Una gran noticia para la extensa comunidad mexicana en Estados Unidos es la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama, anunciada el jueves 20, de proteger de la deportación y otorgar permisos de trabajo por tres años a millones de inmigrantes indocumentados, el primer paso de una necesaria e inevitable reforma migratoria, una nueva legislación que tendrá que aprobar en el futuro inmediato un congreso diferente, sin la marcada composición conservadora de la actual, en ambas cámaras.
Para especialistas en temas migratorios y líderes hispanos de opinión, esta es la medida de política pública más importante de los últimos 50 años, desde la ley de inmigración de 1965, en la administración del presidente Lyndon B. Johnson, a iniciativa del representante Emanuel Celler, de Nueva York, y de los senadores Ted Kennedy, de Massachusetts, y Philip Hart, de Michigan. Con esta legislación, en su momento de avanzada, se estableció un límite máximo anual de 300 mil visados para inmigrantes, incluidos 170 mil para los países del hemisferio oriental, con no más de 20 mil por país.
Ahora, al menos cinco de los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos, la mayoría hispanos y predominantemente mexicanos, se beneficiarán de las medidas ejecutivas, políticas de carácter administrativo, del gobierno demócrata encabezado por el presidente Obama.
Por eso no extraña que el Gobierno de México haya dado la bienvenida, en un comunicado, a las medidas anunciadas por el presidente Obama “que benefician a un número significativo de mexicanos en ese país y van a mejorar sus oportunidades, así como su dignidad y certidumbre”.
Se trata, sin lugar a dudas, de una victoria política, una victoria de claro contenido humanitario de la comunidad latina. No es una concesión gratuita, es una ardua conquista de una comunidad que ya rebasa los 50 millones de personas, la sexta parte del total de población de los Estados Unidos. La medida del presidente Obama beneficia, incluso, a más personas que la amnistía de 1986.
El argumento principal dado por el presidente norteamericano, en el discurso donde anuncia la nueva política migratoria, es contundente: “¿Somos una nación que tolera la hipocresía de un sistema en el que los trabajadores que recogen nuestra fruta y hacen nuestras camas nunca tengan la oportunidad de estar de acuerdo a la ley? ¿O somos una nación que les da la oportunidad de hacer las paces, asumir sus responsabilidades, y dar un futuro mejor a sus hijos?”.
El plan migratorio del presidente Obama tiene tres características principales: 1) beneficiará a los indocumentados que tengan hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes; 2) que demuestren que llegaron el país desde antes del 1 de enero de 2010; 3) que carezcan de antecedentes criminales.
A la medida podrán acogerse unos 4 millones de indocumentados, mientras que el millón restante se verá protegido por otras acciones como la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un plan de 2012 para evitar la deportación de jóvenes que llegaron al país siendo niños.
Para acceder a los beneficios del nuevo programa para padres con niños estadounidenses o residentes permanentes, los potenciales beneficiarios deberán demostrar que su hijo nació antes del anuncio del presidente y que llevan en el país al menos cinco años.
También tendrán que someterse a una verificación de sus antecedentes criminales y pagar algunos derechos fiscales al erario norteamericano.
En cuanto a la DACA, que ha evitado la deportación de más de 580 mil jóvenes indocumentados desde agosto de 2012, hasta ahora dos de los requisitos básicos eran ser menor de 31 años y haber entrado en el país antes del 15 de junio de 2007.
De acuerdo con el nuevo plan migratorio, ese programa beneficiará ahora a las y los jóvenes que llegaron a EE.UU. antes de cumplir 16 años y con anterioridad al 1 de enero de 2010, con independencia de la edad que tengan actualmente.
Otros de los cambios positivos se darán en el sistema actual de visas y permisos de residencia, con énfasis en emprendedores que permitan atraer inversión y crear empleos, así como en estudiantes de campos como la tecnología, ingeniería, ciencia y matemáticas.
La política de deportaciones se centrará ahora en los criminales, personas con delitos vinculados a la seguridad nacional y aquellos que cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado, y no como en el pasado, y especialmente los últimos años, cuando se expulsaba a los indocumentados de manera indiscriminada, incluidos los millones que con sus tres condiciones virtuosas, como trabajadores, contribuyentes y consumidores, han contribuido de manera decisiva a la construcción de la mayor economía del mundo.
Estamos a la mitad del camino de la respuesta a la exigencia permanente de la diplomacia y el congreso mexicanos, que hemos demandado de Estados Unidos una reforma integral que dé estabilidad a la residencia de los trabajadores inmigrantes y un respeto escrupuloso de sus derechos laborales y humanos.
La última gestión, desde la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la que me distingue formar parte, fue el reclamo al gobierno de Estados Unidos de un trato humanitario a los niños inmigrantes, muchos de ellos viajantes sin padres, de los países de Centroamérica, una crisis agudizada justamente este año, pero de manera permanente hemos alzado la voz en defensa de nuestros connacionales y especialmente de nuestros hermanos oaxaqueños.
Desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal, los grupos interparlamentarios internacionales, y desde todos los foros ciudadanos, nacionales y del exterior, mi voz y mi voto seguirán siendo en favor de reformas jurídicas, acuerdos diplomáticos, políticas públicas y acciones gubernamentales que beneficien a las y los mexicanos ahí en donde estén, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
