La ruta que a nivel nacional recorre el PRI para intentarrevertir los resultados electorales que lo colocaron en el sótano político ha enlodado, hasta ahora, a por lo menos cinco tribunales electorales: Estado de México, Guerrero, Campeche, Chihuahua y Oaxaca.
En todos los casos el principal argumento esgrimido por el partido tricolor para incrementar el número de sus diputados de representación proporcional ha sido la presunta sobrerrepresentación de Morena en los congresos locales. Sin embargo, aceptando sin conceder que esto pudiera resultar parcialmente cierto, y que no está a discusión el derecho de todo partido político a hacer valer los medios de impugnación a su alcance, lo que llama la atención es la estrategia política diseñada por la dirigencia nacional del PRI y sus gobernadores para ganar ventaja en el litigio electoral: amedrentar o cooptar a los magistrados de los tribunales electorales.
En el caso de Oaxaca todo apunta a que la fórmula para que dos de los tres magistrados del Tribunal Estatal Electoral(TEE) despojaran a Morena de 7 diputaciones de RP fue por la vía de la disciplina partidista y/o el “impulso procesal”,esto es, el intercambio de favores por dinero constante y sonante.
Tratándose de un viejo cuadro del PRI y que pudo ser designado magistrado –entre otros factores- por los buenos oficios de su amigo José Antonio Hernández, cuando éste se desempeñara en el 2015 como representante del PRI ante el Consejo General del INE,al magistrado presidente, Miguel Angel Carballido, no le costó mucho trabajo tomar la decisión de atender una llamada de un alto mando de su partido, o del propio presidente de la Fundación Colosio, José Murat, para ponerse de acuerdo con su par, VictorManuel Jimenez Viloria (promovido por su pariente y expdtedel PAN, Juan Mendoza Reyes) y ambos ordenar la redacción y luego aprobar una resolución que redistribuye 7 diputaciones plurinominales asignadas a Morena de la siguiente forma: 3 para el PRI y cuatro más distribuidas al PVEM, PANAL, PAN y PRD.
Al margen de su disciplina partidista, en un caso, y de ceder su voto a cambio de ver cumplida su aspiración de ser reelecto en el cargo que vence en diciembre de este año, en el otro, el “impulso procesal” pudo ser otro factor de convencimiento para ambos magistrados, cosa que no extrañaría si se toma en cuenta que en la disputa por la presidencia del TEE ( Carballido es el tercero) lo que ha estado en juego entre los magistrados designados a finales de diciembre de 2015 ha sido el control administrativo y financiero de ese órgano jurisdiccional.
La estrategia del PRI-gobierno es muy clara: con los tres votos que pretenden adjudicarse bien podría constituirse como segunda fuerza parlamentaria en la siguiente legislatura y, apoyado por sus viejos aliados del PVEM y PANAL, así como por el PAN y PRD, ganar un lugar preponderante en la Junta de Coordinación Política para así encabezar un bloque opositor a los diputados(as) de Morena-PT y PES.
Con la resolución del TEE todo parecería que saldrá como fue planeado desde el Palacio de Gobierno y la Fundación Colosio, sin embargo no será así pues aún está por verse cómo actuarán los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Xalapa y, luego, de la Sala Superior , en donde los sobornos e influencias del triunvirato muratista no serán suficientes para impedir que se revierta la resolución del TEE que a todas luces resultó a modo.
El otro efecto de este escándalo político será el propio destino que a corto plazo tendrán los magistrados Miguel Angel Carballido y Victor Jimenez Viloria, no por la intención de la fracción de Morena de la LXIII legislatura de someterlos a juicio político en un Congreso dominado por el PRI, sino por los acuerdos que pudiera impulsar la bancada morenista, para este caso y otros, en el Senado que entra en funciones este primero de septiembre.
Al tiempo.
Twitter: @YescasIsidoro
Agosto 25 del 2018.
