Una de las razones por las cuales el país se mantiene en un franco atraso, es que los empresarios, enfrentan múltiples regulaciones y restricciones que les impiden llevar a cabo sus actividades. La mayor parte de obstáculos provienen de la enorme diversidad de entes de gobierno de todos los niveles, que constantemente los acosan para obtener de ellos rentas y hacerles en esencia la vida un tanto complicada. Debe advertirse que cierta dosis de regulación es necesaria, pero los encargados de las oficinas públicas tienen que considerar que tampoco puede ser abundante porque termina generando fuertes desincentivos a la actividad empresarial y ello pone en jaque las posibilidades de desarrollo del conjunto económico.
Las autoridades, particularmente las federales, se han dado cuenta de la enorme cantidad de trámites y procedimientos que tienen que realizar los actores económicos privados y entendiendo que esto no es sano, han dado pasos firmes para permitirles operar con un menor número de trabas asociadas a los reglamentos y normas vigentes. En los últimos años se ha intensificado el proceso de desregulación, algo con lo que nadie puede oponerse en su sano juicio, pero que muchos lo hacen (porque seguramente han vivido durante toda su vida del Estado y piensan que los ingresos que perciben son creados por esta figura, nada más alejado de la realidad).
Desregular más y mejor es fundamental para elevar los niveles de productividad; es decir, producir más con menos o lo mismo con menos, también es un factor que facilita el emprendimiento, la innovación, que conduce a crear más empleos y que por supuesto eleva nuestra competitividad. La desregulación debe ser generalizada, no debe diferenciarse tamaño de empresa, sector o región. Lo que se ocupa es crear condiciones para la operación en libertad de las empresas, con un gobierno que cuida que su operación sea rentable y respete las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.
Para nuestra mala fortuna, los gobiernos estatales y locales no han entendido todavía la importancia de la desregulación, incluso puedo afirmar que algunos se oponen a ella y trabajan a diario para generar un mayor número de procedimientos que cumplir, haciendo que los esfuerzos emprendidos en el plano federal sean de escasa importancia. En las diferentes regiones del país, es común oír a los empresarios, particularmente los más pequeños, quejarse amargamente de lo difícil que es sostenerse en el mercado, cuando las autoridades insisten en crear procedimientos para el inicio, operación e incluso para poner fin a sus actividades, muchos de los cuales son absurdos. En lo general existe descontento respecto a la labor de nuestros gobernantes y burócratas, particularmente los locales.
Se debe prestar atención a las microempresas, ya que representan el 95% del total de las empresas formales, emplean al 45.6% del personal ocupado y representan el 5.9% de la producción. Las medianas empresas apenas son 0.3% del total y producen 7.7% del PIB, mientras que las grandes representan el 0.2%, pero aportan 21.5% del empleo y 73.6% de la producción nacional. Son muchas las empresas pequeñitas y en ellas se ocupan muchas personas y son éstas las que mayores restricciones enfrentan. Las más grandes, tienen forma de evitar las regulaciones, muchas veces recurriendo a la corrupción, lo que conduce a otro problema. La excesiva regulación es fuente de corrupción, ya que el empresario se ve tentado a incurrir en ella para agilizar sus operaciones, debilitando con ello las instituciones, lo que crea una espiral perversa de subdesarrollo en nuestra economía.
Otra consecuencia negativa de la excesiva regulación es que propicia la aparición de empresarios muy pequeños en el sector informal, lo que se encuentra asociado a un estancamiento de la productividad, que a su vez lleva a un bajo crecimiento económico –la productividad de 1992 a la fecha creció apenas un 0.2% en promedio anual. En esencia, la informalidad termina generando más informalidad, romper con esto puede hacerse por la vía de la simplificación administrativa y el fin del burocratismo por parte de los gobiernos estatales y locales.
En aras de conocer con precisión el avance obtenido en materia regulatoria, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C (CIDAC) acaba de publicar este año su más reciente informe en la materia, denominado: “Reglas del juego. Ranking estatal en mejora regulatoria”, en el cual se establece el grado de avance o retroceso observado con relación a las normas que han establecidos los estados. Es importante destacar que con la excepción de Oaxaca y Querétaro, todos los estados tienen marcos normativos cuyo fin es lograr una simplificación del proceso administrativo, regulador y de fomento –recuerde que los deseos casi siempre están bastante alejados de la realidad.
Las 32 entidades del país fueron clasificadas en cuatro niveles: mínimo, bajo, medio y alto. De tal suerte que 11 entidades aparecieron con un nivel alto, son: Nuevo León, Colima, Sonora, Morelos, Estado de México, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Zacatecas. Con un nivel medio se encuentran 8 entidades: Baja California, Chiapas, Veracruz, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Con un nivel bajo están 4 entidades: Coahuila, Campeche, Durango y Sinaloa. Finalmente con un nivel muy bajo están 9 entidades: Guerrero, Tlaxcala, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Chihuahua, Distrito Federal, Baja California Sur y Oaxaca.
Con la información disponible y considerando que la mejora regulatoria es uno de los principales criterios usados por las empresas para decidir su localización, Nuevo León en el norte del país y frontera con los EE.UU. es el mejor lugar para hacer negocios, mientras que Oaxaca en el sur es el peor lugar. Tomando únicamente en cuenta este factor, esto puede explicar las diferencias que prevalecen en materia de desarrollo entre ambas entidades. Llama la atención que entidades como Coahuila y Chihuahua se encuentren con niveles bajo y mínimo de mejora regulatoria, lo que en nada contribuye a la recuperación de esas entidades que por ahora viven asoladas por el crimen organizado.
Los resultados son relativos, aunque algunas entidades están mejor posicionadas que otras, en ningún momento se debe tomar su posición en la parte superior como un indicador de éxito en el proceso de mejora regulatoria, exclusivamente ofrece evidencia de que se ha avanzado con relación al marco internacional y nacional establecido que indica la necesidad de una menor y mejor regulación. Existe aún un subdesarrollo en la materia, que explica en cierta medida el atraso y deterioro que enfrentamos en México. El índice muestra el tamaño del reto que cada entidad tiene que enfrentar. Lo anterior sujeto a la disposición de todos los actores políticos y sociales.
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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
