#JaimeGUERRERO
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que existe una “decadencia” en el servicio público por la falta de principios éticos y de una plena sujeción de los funcionarios a las normas.
Durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad 124/2025, el ministro sostuvo que el concepto constitucional de “modo honesto de vivir” no debe convertirse en letra muerta, sino contar con parámetros objetivos para su aplicación.
“Me cuesta admitir que la Corte renuncie a darle contenido a esta fórmula, máximo si en las condiciones actuales en las que vive el país hay, digámoslo así, una decadencia del servicio público”, expresó.
Aguilar señaló que algunos servidores públicos “se sienten en libertad de hacer lo que su idea o su voluntad les permite”, ante la ausencia de principios éticos y de una sujeción plena a la norma.
Consideró que corresponde principalmente al Poder Legislativo establecer criterios objetivos sobre la forma en que debe ejercerse la función pública, no únicamente para determinados cargos, sino para toda la administración pública.
“De lo contrario, estaríamos diciendo que son asideros que no se pueden exigir a ninguna persona y que, por lo tanto, la función pública puede realizarse al arbitrio de cada uno de los funcionarios”, advirtió.
La ministra María Estela Ríos González cuestionó que se generalizara sobre la actuación de los servidores públicos y rechazó que el Estado mexicano pudiera ser calificado como corrupto.
Afirmó que, durante su paso por los gobiernos federal y de la Ciudad de México, encontró más personas honestas y cumplidas que funcionarios involucrados en actos de corrupción.
Ante el señalamiento, Aguilar Ortiz aclaró que no pretendió generalizar y ofreció una disculpa si su intervención fue interpretada de manera excesiva.
“Reconozco que hay esfuerzos por introducir principios éticos a la función pública, pero también hay que reconocer que aún persisten estas conductas, incluso dentro del Poder Judicial”, puntualizó.
El presidente de la Corte sostuvo que el fenómeno continúa presente en muchos niveles de gobierno y reiteró que la honestidad en el servicio público debe tener un contenido jurídico exigible.
La discusión surgió por los requisitos establecidos en la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur para dirigir las áreas encargadas de atender a este sector.
La legislación exigía contar con un “modo honesto de vivir” y un título profesional con al menos cinco años de antigüedad para ocupar la Dirección estatal de Atención para las Personas Indígenas y Afromexicanas.
El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la primera expresión es ambigua y permite valoraciones subjetivas, arbitrarias e incluso discriminatorias para impedir el acceso a cargos públicos.
Por siete votos contra dos, la Corte invalidó el requisito de “modo honesto de vivir”. Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra votaron contra su eliminación.
Aguilar Ortiz respaldó la invalidez, pero anunció un voto concurrente para insistir en que la Corte y el Poder Legislativo deben definir el alcance de esa expresión constitucional.
El requisito del título profesional fue invalidado por ocho votos contra uno, al considerar que imponía una barrera desproporcionada para personas indígenas y afromexicanas que han enfrentado desigualdades históricas en el acceso a la educación superior.
