Cuenta nuestra reportera empeñada que en el Jardín Primaveral hay quienes parecen haber descubierto una nueva modalidad de magia financiera: mover millones de pesos entre cuentas, sucursales y fondos, mientras los documentos que deberían permitir seguirles la pista no resultan tan fáciles de encontrar.
¡Y vaya que estamos hablando de una buena cantidad de dinero!
Nada más y nada menos que 59 millones de pesos de recursos públicos destinados al Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, una institución que, paradójicamente, exige a sus usuarios dejar una prenda como garantía hasta para conseguir unos cuantos cientos de pesos.
Pero vayamos por partes, estimados ciberlectores, porque esta historia tiene documentos, instrucciones bancarias, un donativo millonario y varias preguntas que, hasta ahora, siguen esperando una respuesta pública.
Resulta que el 15 de diciembre de 2025, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció, como parte de la programación presupuestal de 2026, que se canalizarían 59 millones de pesos para otorgar préstamos prendarios a través del Monte de Piedad. Es decir, no se trata de una cifra surgida de algún rumor de pasillo: el monto fue anunciado oficialmente por el propio Gobierno del Estado.
El propósito parecía bastante noble: fortalecer la capacidad de préstamo de una institución pública que atiende a familias que necesitan dinero y que, muchas veces, terminan empeñando sus pocas pertenencias para salir de algún apuro económico.
Hasta ahí, aplausos para la Primavera.
Sin embargo, nuestras lenguas viperinas nos hicieron llegar información y documentación sobre la operación de esos recursos, y ahí fue donde nuestra reportera comenzó a encontrar asuntos que merecen una explicación mucho más detallada.
De entrada, el donativo habría enfrentado resistencias internas durante varios meses. Según los testimonios recabados, parte de la base trabajadora manifestaba inconformidad con su incorporación a los fondos de operación de la institución, presuntamente por las implicaciones de fiscalización y control que podría representar.
Lo curioso es que, después de ese periodo de resistencia, y de que Juan Rosas Herrera mejor conocido por los Godínez como el “señor cara de papa” (ex líder sindical y quien sigue mandando) estuvo en las oficinas centrales del Monte de Piedad, las instrucciones comenzaron a circular y el mecanismo de distribución se puso en marcha, al menos administrativamente.
Y aquí viene lo interesante.
Una circular fechada el 25 de agosto de 2026 instruyó a gerentes y contadores a realizar, a partir del día siguiente, una serie de movimientos relacionados con el fondo fijo de empeños. La operación estaba vinculada con un contrato identificado como BIENESTAR/CTR-D/001/2026 y con un recurso denominado FAFO126.
No estamos hablando de una simple recomendación administrativa. Las instrucciones establecían el reintegro total de los fondos fijos existentes, la devolución de anticipos pendientes y la elaboración y cobro de cheques por las cantidades autorizadas.
Por si fuera poco, una guía operativa complementaria establecía que Tesorería debía solicitar los reintegros, que el área de Sucursales comunicaría las instrucciones y que el Departamento de Caja y Bancos efectuaría los traspasos correspondientes.
¿Y qué significa todo esto, estimados ciberlectores?
Que el mecanismo contemplaba retirar o reintegrar recursos que ya estaban operando como fondos de empeño y sustituirlos mediante nuevas asignaciones vinculadas con el donativo. Una operación que puede tener una justificación contable, pero que exige comprobar cuidadosamente tanto el origen como el destino de cada movimiento.
Porque aquí no estamos hablando de cambiar unos billetes de una caja a otra para tener feria.
Estamos hablando de millones de pesos.
Según información del propio Gobierno del Estado, en febrero de 2026 el Monte de Piedad contaba con 23 sucursales y una oficina matriz, es decir, 24 establecimientos en total, distribuidos en distintas regiones de Oaxaca. Y precisamente a través de esta estructura se habría puesto en marcha el mecanismo de asignación de los recursos provenientes del donativo millonario.
