El siglo XX fue determinante para el curso de la humanidad. En él sucedieron las guerras más cruentas y desastrosas, pero también, los países tomaron consciencia de que, sin los equilibrios para garantizar la paz, el único camino sería la destrucción mutua. Con esa premisa se creó la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, y a partir de este hito en la historia se sucedieron una serie de avances que pusieron en el centro la defensa de los derechos humanos. No es que fueran una novedad, considerando lo que ya habían planteado procesos históricos como la Revolución francesa siglos antes, pero por primera vez existiría un órgano que reuniría la voluntad de las naciones en su seno. Entre sus principales órganos desde su origen se encuentra la Corte Internacional de Justicia, a la que han llegado a pertenecer juristas mexicanos eminentes como Isidro Fabela y Bernardo Sepúlveda Amor.
Si bien la ONU representó el mayor avance civilizatorio en términos de una organización de alcance internacional para lograr la paz en el mundo, lo cierto es que por décadas careció de los instrumentos necesarios para ir más allá de condenar hechos y juzgar disputas entre Estados, tarea propiamente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En este contexto se inscribe la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo carácter es permanente y, a diferencia de la CIJ, tiene como misión juzgar a los individuos responsables de la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra o agresión. Su principal característica y diferencia con la CIJ, además de estar facultada para juzgar personas, es que la CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte del Sistema de Naciones Unidas, si bien colabora con la organización en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Al igual que la Corte Internacional de Justicia, la CPI tiene su sede en la ciudad de La Haya en los Países Bajos.
México ha dado un paso histórico en la conformación de la Corte Penal Internacional al nominar a la Embajadora Socorro Flores Liera y resultar electa para ocupar uno de los 18 asientos como juez en este Tribunal internacional; cargo que ocupará durante el período comprendido entre 2021 y 2030. La experiencia de la Embajadora es notable, pues formó parte de la Delegación de México durante el proceso que condujo a la Conferencia de Roma y la adopción del Estatuto de Roma y de sus instrumentos fundamentales. Desde 1992 es miembro del Servicio Exterior Mexicano y cuenta con una notable experiencia diplomática y jurídica. Su formación profesional es como Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Derecho por la UNAM. Solo para aquilatar el esfuerzo de los diplomáticos de carrera en México: comenzó su carrera en el SEM desde 1992, pero hasta 2012 ascendió al rango de Embajadora; dos décadas de trayectoria impecable. Hasta su elección, se desempeñaba como representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza; antes fue subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Cancillería.
La historia de la Corte Penal Internacional es realmente reciente, se remonta a la adopción del Estatuto de Roma en 1998. Como ha señalado la prestigiada ONG Human Rights Watch, la CPI empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Prácticamente dos décadas después, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia y los crímenes contra la humanidad no queden impunes. Su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores pues en vista de que la guerra siempre será una amenaza latente, nadie estará a salvo si no hay una última instancia que imparta justicia a ciertos mandatarios que desencadenan persecuciones, asesinatos masivos o violan sistemáticamente derechos humanos.
El jurista Sergio González señala: “en la historia moderna, la primera propuesta para la creación de una corte penal internacional permanente fue realizada hace más de un siglo por Gustav Moyner, de Suiza. Horrorizado ante las atrocidades cometidas por ambos bandos durante la guerra franco-prusiana en 1870, en enero de 1872 propuso que se constituyera una corte de estas características para juzgar las violaciones a las normasaplicables en caso de conflicto y procesar a los responsables”. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo que dio pie a amplias discusiones sobre la culpabilidad de los criminales de guerra, especialmente nazis. Hay que ver en los juicios de Núremberg un antecedente directo para entender y procesar los crímenes de lesa humanidad. Esto nos habla del largo esfuerzo que permitió, a finales del siglo XX, contar con los elementos y el consenso para poner en marcha el órgano colegiado, jurisdiccional e independiente que hoy existe.
Bajo el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002, la CPI es una esperanza para hacer justicia en un mundo impredecible, y en un siglo que entre otras cosas arrancó con una guerra en Irak sumamente cuestionable, en la que hay evidencia de que se violaron derechos humanos. Aunque en su momento Bill Clinton estuvo a favor de este mecanismo, para Bush resultaba injustificado, y Trump incluso impuso sanciones a sus funcionarios a través de una orden ejecutiva debido a una investigación en curso que involucraba a tropas de Estados Unidos por su participación en Afganistán. En otras palabras, este avance civilizatorio no lo es para todos los líderes globales, especialmente cuando se busca encubrir situaciones graves para la imagen de los países. Frente a esta embestida, la Unión Europea salió en defensa de la CPI como un instrumento clave para impartir justicia a nivel internacional. Como dijo en su momento Kofi Annan, ex secretario general de la ONU: “Esta causa es la causa de toda la humanidad”.
Con todo este contexto, es más que relevante la designación de la Embajadora y ahora jueza internacional Socorro Flores Liera. Contar con una mexicana en la Corte Penal Internacional engrandece a nuestro país, pero también es un mensaje para las niñas y jóvenes mexicanas, de que con preparación, esfuerzo y trabajo arduo pueden cumplir sus sueños. Así, el anhelo de construir la paz mundial puede estar ya en la mente de una niña mexicana, como lo fue la Embajadora Flores Liera. Como esposo y padre de dos hermosas hijas, es mi deseo en esta época de paz y armonía. Sirva esta ocasión para enviarle un abrazo a la distancia y desearle lo mejor en 2021. @pacoangelm
