Durante los últimos años el combate a la corrupción se ubicó como uno de los ejes trascendentales en la política mexicana, obtuvo la atención necesaria y pasó de una aparente conjetura para convertirse en el instrumento absoluto para consagrar el miedo y concebir entre el sigilo de investigaciones, las estrategias adecuadas para consagrar a unos cuantos al poder.
Pareciera entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, consiguió la fuerza necesaria para terminar de una vez por todas con el cáncer que nadie se adjudica, pero justifica inoportunos resultados o la incapacidad para generar soluciones.
Absurdo imaginar, la corrupción terminará sin el respaldo de la sociedad, de la noche a la mañana y con la llegada de un partido o el arribo de un gobernante.
El caso del Ex Director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, obliga discutir nuevamente la existencia de un adecuado, efectivo y responsable combate a la corrupción en el país.
Más allá de los forzados y siempre controvertibles discursos, declaraciones o carpetas de investigación, resulta inhumano conocer al inicio o término de cada administración, los múltiples desfalcos millonarios al erario, en tanto se pregona la falta de recursos públicos para generar empleos, dotar de equipo a corporaciones policiacas, o insumos básicos a médicos y enfermeras.
Sin duda, intentar disuadir o terminar con la corrupción, será una de las mejores herramientas de cara al proceso electoral del 2021, aunque no necesariamente justifique su victoria.
Basta recordar la pandemia ocasionada por la covid 19 para comprender el impacto que tiene aún en las familias mexicanas, no solo por el inadecuado manejo de crisis, la falta de empleo o resultados para consagrar la vida y concebir soluciones concretas ante el desolador panorama económico que se avecina.
Sin importar lo que suceda, nada ocasionará que conserven el poder.
La pregunta en cuestión: ¿Terminarán en la cárcel ex funcionarios acusados de cometer actos de corrupción? ¿Simulación, estrategia o justa medianía para conservar el poder?
Mientras dicha teoría se diluye, adversarios justifican su derecho bajo la apología de la presunción de inocencia y los gobiernos desaprovechan la oportunidad de recuperar recursos públicos bajo la extinción de dominio y sentar las bases para el combate a la corrupción en la república mexicana. Invertirlo lo recuperado, de momento perece poco racionable.
Basta recordar el combate a la corrupción en el norte del país con la recuperación de cantidades importantes para concebir el compromiso de algunos gobernantes con la sociedad, o inmortalizar en la memoria casos donde la misma autoridad obstaculiza la persecución de estos delitos.
Girar órdenes de aprensión no basta, tampoco anunciarlos con bombo y platillo. Se requiere inversión para Fiscalías Anticorrupción del país, dejar de administrar recursos para instancias que en poco favorecen el combate a la corrupción, o no cuenta con capacidad jurídica para llevar a juicio a responsables y recuperar los recursos públicos.
En tanto eso sucede, bajo el debido proceso y ante la falta de pruebas para solventar las investigaciones, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
