La presidenta informó que 2 mil 654 personas han sido detenidas desde octubre de 2024 por delitos relacionados con el robo y contrabando de combustible; pidió a la FGR precisar cuántos servidores públicos y particulares están entre los detenidos
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que, hasta el momento, las investigaciones relacionadas con el robo y contrabando de combustible en México no han identificado a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados directamente en este delito.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la participación de servidores públicos en las redes dedicadas al llamado “huachicol”, así como sobre el número de personas detenidas desde el inicio de su administración.
Sheinbaum sostuvo que las investigaciones continúan abiertas y aclaró que la ausencia de trabajadores de Pemex identificados hasta ahora no significa que las indagatorias hayan concluido.
“Hasta ahora no se ha encontrado ninguna persona dentro de Pemex que esté involucrada en el robo de combustible directamente, eso no quiere decir que a lo mejor exista, pero se está haciendo la investigación”, declaró.
La presidenta señaló que las autoridades federales mantienen investigaciones para determinar cómo funcionan las redes dedicadas al robo, comercialización y contrabando de hidrocarburos, así como para establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
Más de 2 mil 600 detenidos desde octubre de 2024
Durante la conferencia, Sheinbaum solicitó información a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el número de personas detenidas por delitos relacionados con el robo y contrabando de combustible.
Minutos después, la mandataria informó que la cifra proporcionada por la Fiscalía ascendía a 2 mil 654 personas detenidas desde octubre de 2024.
El dato contempla a personas aprehendidas dentro de las investigaciones relacionadas con delitos vinculados al llamado huachicol, aunque durante la conferencia quedó pendiente precisar cuántas de ellas son servidores públicos, exfuncionarios o particulares.
Por esta razón, Sheinbaum pidió públicamente a la FGR ampliar la información y especificar la composición de esa cifra.
La solicitud busca establecer si dentro de las investigaciones existen funcionarios o exservidores públicos señalados por su posible participación en las redes de robo y contrabando de hidrocarburos.
Sheinbaum pide distinguir entre trabajadores de Pemex y otros servidores públicos
Uno de los puntos centrales de la declaración presidencial fue la necesidad de conocer con mayor precisión quiénes integran las más de 2 mil 600 detenciones reportadas.
Sheinbaum pidió que la Fiscalía informe cuántas personas corresponden a servidores públicos, exfuncionarios y particulares, debido a que la cifra general de detenidos no permite establecer por sí misma qué tipo de responsabilidades existen dentro de las investigaciones.
La presidenta también diferenció entre la situación de los trabajadores de Pemex y la posible participación de otros servidores públicos.
Hasta ahora, de acuerdo con su declaración, no se habría identificado directamente a personal de Pemex involucrado en el robo de combustible, aunque las investigaciones continúan.
Esta precisión resulta relevante debido a que las redes de comercialización ilegal de hidrocarburos pueden involucrar a distintos actores y no necesariamente limitarse al personal de la empresa petrolera.
Secretaría Anticorrupción dice no tener expedientes por huachicol
Por separado, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, afirmó que esa dependencia no cuenta actualmente con expedientes de servidores públicos relacionados con el delito de huachicol.
La funcionaria explicó que la Secretaría interviene cuando recibe una denuncia relacionada con un servidor público o cuando un caso es remitido formalmente por Pemex.
De esta manera, la dependencia no inicia investigaciones de manera automática ante cada caso de robo o contrabando de combustible, sino que requiere que exista una denuncia o una remisión que permita abrir el procedimiento correspondiente dentro de sus atribuciones.
La declaración de Buenrostro se produjo después de que la presidenta solicitara públicamente mayor información sobre la posible participación de servidores públicos en este tipo de delitos.
La investigación sobre las redes de combustible continúa
La postura del Gobierno federal se presenta en medio de una estrategia para combatir el robo y el contrabando de hidrocarburos, delitos que representan un problema tanto para las finanzas públicas como para la operación legal del mercado de combustibles.
Las autoridades han realizado decomisos, cateos y detenciones relacionados con redes dedicadas al almacenamiento y comercialización irregular de hidrocarburos.
Sin embargo, una de las preguntas centrales de las investigaciones es determinar cómo ingresan, se almacenan, transportan y comercializan grandes cantidades de combustible fuera de los canales legales, así como identificar a quienes participan en estas operaciones.
En este contexto, establecer si existen servidores públicos involucrados es una de las líneas que puede ser investigada por las autoridades competentes cuando existan elementos para ello.
El caso Guanajuato vuelve a colocar el huachicol bajo escrutinio
La declaración presidencial ocurre después de diversos operativos contra instalaciones donde autoridades han encontrado grandes cantidades de hidrocarburos presuntamente vinculados con actividades irregulares.
Uno de los casos recientes que generó especial atención fue el aseguramiento de decenas de millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, donde autoridades federales realizaron un operativo en una terminal ubicada dentro de un parque industrial.
La investigación busca determinar el origen, propiedad y trazabilidad del hidrocarburo asegurado, así como establecer si existieron irregularidades en su almacenamiento y comercialización.
La empresa relacionada con la terminal ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que sus operaciones son legales y cuentan con permisos y autorizaciones correspondientes.
Por ello, el caso permanece sujeto a investigación y serán las autoridades ministeriales y judiciales las que determinen si existieron delitos y, en su caso, quiénes serían responsables.
Gobierno busca identificar toda la cadena de responsabilidades
El combate al huachicol no solamente implica perseguir a quienes extraen ilegalmente combustible, sino también investigar las posibles redes que permiten su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.
En este sentido, la información sobre los 2 mil 654 detenidos adquiere relevancia, pero todavía es necesario conocer cuántos corresponden a particulares, servidores públicos o exfuncionarios.
La presidenta pidió que la FGR proporcione esa información para evitar que una cifra global oculte las diferentes responsabilidades que pudieran existir dentro de las investigaciones.
Al mismo tiempo, Sheinbaum insistió en que el hecho de que hasta ahora no se haya identificado a un trabajador de Pemex involucrado directamente no significa que las investigaciones hayan terminado.
Investigación abierta y sin conclusiones definitivas
La presidenta fue cuidadosa al señalar que las investigaciones continúan y que todavía no puede descartarse la existencia de funcionarios de Pemex que eventualmente pudieran estar relacionados con algún delito.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que sus actuaciones dependen de la recepción de denuncias o de casos remitidos por Pemex.
Con más de 2 mil 600 personas detenidas desde octubre de 2024, el siguiente punto será conocer qué proporción de esos casos ha llegado ante los tribunales, cuáles corresponden a particulares y cuáles podrían involucrar a servidores públicos.
Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el robo y contrabando de combustibles, un fenómeno que continúa representando un reto para el Gobierno federal y para Pemex.
La propia solicitud de Sheinbaum a la FGR para desglosar la cifra de detenidos deja pendiente una pregunta central: quiénes son las personas que integran esas investigaciones y qué nivel de responsabilidad tiene cada una dentro de las redes dedicadas al huachicol.
