#JaimeGUERRERO
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 43 personas ligadas a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo.
Fuentes extraoficiales confirmaron que la medida alcanzó a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE en medio de los señalamientos por sus vínculos con contratistas del organismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no identificó a las personas incluidas en la lista, las cuentas de Taddei Zavala.
Fuentes extraoficiales confirmaron que entre las cuentas bloqueadas se encuentran las de Guadalupe Taddei Zavala y las de José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del INE.
Taddei Zavala renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos por sus vínculos con José Alfredo Hernández Casillas y por posibles irregularidades en contratos de material y servicios electorales.
En un video difundido el 2 de noviembre, Hernández Casillas hizo cálculos frente a Taddei Zavala sobre un presunto reparto de ganancias relacionado con la credencial para votar.
“Yo llevo uno trescientos y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, le dijo el contratista.
El 30 de octubre, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que su oficina tenía 18 expedientes por posibles irregularidades. De ellos, 13 seguían en investigación y cinco habían pasado a procedimientos de responsabilidad administrativa.
En su comunicado, Hacienda informó que la medida abarcó a 28 personas físicas y 15 personas morales.
La UIF determinó su incorporación a partir de los análisis financieros que realizó en el ámbito de sus atribuciones.
Asimismo, identificó “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.
Hacienda precisó que la incorporación a la lista “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.
Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable, agregó.
Con base en los análisis financieros y los riesgos identificados, la UIF presentó la denuncia para que la FGR, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
La UIF reiteró su compromiso de prevenir, detectar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes.
La Unidad prometió que garantiza en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
