El presidente de Asociación Nacional de Farmacias de México, Antonio Pascual, aseguró que a cinco semanas de la entrada en vigor de la medida que controla el expendio de antibióticos con receta médica, han registrado pérdidas de 6 mil 600 millones de pesos, es decir, de 30% de las ventas totales.
Además, el empresario denunció que el sector se enfrenta a constantes actos de intimidación por parte de los verificadores, quienes los amenazan con sanciones de hasta un millón de pesos o la clausura del establecimiento debido a errores causados por desinformación, como sucedió con 35 farmacias en Baja California Sur.
“El mercado anual de medicamentos es de 110 mil millones de pesos y la quinta parte corresponde a antibióticos; estamos hablando de 22 mil millones, con la caída de 30% las pérdidas ascienden a 6 mil 600 millones en cinco semanas”, dijo.
Pascual también explicó que en el sector hay gran preocupación por las sanciones que se pueden imponer. “La ley contempla que pueden llegar a 700 mil y hasta casi un millón de pesos, lo cual resulta incosteable; mejor les damos las llave de nuestras farmacias porque no hay que olvidar que 70% son pymes”.
Por lo pronto, dijo, “el sector está angustiado ante la constante intimidación de la autoridad. Nosotros cumplimos con una función social, en la mayoría de los casos se está respetando la ley, pero se debe reconocer que no ha habido campañas y que hay un gran desconocimiento hasta en el propio consumidor”, sostuvo.
Por lo mismo, Pascual exigió a la Cofepris que también regulen el mercado de antigripales para que éstos sólo se vendan en farmacias y no en tienditas de barrio, centrales de abasto y autoservicios de 24 horas, para de esa manera recuperarse financieramente.
También informó que se encuentran en proceso de realizar un diagnóstico sobre el impacto que tiene dicha medida a finales de año y si hay un incremento de recetas falsas.
“Estamos denunciando que no debe haber un médico en el mostrador porque se trata de un negocio disfrazado”. Asimismo, el empresario exigió a la Cofepris que regule los medicamentos milagro: “Hay 10 mil registrados y más de 25 mil suplementos, entre vitamínicos y alimenticios, que circulan sin control y se venden como si fuera la solución a todos los males”, señaló.
Afecta a los más pobres
El director general del Instituto Nacional de Pediatría (INP), Guillermo Sólomon, comentó que la regulación ha impactado de manera negativa a las familias más pobres, las cuales abandonan el tratamiento por falta de dinero, agravan su enfermedad y generan mayores costos al sector porque se vuelven a hospitalizar.
“Nos salió más cara la medida que la enfermedad”, sostuvo tras referir que el INP está obligado a otorgar los fármacos necesarios a todos los pacientes mientras estén hospitalizados, pero al ser dados de alta, con excepción de los que tienen cáncer y los afiliados al Seguro Popular, deben pagar su tratamiento y continuarlo en casa.
“Cuando salen los mandamos con receta, pero hemos detectado que muchos regresan a los 15 días, o a los ocho, para volverse a internar porque no tienen dinero para comprar las medicinas; nos salió más cara la medida porque representan un mayor costo y con un cuadro más grave”, explicó.
Sólomon criticó que la regulación no se haya dado de manera paulatina, controlando primero los antibióticos de tercera generación, que causan reacciones adversas secundarias, para después continuar con el resto.
Lo que provocó, abundó, es que la gente que no se compone y no puede pagar una segunda consulta, acuda a los “médicos patitos de 20 pesos”, que carecen de la capacitación para diagnosticar y ponen en peligro la vida de la persona.
Para el directivo del INP la obligatoriedad no está exenta de actos de corrupción entre médicos sin escrúpulos que venden sus recetas, o entre grupos de delincuentes que falsifican esos documentos, porque se lanzó una medida sin tener una base de datos de los acreditados por la SEP con cédula profesional.
Los actos de corrupción, aseveró Sólomon, quien trabajó en la Cofepris, también pueden darse entre los inspectores que, al notar alguna irregularidad, extorsionan a los dueños de las farmacias.
Estado de México, a favor de la regulación
Con la restricción de la venta de antibióticos sin receta médica, en el Instituto de Salud del estado de México las consultas se han incrementado hasta en 15%, precisó Gabriel O’Shea, secretario de Salud estatal, quien aseguró que en el país más de 8 mil 500 personas mueren al año por resistencias bacterianas, y de éstas, 30% de defunciones se registran en la entidad mexiquense.
O’Shea dijo que es más barato atender a un enfermo de bronquitis que a uno con resistencia bacteriana, pues los costos se elevan hasta 3 mil pesos.
El funcionario reconoció que, como resultado de la restricción, en las más de 9 mil farmacias del estado las ventas han caído hasta 40%, y por tanto la consulta externa en unidades médicas.
Precisó que en el país se registran más de 8 mil 500 muertes al año por resistencias bacterianas y casi un tercio son en la entidad mexiquense.
Consecuentemente, “hemos visto un incremento en las consultas de hasta 15%, principalmente en centros de atención primarios”, lo que permite al sector reducir costos en la atención a pacientes.
Ejemplificó que atender a un enfermo con bronquitis le cuesta al sector salud 150 pesos con el uso de ampicilinas o de algún derivado, y en aquellos con resistencia bacteriana se utiliza “ una cefalosporina de segunda o tercera generación que provoca un gasto de casi de 3 mil pesos”, concluyó.
Milenio
