La primera medida del catálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, dado a conocer el 27 de noviembre de este 2014, consiste en desaparecer a las fuerzas policiacas dependientes de la autoridad municipal. Para lograrlo, tendrá que reformar al emblemático artículo 115 constitucional, que en su base III, inciso H, dice:
“III.- Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: A)… (Hasta) G).. H) Seguridad pública y tránsito”
Previsiblemente la reforma consistirá en modificar el inciso H, para quedar como sigue:
“III.- Los…. (Sin reforma): A)… (Hasta) G).. (Sin reforma) H) Seguridad pública y tránsito, bajo el mando y dirección de la autoridad estatal.”
Esto conservará sin modificación alguna el esquema de asignación de recursos, pero pondrá el mando policiaco en manos de las autoridades estatales, generalmente en manos de una Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La reforma se debe a que para las autoridades federales y para los medios de comunicación a su servicio, son los municipios los únicos causantes del estado de zozobra e inseguridad que padece el país. Esto como consecuencia de las actividades de los seis carteles nacionales y de sus subsidiarias criminales en los municipios del país.
El presidente promueve el discurso de que los jefes policiacos municipales son la parte corrupta e ineficiente del sistema de combate a la delincuencia en México, sin embargo, este discurso es absolutamente falso.
Es cierto que en los municipios medios y pequeños, se resiente directamente la violencia criminal, simplemente porque todo el territorio nacional está cubierto, centímetro a centímetro, de municipios y es imposible que los carteles actúen fuera de los mismos, excepto cuando actúan en el mar territorial o en el espacio aéreo nacional, pero en cuanto pisan suelo continental, están en un municipio.
Las autoridades municipales hacen lo que pueden, pues sus recursos económicos, municipio por municipio, son insignificantes para combatir a los carteles y a sus subsidiarias locales. Es por eso que hacen lo mismo que la PGR con los carteles, tolerarlos y no enfrentarlos abiertamente.
La gran ineficiente y despilfarradora, es la Procuraduría General de la República, que cuenta con recursos por 17 mil 288.2 millones de pesos, de los cuales el 94.4 % corresponde al gasto corriente (sueldos), para alimentar a 30 mil funcionarios de los cuales sólo 1,500 (Mil quinientos) son policías federales ministeriales. Traducido significa, que cada policía efectivo nos cuesta $ 11’333,525.53 (Once millones trescientos treinta y tres mil pesos con quinientos veinticinco pesos 53/100) al año. En realidad, los agentes tienen sueldos pésimos, pues todo el dinero se va para los altos funcionarios políticos, sin contar a una burocracia corrupta hasta la médula.
El nuevo esquema de “Mando único por estado”, no va a cambiar absolutamente nada, pues el mal crónico se encuentra en la PGR y no en los atribulados municipios ni en los estados de la república. ¿Acaso el gobernador Ángel Aguirre, no era cómplice y coautor del acuerdo que todos los municipios y el mismo estado de Guerrero tenía con el hampa? ¿Qué diferencia habría si el jefe policiaco de Iguala o de Cocula, hubiera sido un comandante corrupto municipal o estatal?
