Lo que sigue: Víctor Raúl Martínez Vásquez

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Definida la contienda a la gubernatura a favor de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso y su candidato Gabino Cué Monteagudo son importantes las claves que estos definirán para el futuro político de Oaxaca.

En principio hay que resaltar, que después de 81 años, estas elecciones han dado paso a la alternancia  del poder político en la entidad. Por primera  vez en ese periodo, un partido político o una coalición de partidos políticos, como ocurrió en Oaxaca, ha desplazado al PRI de la gubernatura del estado.

La principal lección que el pueblo ha dado en estas elecciones es que el voto puede ser un instrumento de este  para castigar a los malos gobiernos. Y vaya que  el de Ulises Ruiz fue un mal gobierno.

Que no se la crean los partidos  que han ganado solo por ellos, aunque sus definiciones en la formación de la Coalición y el trabajo fue sin duda muy importante. Lamentablemente los partidos políticos y los políticos no han sido lo suficientemente consistentes en sus propuestas y sus conductas para gozar de la credibilidad absoluta del pueblo. Algunos políticos de la coalición dieron palos de ciego.

Viene ahora la etapa de ver si se puede creer en ellos.

La alternancia es una etapa de la transición democrática pero no se agota en ella.

En Oaxaca ya no queremos más opacidad en el manejo de los recursos públicos;  ya no mas utilización del aparato judicial como instrumento de los poderosos para castigar a sus adversarios; ya no mas simulación en los supuestos órganos ciudadanos que deberían defender al pueblo y sus derechos humanos, garantizar el voto libre y secreto, informar a la sociedad de la gestión de las autoridades; ya no mas uso de los medios de comunicación como instrumente de propaganda y no de información veraz  y oportuna; ya no mas corrupción y crimen sin castigo; ya no mas proyectos públicos sin consenso con la ciudadanía afectada; ya no mas arbitrariedad y abuso de poder.

La transición democrática de Oaxaca implica por ende la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos; que los funcionarios informen al  pueblo de las razones de sus decisiones y el resultado de su actuación; que la gente sea consultada por el gobierno; que la población sea atendida en sus demandas y peticiones; que los medios sean un instrumento de información veraz; que los derechos humanos sean respetados; que los poderes ejecutivo y legislativo así como los órganos ciudadanizados tengan autonomía financiera y política; que la población sea participe  de las decisiones; etc.    

Una de las razones de la longevidad del régimen autoritario en México ha sido el sistema jurídico que ha favorecido al ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial. En Oaxaca no hemos conocido autonomía y  equilibrio de poderes, una condición importante de un sistema democrático, aunque no suficiente tampoco.

Lamentablemente, el actual andamiaje jurídico en el estado favorece el gobernadorismo autoritario, incluso  las reformas implementadas en el pasado reciente como la auditoría superior del estado, el nombramiento del procurador, el establecimiento del plebiscito y referendum en la constitución, etc.  son una mera simulación en la medida en que el gobernador sigue interviniendo en las decisiones de los otros poderes.

La revisión del andamiaje jurídico es  una de las primeras tareas que debería plantearse la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso así como el establecimiento de leyes que propicien los objetivos de la transición.

El nuevo congreso en ese sentido tiene una responsabilidad capital.

 El congreso local deberá sentar también las bases para el nuevo andamiaje institucional que permita la operación de los objetivos y metas de la transición.

Deben revisarse la integración y funcionamiento de la Corporación de Radio y Televisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoria Superior del Estado, el Instituto Estatal Electoral, etc.

Una comisión de la verdad es otra de las expectativas de la sociedad para lograr conocer a fondo y con objetividad lo que pasó en Oaxaca en los años recientes y propiciar la justicia y reparación del daño de las víctimas del autoritarismo.

Se espera también  un cambio y mayor responsabilidad de las políticas públicas del gobierno de la transición en Oaxaca. Estos cambios deberán hacerse sentir desde la construcción del plan de gobierno que habrá de elaborarse para los próximos años.

Por el  momento, ¡felicidades al pueblo de Oaxaca!.