En un extenso artículo publicado en el transcurso de esta semana , primero en Milenio y luego en Noticias ( “Autonomía socavada: crisis de las universidades públicas”), el rector de la UABJO, Eduardo Bautista, sale en defensa de una decena de universidades públicas –incluída la UABJO- que enfrentan una severa crisis financiera derivada , en parte, de problemas estructurales, pero también de políticas contrarias a las recomendaciones de la SEP y organismos evaluadores y acreditadores y a fenómenos de corrupción de sus autoridades.
En su artículo, Bautista sostiene que atribuir esta crisis a fenómenos de corrupción y “malas administraciones” universitarias es una tesis simplista; y aunque luego reconoce que existen casos en donde los organismos auditores deben apresurarse en sus investigaciones y fincar responsabilidades, si ese fuera el caso, finalmente se inclina por explicar la crisis de ese conjunto de universidades en función de “problemas estructurales” que se originaron por la vigencia de “décadas de una política fallida de educación superior” (sic).
En ningún momento explica o dedica algunas líneas a las causas que originaron el déficit financiero de la UABJO del orden de los 380 millones ( uno de los mas bajos por cierto, comparado con otras universidades como la UAEM o la Veracruzana) acumulados a lo largo de varios rectorados, como se esperaba que lo hiciera tomando en cuenta que la intención de su texto es llamar la atención del gobierno de AMLO sobre un grave problema que de manera inmediata debe ser resuelto por la vía de inyectarle recursos extraordinarios y atendiendo las exigencias generales y particulares de cada universidad, pero también estableciendo nuevas reglas para transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos y , sobre todo, ofrecer resultados en sus funciones sustantivas.
En el caso específico de la UABJO problemas estructurales como su viejo sistema de pensiones y jubilaciones , plantillas laborales y nóminas duplicadas e irregulares, subsidios federal y estatales insuficientes, baja infraestructura académica,contratación discrecional de personal académico y administrativo , etc forman parte de los factores que detonaron la crisis que hoy la tiene tocando fondo, sin embargo habrá que insistir, como ya lo hemos escrito en otras ocasiones, que una parte sustancial de su crisis se explica también por factores de orden político y la corrupción que ha prevalecido, y persiste, tanto a nivel de la administración central como en la mayoría de sus planteles de educación media superior y superior.
El factor político tiene que ver, en esencia, con el control familiar y caciquil de las estructuras de poder universitario ( rectoría, secretarías, escuelas, facultades, sindicatos, grupos porriles), la sistemática violación a sus normas internas, incluída su anacrónica Ley Orgánica, y la ausencia de transparencia y rendición de cuentas en prácticamente todos los niveles de la administración central y los planteles universitarios.
Problemas no menos graves como la venta y tráfico de calificaciones; el creciente ausentismo de maestros y trabajadores; las altas cuotas de inscripción para los nuevos ingresos; recursos propios manejados como patrimonio personal por los directores de escuelas y facultades; “facilidades” a amigos y políticos para inscribirse, no asistir a clases y luego titularse a puerta cerrada, y la vigencia del sistema de subcontratación laboral por la vía del outsourcing implantado por el exrector Eduardo Martínez Helmes, merecen ser puestos en el tapete de las discusiones y una respuesta puntual por parte del rector Eduardo Bautista, no solamente para deslindar responsabilidades con los emisarios del pasado reciente sino para demostrar en los hechos que su compromiso es con la institución, con la rendición de cuentas y con una nueva Universidad.
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