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La venta ilegal de armas de fuego mediante plataformas digitales aumentó 500 por ciento en Oaxaca durante el último año, reveló el fiscal, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Durante su conferencia de prensa de este miércoles, informó que siete personas fueron detenidas en el último mes por comercializar armas cortas y largas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Marketplace de Facebook, grupos de compraventa, Telegram y posteriormente WhatsApp forman parte de los canales utilizados para contactar compradores y concretar las operaciones.
La mayor actividad ha sido detectada en municipios conurbados con Oaxaca de Juárez y en el corredor de Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán.
Ante el crecimiento de este mercado, la Fiscalía creó un área especializada de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para realizar patrullajes digitales e identificar publicaciones relacionadas con la venta ilegal de armamento.
Los vendedores utilizan fotografías antiguas o ambiguas, palabras modificadas, códigos y emojis para evadir los controles de las plataformas. En esos mismos espacios también se ha detectado la oferta de drogas y cartuchos.
Una vez establecido el primer contacto, la conversación migra hacia canales privados como WhatsApp o Telegram, donde los vendedores buscan verificar que el supuesto comprador no pertenezca a alguna corporación de seguridad.
Después acuerdan encuentros en estacionamientos, centros comerciales u otros lugares públicos. En algunos casos solicitan anticipos mediante retiros sin tarjeta y exigen liquidar el resto en efectivo al momento de entregar el arma.
La Fiscalía también detectó una modalidad para trasladar armas desarmadas por piezas, cuyos componentes son enviados por separado para dificultar su identificación y posteriormente ensamblarlos.
Entre los aseguramientos realizados se encuentran revólveres y pistolas tipo escuadra en San Martín Mexicapam y San Antonio de la Cal, además de una escopeta Stevens calibre 20 enviada mediante un servicio de paquetería en transporte público.
Las investigaciones también muestran un aumento en la capacidad del armamento comercializado, con aseguramientos de carabinas de asalto y subfusiles. Durante algunas entregas fueron decomisadas metanfetaminas y marihuana.
El precio promedio identificado por las autoridades es de 45 mil pesos por un arma corta y 75 mil pesos por un arma larga.
Rodríguez Alamilla explicó que buena parte del armamento asegurado es de fabricación estadounidense y brasileña. En el caso de Estados Unidos, señaló principalmente la frontera con Texas como ruta de ingreso.
Sin embargo, la Fiscalía ha observado recientemente un incremento de armas que presuntamente entran al país desde Guatemala.
El fiscal advirtió además que el marco jurídico presenta rezagos frente a esta modalidad de tráfico, debido a que la legislación federal sobre armas no regula específicamente su oferta mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y mercados digitales.
El reglamento vigente data de 1972 y tampoco contempla fenómenos actuales como perfiles anónimos, mensajes cifrados, cuentas desechables, algoritmos, operaciones transfronterizas en línea y evidencia digital.
