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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que recibió testimonios, videos, mensajes de WhatsApp e información financiera de informantes para investigar irregularidades en contrataciones electorales, en el caso de corrupción en el que está implicada la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.
Por primera vez, el órgano fiscalizador desarrolló investigaciones con la colaboración directa de personas que proporcionaron información y elementos relevantes para solicitar los beneficios de su “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”.
La ASF explicó que este mecanismo fue instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y permitió obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años.
Entre los elementos recabados destacaron testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
Las investigaciones permitieron documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
La Auditoría relacionó a empresas, beneficiarios finales y personas servidoras públicas involucradas con las investigaciones sobre organismos electorales.
También identificó como parte de las prácticas investigadas la “intervención en la selección de proveedores” y la “definición de requisitos técnicos a modo”.
“La información aportada versa sobre múltiples irregularidades cometidas durante años en la contratación de diversos bienes y servicios”, estableció la ASF.
El esquema presentó a los colaboradores como “informantes en busca de beneficios por colaborar en la investigación”, bajo un identificador de confidencialidad.
Como antecedente, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la ASF una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios del periodo 2016-2026, además de preservar documentación física y electrónica vinculada con contrataciones, integrar un inventario institucional de adquisiciones y revisar su padrón de proveedores.
Los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas permiten a quienes participaron en faltas administrativas graves o faltas de particulares confesar su responsabilidad y solicitar una reducción de sanciones.
El beneficio puede representar una disminución de entre 50 y 70 por ciento del monto de las sanciones, sujeto a requisitos como aportar primero elementos suficientes para comprobar la infracción y sus responsables, colaborar de manera plena y continua y acreditar la veracidad de la confesión.
La ASF anunció que continuará las investigaciones para identificar a todas las personas involucradas, rastrear el destino de los recursos y promover la imposición de las responsabilidades y sanciones correspondientes.
