La presidenta solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar contratos, recursos públicos, salarios y posibles irregularidades en el organismo electoral. También llamó al Órgano Interno de Control del INE a compartir la información disponible para esclarecer los señalamientos y evitar posibles conflictos de interés o actos de corrupción.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió una auditoría “profunda” al Instituto Nacional Electoral (INE) que abarque tanto la gestión de su actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, como las administraciones anteriores, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos y esclarecer los recientes señalamientos relacionados con contratos millonarios.
Durante su conferencia matutina de este martes 27 de octubre de 2026, la mandataria sostuvo que la revisión debe comprender los contratos, las erogaciones, los salarios y cualquier otro elemento que permita conocer cómo se han administrado los recursos del organismo electoral.
Sheinbaum planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la información correspondiente y determine los mecanismos necesarios para examinar las posibles irregularidades, en medio de la controversia pública que involucra a la actual dirección del instituto.
“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo”, afirmó la presidenta, al insistir en que deben transparentarse los contratos celebrados durante la gestión de Taddei y también los correspondientes a periodos anteriores.
Pide revisar contratos y recursos de todas las administraciones
La solicitud presidencial se produce en un contexto de cuestionamientos públicos sobre contratos de alto monto vinculados con el INE y presuntos conflictos de interés. Ante estos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que la revisión no debe limitarse a una sola administración, sino extenderse al conjunto de la institución.
La mandataria consideró necesario examinar el manejo de los recursos públicos y poner a disposición de las instancias fiscalizadoras la información que permita identificar posibles anomalías.
“Que se haga una auditoría profunda”, expresó, al señalar que la revisión debe abarcar las áreas e instituciones que determinen las autoridades competentes, así como los mecanismos que correspondan dentro del ámbito de la Cámara de Diputados.
La presidenta subrayó que la transparencia es fundamental para mantener la confianza en el organismo encargado de organizar las elecciones federales y garantizar el desarrollo de los procesos democráticos.
En ese sentido, sostuvo que el INE, por tratarse de una institución pública del Estado mexicano, debe rendir cuentas sobre el destino de sus recursos, independientemente de quién se encuentre al frente de su administración.
Llama al Órgano Interno de Control a entregar información
Además de solicitar la intervención de la ASF, Sheinbaum extendió el llamado al Órgano Interno de Control del INE para que comparta con la instancia fiscalizadora la información que tenga disponible sobre posibles irregularidades en el organismo.
La intención, explicó, es que las autoridades encargadas de revisar el uso de los recursos públicos cuenten con los elementos necesarios para examinar los contratos y determinar si existen situaciones que ameriten investigaciones adicionales.
La mandataria insistió en que deben transparentarse no solamente las contrataciones que se encuentran bajo cuestionamiento, sino también los salarios, las erogaciones y el conjunto de los recursos administrados por el instituto.
“Que salga a la luz todo”, sostuvo, al reiterar que no debe existir ninguna sospecha de conflicto de interés o corrupción en una institución cuya función es fundamental para la vida democrática del país.
No obstante, la solicitud de una auditoría no significa, por sí misma, que las irregularidades señaladas estén acreditadas. Corresponderá a las instancias competentes revisar la documentación, verificar los procedimientos y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.
Sheinbaum pide que el INE transparente sus contrataciones
Durante su intervención, la presidenta también planteó que las contrataciones públicas del INE sean incorporadas a los mecanismos de consulta y transparencia en los que se difunde información sobre las adquisiciones y los contratos del Gobierno federal.
Argumentó que, por su carácter de institución pública, el organismo electoral debe proporcionar información suficiente sobre el ejercicio de sus recursos y permitir que la ciudadanía conozca cómo se realizan sus contrataciones.
“Debería, como institución pública del Estado mexicano, transparentar absolutamente todo”, manifestó.
El planteamiento busca ampliar el escrutinio público sobre el funcionamiento administrativo del instituto y evitar que las dudas relacionadas con sus contratos permanezcan sin una revisión documentada.
La petición también coloca en el centro del debate la necesidad de distinguir entre los señalamientos públicos, las posibles irregularidades detectadas durante una auditoría y las responsabilidades que eventualmente puedan acreditarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
La revisión busca evitar nuevos cuestionamientos por posibles conflictos de interés
Sheinbaum afirmó que la revisión debe contribuir a impedir que vuelvan a presentarse situaciones que generen dudas sobre la integridad de los funcionarios o el manejo de los recursos del organismo electoral.
La presidenta consideró que el INE necesita mantener una estructura institucional sólida y transparente, por lo que insistió en que las autoridades fiscalizadoras deben contar con información suficiente para examinar las operaciones realizadas tanto en la gestión actual como en las anteriores.
Por ahora, la petición presidencial se centra en que la ASF revise el alcance de la información disponible y determine las acciones de fiscalización que correspondan. La eventual identificación de anomalías, así como la existencia de responsabilidades individuales, dependerá de los resultados de esas revisiones y de las investigaciones que, en su caso, se deriven.
Con este llamado, el Gobierno federal coloca nuevamente bajo el escrutinio público la administración de los recursos del INE y plantea la necesidad de que el organismo electoral transparente sus contratos y sus decisiones administrativas, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
