Si el presidente Donald Trump tiene un muy conocido estilo de negociación política, México también ha desplegado si no un estilo sí cuando menos aplicar el método de la física de que en política todo lo que resiste apoya.
En tres ocasiones Trump ha caracterizado a México como un narcoestado en tanto que la reacción mexicana ha sido aguantar para obligar a Estados Unidos a dar el primer paso desestabilizador directo con alguna invasión militar.
Trump está exigiendo que México desmantele la estructura de complicidad gobierno/Estado con los cárteles del narcotráfico y entregue a la justicia estadounidense a algunos de los políticos que aparecen apoyando narcos cuando menos en referencias periodísticas, teniendo quizá como referencia el caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien le confesó al columnista Salvador García Soto que había pactado con el Mayo Zambada y con el Cártel de Sinaloa para poder llegar al poder estatal.
En respuesta indirecta –pero con lecturas que más directas no podrían ser–, el gobierno morenista mandó un mensaje: el hijo del expresidente López Obrador, Andy, en función nada menos que de secretario de Organización del partido Morena presentó una foto donde le entrega públicamente su credencial de rehabilitación partidista al gobernador Rocha Moya, un hecho que fue caracterizado como blindaje de impunidad. Si en Estados Unidos saben leer en clave de mexicana, ahí quedó fijada esta respuesta de que México no jugará en la cancha de seguridad de Estados Unidos.
El secretario mexicano de seguridad, Omar García Harfuch, arribará en estas horas a Washington para abrir la primera ronda de negociaciones sobre el tema de seguridad, pero básicamente el punto 1 de la agenda es el de los cárteles del narcotráfico que controlan el contrabando de droga y a las células de esos cárteles dentro de Estados Unidos.
El funcionario mexicano arriba a esas conversaciones con dos puntos en contra: las tres acusaciones de Trump de que México es un narcoestado y el registro de esa afirmación en documentos oficiales de la Casa Blanca que pasarán a la historia política de EU, la identificación directa de seis cárteles como responsables del tráfico de drogas de México a EU y la caracterización de esos cárteles como organizaciones terroristas que caen dentro del marco referencial de las leyes de emergencia que determinan los enfoques estadounidenses de seguridad nacional.
En el portafolio del secretario García Harfuch se incluyen los expedientes de desarticulación de algunos laboratorios clandestinos de fentanilo en Sinaloa, los decomisos de esa droga que fueron instrumentados de manera rápida porque ya se tenía la información y los nombres de niveles intermedios de narcos encargados de la producción y tráfico de drogas.
Pero en Estados Unidos están esperando decisiones enérgicas de México para limpiar los territorios que ha sido capturados por las bandas del narcotráfico, sobre todo y de manera simbólica la zona de Badiraguato en Sinaloa donde viven, producen droga y trafican las principales figuras del Cártel de Sinaloa, un área que el presidente López Obrador visitó muchas veces para apoyar programas sociales pero en donde en una de las visitas saludó de mano nada menos que a la mamá del Chapo Guzmán, en ese momento ya procesado en cortes americanas.
Sinaloa en estos momentos –y un poco EU maneja esa información– está atravesada por presiones de autoridades contra el Cártel de Sinaloa y de este cártel del Chapo contra el Jalisco Nueva Generación y ha convertido al estado en unas zona de guerra violenta en la que las autoridades parece ser que no se involucrarán para no quedar atrapado en la guerra de bandas y no de abrazos.
Las siguientes horas serán determinantes para la relación México-EU en materia de narcotráfico: Trump quiere decisiones concretas en las que participen operativamente fuerzas estadounidenses para desmantelar a Sinaloa como narcoestado, México ya dijo que no permitirá esas acciones y por lo pronto incidirá sobre decomisos y algunos narquillos de poca monta.
Trump ya tomó decisiones que van más allá de las acusaciones de que el gobierno mexicano está aliado a los cárteles de la droga: decretó aranceles, formalizó a los cárteles como terroristas y buscará obligar a México a firmar un acuerdo bilateral casi tipo el Plan Colombia.
Y México también tendrá que tomar decisiones para limpiarse de la acusación en tres ocasiones de que tiene un narco gobierno y que los cárteles del narcotráfico siguen contando con protección gubernamental.
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Política para dummies: la política queda marcada en los tiempos de la historia.
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