Con modificaciones a 100 artículos de la Ley Federal del Trabajo y sin considerar un solo cambio al 123 constitucional, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados tiene lista su contrapropuesta de reforma laboral, que entre otros aspectos prevé reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo, eliminar la toma de nota para el registro de sindicatos y regular el esquema de contratación outsourcing, con sanciones penales a quienes evadan el pago de las prestaciones laborales.
De acuerdo con el proyecto redactado por legisladores del sector obrero del Revolucionario Institucional, los derechos a la huelga y a la contratación colectiva de trabajo se mantendrán sin restricciones.
Establece además que los aumentos salariales estarán siempre por encima de la inflación registrada el año inmediato anterior.
El borrador de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo considera mecanismos para garantizar una justicia laboral expedita, mediante el fortalecimiento de la conciliación.
La propuesta de los diputados federales del PRI introduce como principio rector de las relaciones laborales el concepto de “trabajo decente”, entendido éste como el que comprende una remuneración adecuada, prestaciones justas, normas no discriminatorias, formación profesional continua, fortalecimiento sindical y negociación colectiva, entre otras características.
Al advertir que hasta un millón 144 mil mexicanos se encuentran desempleados por alguna forma de discriminación, el proyecto priista prohíbe esas prácticas por motivo de origen étnico, sexo, edad, capacidades diferentes, doctrina política, condición social, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra razón.
Proscribe la exigencia de la prueba de “no embarazo” como condición para contratar mujeres.
La iniciativa de 47 páginas incluye el concepto de productividad y precisa mecanismos de acuerdo entre patrones y trabajadores en esa materia, para evitar la sobreexplotación de los obreros o la limitación de sus derechos.
Por lo que hace a la reducción de la jornada laboral, el documento detalla que “es razonable pensar que si esta reforma tiene como uno de sus propósitos elevar el número de empleos disponibles en la economía nacional, el establecimiento de una jornada semanal de 40 horas, pero con pago de 48 horas, permitirá a un gran número de desempleados acceder al empleo remunerado y a la capacitación laboral”.
En materia de registro sindical y toma de nota, “se elimina expresamente cualquier facultad, explícita o implícita, que las autoridades registradoras pudieran haber tenido para inhibir el nacimiento y la vida de los sindicatos”.
De igual forma se plantea la necesidad de regular el esquema de contratación outsourcing, sin que ello implique prohibirlo, pues esa alternativa puede ser útil para la generación de empleo, siempre y cuando las empresas que contraten personal, a través de un intermediario, verifiquen que se trate de una persona moral legalmente constituida y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Los legisladores del Revolucionario Institucional proponen así el establecimiento de “sanciones severas, incluso penales”, para aquellas empresas que evadan los derechos de los trabajadores.
La iniciativa sujeta aún a observaciones de los diputados priistas es producto de los foros de consulta propuestos por el coordinador de la fracción, Francisco Rojas, y organizados por los legisladores del sector obrero en diversas ciudades del país.
Milenio
