Oaxaca vive tiempos violentos y de creciente inseguridad e impunidad. Se disparó desde el pasado sexenio, pero se ha agudizado con el regreso del PRI a la gubernatura. Y lo peor es que en vez de actuar con responsabilidad y eficacia, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado solo han tomado nota de los hechos sin llegar al fondo de sus investigaciones ni mucho menos esclarecer y castigar a los responsables.
Ocurrió con el crimen de la candidata del PRI a concejal por el municipio de Juchitán, Pamela Terán: desde los altos mandos de los poderes ejecutivo y judicial se prometió esclarecer el crimen y es la fecha que no se ha dado con los culpables. Eso sí, más con fines mediáticos que por un genuino interés por cumplir con sus responsabilidades, desde la jefatura del poder ejecutivo se anunció entonces la creación de un cuerpo de élite con policías federales y locales denominado pomposamente Fuerza Especial Oaxaca.
Sin embargo de poco sirvió pues pese a su presencia en la región del istmo (exclusivamente) la ola delictiva y las ejecuciones no cesaron. Y seguirán ante la ausencia real de seguridad en sus municipios y distritos.
Pero, a menos de una semana de la jornada electoral, el miedo y tensión política se reactivaron, ahora en la Sierra Sur y la Costa.
En San Vicente Coatlán, Miahuatlán, el lunes 25 fueron abatidos a balazos por manos hasta ahora desconocidas el morenista y candidato de Juntos Haremos Historia a diputado local por el distrito 21, Emigdio López Avendaño, y otros cuatro integrantes de su equipo de campaña. Y al día siguiente, en el municipio de Pochutla, manos criminales intentaron acabar con la vida del dirigente estatal con licencia del PRD y candidato a presidente municipal, Raymundo Carmona Laredo, y tres integrantes de su planilla.
En primera lectura, el mensaje sobre estos dos últimos lamentables sucesos parece estar muy claro: sembrar temor entre simpatizantes morenistas y perredistas, y entre el electorado en general, y pretender inhibir el voto opositor. Pero va más allá y esta violencia en cadena lo que busca es generar una percepción de miedo en todo la entidad con el avieso propósito de ahuyentar a los ciudadanos de las urnas. Y es sabido por todos que la abstención, o una baja votación, a quienes generalmente beneficia es a los candidatos y partidos con un fuerte caudal de votos duros.
A este clima de violencia habrá que agregar otro fenómeno que ya se ha hecho visible en estos últimos días, previo al período de veda electoral: la compra y coacción del voto y la presión hacia los beneficiarios de los programas sociales (fundamentalmente Prospera) para que sufraguen a favor de los candidatos del PRI.
El robo de 7 mil boletas y demás material electoral en San Juan Quiahije es otro síntoma ominoso de este proceso electoral que, como nunca en la historia reciente de Oaxaca, está cobrando cuotas de sangre en un claro intento, insisto, para sembrar miedo y evitar que todos y todas salgamos a votar este primero de julio.
Pese a todo, partidos y candidatos, y sobre todo la autoridad electoral, deben cerrar filas para emplazar a los gobiernos estatal y federal a ser garantes de unas elecciones libres y pacíficas.
Si ya de por sí los hechos comentados son graves, mucho más grave sería que para el día de la jornada electoral se tuvieran que lamentar nuevos hechos delictivos o atentados en contra de candidatos, instituciones o funcionarios electorales.
Isidoro Yescas
Twitter:@YescasIsidoro
Foto: Pagina3
