En 1911 en el pueblecillo de Ayoxuxtla, Puebla, Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur suscribieron el Plan de Ayala. En San Pablo Oxtotepec, cuatro días después de la caída del chacal Victoriano Huerta firmaron su Acta de Ratificación los generales Eufemio Zapata, Genovevo de la O, Francisco Méndez, Jesús H. Salgado, Otilio E. Montaño, Manuel Palafox, el Ing. Ángel Barrios, Antonio Díaz Soto y Gama y otros. Zapata se abstuvo; en el texto lo nombraron Jefe de la Revolución en todo el país.
Los zapatistas fueron traicionados por Francisco I Madero quien en su etapa antiporfirista prometió expropiar haciendas para el reparto a los pueblos; idéntico a Porfirio Díaz antes de la batalla de Tecoac. Madero, Presidente de la República ignoró su compromiso. Por eso Zapata mantuvo su lucha armada. El Plan de Ayala explica la ruptura zapatista con el proyecto privatizador de Carranza.
Justos cien años después en el mismo pueblo, AMLO se comprometió con el mundo rural. “Sí lo asumo: vamos a regresar al campo”, dijo López Obrador a más de 20 organizaciones campesinas e indígenas que lo invitaron a impulsar el “Plan de Ayala del Siglo XXI” que comprende siete puntos torales:
“El campo, los campesinos y pueblos originarios, serán considerados prioritarios en el nuevo proyecto de Nación y asunto de seguridad nacional y humana”;
“Se pugnará por fortalecer la propiedad agraria social y los recursos territoriales de ejidos, comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios, revertiendo la contrarreforma agraria salinista. Muchos campesinos aún pueden acceder a la tierra”;
“Serán bases de las políticas agroalimentarias y desarrollo rural la soberanía alimentaria, el derecho a producir los propios alimentos, al trabajo, a no migrar, a una alimentación sana suficiente y cabalmente apropiada; se renegociará el TLC,
“Se promoverá la agroecología y la protección de la biodiversidad”;
“Se reconocerá el carácter multifuncional de la agricultura y de la gestión de los territorios rurales”;
“Se establecerá un gobierno progresista, nacionalista, social, garante de los derechos humanos y con fortaleza económica-es decir un gobierno de izquierda-para impulsar otro sistema político, económico, agroalimentario, social y ambiental que responda a las necesidades del pueblo y la nación, capaz de regular los mercados, desmantelar monopolios y prácticas anticompetitivas”;
“Los signantes se comprometieron a ser portadores de un nuevo modelo de relaciones humanas y de civilización basado en el respeto y el amor a todas las personas, el cuidado de la naturaleza y la primacía del interés general sobre el provecho individual”.
Algunas observaciones.
-Se coloca a campesinos e indígenas en primer lugar de una potencial política rural integral. Es revolucionario respecto del salinista Art. 27 Constitucional vigente que: cancela el derecho de campesinos e indígenas a exigir tierras e impulsa la privatización de ejidos y tierras comunales mediante su comercialización. Todo dizque “para recapitalizar el campo”
-Apoya preferentemente a la propiedad agraria social como consecuencia obligada del anterior punto. Objetivo medular es la “reversión de la política agraria salinista” Esa solución la postulan diversos líderes democráticos. Discrepo y reitero mi tesis: NO se debe “revertir”, es decir volver a su texto original el Art. 27 Constitucional. Sería anacrónico para una situación radicalmente diferente.
Cuando Salinas en 1992 realizó su contra-revolución constitucional, la Constitución con el Art 27 cumplían 75 años. Por ejemplo: ese artículo prohibía el arrendamiento y venta de parcelas ejidales. En la práctica estaban arrendados y vendidos ejidos completos. Ahora, sumados otros 20 años, la situación se ha transformado más. Por eso, se debe substituír la versión tecnocrática salinista con una legislación de avanzada: institucionalizando la potestad campesina e indígena sobre todos los recursos en sus tierras, excepto los del subsuelo, en que podrán beneficiarse con carácter de socios preferentes y el carácter de patrimonio familiar de todos los derechos ejidales y comunales, ahora adjudicados individualmente. .
-Renegociar-modificar- el TLC exige definir previamente en qué rubros, tiempos y opciones se debe cambiar. El TLC originó la quiebra, expulsión y emigración de millones de campesinos, pero creó un grupo importante de productores beneficiados. Desdeñarlos puede derivar en conflictos de imprevisibles consecuencias. Además, el TLC es supraconstitucional para México; para los EUA es un convenio. Renegociarlo, lo que rechazan rotundamente los sectores beneficiados de EUA y Canadá, podría abocarnos a repudiarlo, con todas sus consecuencias.
-Una nueva política agropecuaria, nacionalista, orientada primordial, pero no exclusivamente a fortalecer el mercado interno, requiere la reforma de la administración pública federal. Paquidérmica, es copia de la de EUA. La burocracia mexicana concibe fragmentado al “sector rural”. En la realidad el “sector” rural se vincula e influye en toda la economía. Un sector rural dinámico es apoyo a toda la sociedad. En sentido contrario, es el sector “enfermo”.
El crecimiento rural norteamericano, tiene metas y requisitos con tecnologías intensivas en capital inaplicables por su costo en todo México entre grandes grupos étnicos y campesinos. Los programas rurales en México adoptan las características tecnocráticas de ese país, inconciliables con las necesidades nacionales. Esto explica que desde decenios, con políticas inadecuadas para México se confrontan los problemas del “desarrollo y el subdesarrollo” rurales. El fracaso en alcanzar el “desarrollo” rural revela que, además de su probable carácter ilusorio, es vía inconciliable con las características sociales de México.
“Regresar al campo” es una afortunada frase de AMLO. Es el propósito de reincorporar al Estado su responsabilidad conductora de la política agraria. Reviste singular interés por que ahora y más en el futuro, el capitalismo salvaje avasalla y exprime a las sociedades rurales, con la complicidad o pasividad de los gobiernos nacionales. La penetración extranjera se difunde en todos los ámbitos rurales y copa las utilidades del proceso económico. La histórica acumulación de capital vía un intercambio comercial asimétrico y la explotación de la mano de obra, han sido superadas por la agresividad generalizada de las transnacionales que despojan a los hombres del campo de sus riquezas.
“El Plan de Ayala para el Siglo XXI” aporta propósitos y metas diferentes de los tradicionales; hemos de organizarnos como nación para esa transformación. Un tema central en las entidades federativas es identificar sus características regionales para adecuar la nueva política nacional a los problemas rurales. No podemos hacer tabla rasa en un país que como el nuestro es diverso y multiétnico.
El compromiso de AMLO con las organizaciones que suscribieron el proyecto del “Plan de Ayala para el Siglo XXI”, es un avance en el Proyecto de Nación que millones de mexicanos adoptamos. La ciudadanía debe participar, opinar y polemizar sobre un asunto clave para el futuro del país. Serían pruebas de un auténtico cambio democrático.
