeres trans involucradas en el proceso.
También cuestionó que las autoridades continúen incurriendo en lo que calificó como omisiones institucionales, a pesar de que durante la última década se han desarrollado lineamientos, protocolos, manuales y reformas legales relacionadas con la atención a la población trans.
Exigen que el delito sea reclasificado
El reclamo de las activistas no se limita a que el caso sea considerado como transfeminicidio.
Cuevas señaló que, debido al momento en que ocurrió el asesinato, lo que buscan es que al menos sea considerado como feminicidio, figura que ya existía en la legislación capitalina en 2016.
La activista cuestionó que el proceso judicial mantenga la clasificación de homicidio cuando, desde su perspectiva, existen elementos que deberían ser analizados bajo una perspectiva de género.
La exigencia derivó en una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, donde activistas denunciaron transfobia institucional y demandaron la reclasificación del delito.
Durante la movilización también se registraron señalamientos relacionados con daños a las instalaciones y agresiones contra personal de la institución, hechos que la Fiscalía rechazó.
Fiscalía justifica clasificación por la orden de aprehensión de 2016
Ante las críticas, la Fiscalía capitalina emitió un comunicado en el que informó que investigará los señalamientos relacionados con el trato recibido durante la audiencia.
No obstante, la institución negó que exista una “práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico”.
Respecto a la clasificación jurídica del caso, la Fiscalía explicó que Arturo “N” fue presentado por homicidio debido a que la orden de aprehensión fue emitida en 2016 bajo ese delito, cuando el transfeminicidio todavía no se encontraba tipificado en la Ciudad de México.
La institución sostuvo además que la diferencia entre homicidio y feminicidio no depende de reconocer o desconocer la identidad de género de la víctima, sino de determinar si existen elementos que permitan acreditar que la agresión ocurrió debido a su condición de mujer.
La clasificación todavía puede cambiar
La Fiscalía aclaró que la clasificación jurídica con la que inició el proceso no es definitiva.
De acuerdo con la institución, durante la etapa de investigación complementaria pueden incorporarse nuevos elementos que permitan modificar la clasificación del delito, siempre que sean presentados ante la autoridad judicial y resulten suficientes para sustentar ese cambio.
Este punto mantiene abierta la posibilidad de que el proceso sea posteriormente reclasificado, una de las principales exigencias de las activistas.
El debate, por tanto, no sólo se centra en el delito por el cual fue detenido el acusado, sino también en la forma en que las autoridades están abordando la identidad de género de Paola y de las personas que participan en el proceso.
Activistas anuncian nuevas movilizaciones
Las organizaciones y activistas que han acompañado el caso adelantaron que mantendrán las protestas hasta conseguir la reclasificación del delito.
También convocaron a una nueva movilización para la próxima audiencia, prevista para el viernes, en la que buscarán insistir en sus demandas y exigir que el proceso judicial incorpore una perspectiva de género y respete plenamente la identidad de las personas involucradas.
El caso de Paola Buenrostro vuelve así a poner a prueba la respuesta de las instituciones capitalinas frente a la violencia contra las mujeres trans.
A casi diez años del asesinato, la detención del presunto responsable representa un avance en un expediente que permaneció pendiente durante años, pero también abrió un nuevo conflicto entre las activistas y la Fiscalía sobre la clasificación jurídica del crimen, el reconocimiento de la identidad de género y la actuación de las autoridades durante el proceso judicial.
