“Mitos y verdades de las universidades”, es el título de un interesante y oportuno artículo de Ernesto Villanueva publicado en la última semana de diciembre por la revista Proceso y en donde el autor, bastante conocido por su conocimiento y experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas, afirma: “…una parte sustantiva de las universidades (públicas) incumple -sin consecuencias negativas- sus obligaciones de transparencia, imprescindibles para llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas.La información en sus portales suele estar atrasada o no existe, lo que crea un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad , con las honrosas excepciones de siempre”.
En el caso de Oaxaca ni el Sistema de Universidades Estatales( SUNEO) -un conjunto de universidades semipúblicas en su estructura orgánica y financiamiento-, ni la UABJO se encuentran en esas “honrosas excepciones” y, al contrario, ambas se han caracterizado por su opacidad y discrecionalidad para rendir cuentas de los recursos federales y estatales que administran . Tratándose de una obligación legal claramente establecido tanto a nivel federal como estatal la información que se puede consultar en sus portales de transparencia es pobre, deficiente e insuficiente, sobre todo en lo que se refiere a la parte presupuestal y administrativa, no así en sus actividades académicas y de vinculación en donde el SUNEO registra valiosa información.
Frente a estas y otras irregularidades,y los privilegios vigentes entre una casta burocrática muy visible en algunas universidades, que Villanueva lo ejemplifica con el caso de la Universidad Michoacana, lo que el autor propone es “ampliar de manera real y efectiva las labores de la ASF ( y agregaría: de los órganos de fiscalización a nivel estatal) para que ex, ante y expost esta institución audite los recursos públicos de las universidades e instituciones públicas de educación superior a fin de iniciar un nuevo ciclo de comportamiento de tal suerte que la corrupción no se traduzca en impunidad sino en sanciones que inhiban la comisión de conductas ilícitas o delictivas”.
Y esto último ya se refleja en las nuevas reglas establecidos por la Cámara de Diputados de tal manera que a partir de este año los recursos federales asignados a las universidades y demás IES deberán sujetarse a disposiciones como éstas:
_” El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación
-“Desglose del gasto corriente destinado a su operación.
“Los estados de situación financiera , analítico, así como el origen y aplicación de los recursos públicos federales.
-La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.”
Estos reportes deberán entregarse en forma trimestral a la SEP , que a su vez, ya validada, la turnará a la Cámara de Diputados para que ésta la publique en su página de internet.
El colofón de todo lo anterior es muy sencillo y claro: ya no mas opacidad y corrupción en las universidades públicas bajo el pretexto de la autonomía universitaria .
Y tampoco más auditorías a modo como las practicadas ( a nivel federal y estatal ) a la UABJO en el período 2012-2016 .
La bienvenida que el rector Eduardo Bautista ha dado a estas nuevas reglas, deben, por tanto, traducirse en un cambio inmediato a sus políticas de transparencia y rendición de cuentas porque hasta ahora, parafraseando a Ernesto Villanueva, buena parte de las universidades públicas, como es el caso de la UABJO, solamente han posicionado públicamente “mensajes con medias verdades y mentiras completas”.
Twitter: @YescasIsidoro
Enero 8 del 2018.
