Todo parece indicar que el gobierno federal ya tomó la decisión de cancelar todo tipo de acuerdo político con la dirigencia de la sección 22 del SNTE y de darle curso a los expedientes administrativos y penales que, por razones políticas, se habían acumulado y archivado. En otras palabras, el largo, larguísimo período de negociaciones de altísima plusvalía laboral, arreglos en lo oscurito, impunidad e intercambio de favores políticos por canonjías económicas para las élites sindicales estaría llegando a su fin. Por lo menos esa es la intención del gobierno federal, porque el gobierno de la alternancia, fiel a la tradición que le heredaron los gobiernos priistas (de 1992 a 2010) se mantiene en la línea de ceder y conceder todo a cambio de nada al punto de que el préstamo que estaría aprobando el Congreso local por 2 mil 400 millones de pesos tendrá como destino final el pago de facturas pendientes con el sector educativo y magisterial.
Las señales que apuntan a este escenario de choque y mano dura se han ido dibujando en el mapa de riesgos de la sección 22 del SNTE, pero sus líderes, o no lo han advertido –lo que parecería improbable- o de plano pretenden jugar su última carta con un plan de acción que conjugue las movilizaciones a nivel nacional con actos de provocación, similares o de mayor magnitud a las desplegadas el 7 de junio, con la intención de que el Estado se doblegue o, en su caso, responda con la represión.
La primera señal que el gobierno federal envió al magisterio disidente fue recuperar la aplicación de la evaluación docente al cual abdicara en la coyuntura electoral. Semanas antes, había cedido a todas las pretensiones de las dirigencias de la sección 22 del SNTE y de la CNTE en su conjunto, pero ante el incumplimiento de acuerdos por parte del magisterio disidente y una vez superada la crisis electoral optó por un cambio de estrategia: las puertas de la Secretaría de Gobernación se cerraron, el señor Miranda despareció con su maletín negro y frente al nuevo amago magisterial de sostener un plantón indefinido en el Distrito Federal la advertencia fue determinante: o se retiraban del DF para retornar a clases o no habría pago de quincena.
La segunda señal se está ya enviando por conducto de la Suprema Corte de Justicia: primero al declarar constitucional la Ley General de Servicio Profesional Docente, empezando por la evaluación, y, por lo tanto, obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción para todo el magisterio nacional. Y ahora el desechamiento de todos los amparos promovidos en forma individual para que dejar sin efecto la disposición constitucional.
La tercera señal es la permanencia, no explicado oficialmente, de elementos de la policía federal en la ciudad capital, cuya cifra es menor a la registrada durante la jornada electoral, pero no por ello menos significativa en tanto su labor no ha estado dirigida precisamente a combatir la delincuencia organizada que ya en forma silenciosa se ha ido instalando en varios puntos de la entidad.
Y la cuarta señal está en todos los medios nacionales. Ya para sensibilizar a la opinión pública, o para legitimar una decisión de Estado, o ambas a la vez, pero lo cierto es que la insistente, y en ocasiones, tendenciosa información publicada en primeras planas y en los noticieros de radio y televisión de mayor rating sobre el control que desde 1992 tiene la sección 22 del SNTE del aparato educativo de Oaxaca (léase IEEPO) y el efecto pernicioso que esto ha provocado en la calidad de la educación básica, así como la corrupción generada en las cúpulas sindicales con la venta de plazas, de la que tampoco han sido ajenos altos funcionarios y los directores generales del IEEPO, es una claro sobre aviso del gobierno federal de que empezará a responder desde todos los frentes: el jurídico, el administrativo, el político y , si no tiene otra salida, con la represión selectiva. No es fortuito que un diario nacional de cabida ahora a versiones no confirmadas sobre el presunto vínculo de algunos líderes de la UTE y el FPR con la guerrilla y de tener a su servicio a grupos de choque, cuando las evidencias sobre esto último apuntan fundamentalmente hacia dos exgobernadores priistas que estarían patrocinando a Los Pelones y Los Pozoleros, principales actores de la destrucción de urnas y sedes del INE el día de la jornada electoral (Véase artículo de Gabriel Rivera en Eje Central, junio 17 del 2015).
En cualquier escenario, de lo que no puede ya dudarse es que así como ya los sectores más movilizados y radicales de la CNTE se preparan para una respuesta contundente, masiva y radical (sin que su plan de acción se haya procesado desde abajo y mediante consulta a las bases), la presidencia de la república, como cabeza del poder ejecutivo federal , también han movilizado todo su aparato de inteligencia, a los otros poderes (vgr SCJN) y a los medios de información nacionales para no repetir la vieja historia que en Oaxaca se volvió una tradición más: que el todopoderoso sindicato magisterial gobierne, y el gobierno (del estado) mande obedeciendo.
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Julio 2 del 2015.