La cuestión es que, si los 59 millones de pesos fueron distribuidos entre estos 24 establecimientos, debería existir una relación precisa que permita conocer cuánto recibió cada uno, en qué fecha, mediante qué cuenta bancaria y bajo qué criterios se determinaron las cantidades. Porque, según nuestras lenguas viperinas, las asignaciones no fueron iguales, sino que dependieron de las necesidades y del movimiento operativo de cada establecimiento.
Para que se dé una idea, estimado ciberlector, 59 millones de pesos divididos entre 24 establecimientos representarían un promedio de 2 millones 458 mil 333 pesos por cada uno. ¡Nada despreciable! Aunque, ojo, no estamos diciendo que ésa haya sido la distribución real, porque precisamente lo que falta conocer es cuánto recibió cada establecimiento y qué ocurrió después con esos recursos. Y tratándose de dinero público, las cuentas deberían estar tan claras como las condiciones que le ponen a cualquier ciudadano cuando llega a empeñar sus alhajas.
Y ahí comienzan las preguntas incómodas.
¿Dónde está la relación completa de asignaciones? ¿Cuánto dinero se entregó a cada establecimiento? ¿Cuánto se destinó realmente a préstamos prendarios? ¿Cuánto permaneció en las cuentas bancarias? ¿Cuánto se recuperó mediante refrendos, abonos o liquidaciones?
Porque resulta que la circular también ordenaba generar reportes diarios de dos fondos distintos mediante el sistema SICA V2.0, uno correspondiente a los recursos ordinarios y otro al donativo identificado como FAFO126.
¡Ah, caray!
Entonces, si la propia institución estableció controles diferenciados, reportes diarios, conciliaciones bancarias y registros contables para garantizar la trazabilidad, debería ser relativamente sencillo presentar un informe que explique qué ocurrió con los 59 millones.
No tendría que ser necesario contratar al mejor investigador, bastaría con conocer los movimientos financieros y los resultados de esas conciliaciones.
Pero nuestras lenguas viperinas aseguran que han intentado localizar el convenio correspondiente en los espacios públicos de transparencia sin encontrar un documento que permita conocer íntegramente las condiciones de la operación.
Porque si el Gobierno del Estado anunció los 59 millones, si existe una referencia contractual y si la institución emitió instrucciones para su aplicación, lo lógico sería que también pudiera consultarse el instrumento jurídico que establece las obligaciones, los mecanismos de vigilancia y las condiciones bajo las cuales se autorizó ese dinero.
Aquí estimado ciberlector, surge otra cuestión todavía más delicada.
El Monte de Piedad funciona mediante préstamos que generan movimientos de recuperación, refrendos y otros ingresos. Por tanto, si el donativo se incorporó al capital destinado a empeños, resulta indispensable conocer cómo se contabilizan los recursos recuperados y cuál es el tratamiento de los ingresos derivados de esas operaciones.
¿Regresan al mismo fondo? ¿Se reinvierten en nuevos préstamos? ¿Existe alguna restricción para utilizarlos en otros conceptos? ¿Quién autoriza esos movimientos y quién vigila que se respeten las condiciones del donativo?
Porque una cosa es fortalecer financieramente a una institución de beneficencia y otra muy distinta sería permitir que un fondo público circulara sin controles suficientes.
La ruta completa de los 59 millones no es clara hasta el momento. Si alguien estuvo utilizando temporalmente esos recursos para fines distintos de los autorizados, lo que coloquialmente conocemos como jineteo de dinero, tendría que ser castigado.
Sería conveniente que: Ulises Caballero, director general del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, explicara públicamente las condiciones del donativo, el número de establecimientos beneficiados, las cantidades asignadas y los mecanismos establecidos para garantizar que el recurso cumpla su finalidad social.
Porque administrar una institución pública no consiste únicamente en inaugurar sucursales, presumir servicios o tomarse fotografías en los aniversarios. También implica responder por el manejo de sus recursos.
Y hablando de responsabilidades, ¿qué estará haciendo la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública?
Su titular, Leticia Elsa Reyes López, presentó en marzo un Programa Anual de Auditorías 2026 que contempla 20 revisiones de cumplimiento financiero en 12 entidades y ocho dependencias estatales. Pues aquí tiene un asunto que merece atención.
Ojo, no se trata de pedir una cacería de brujas, sino de exigir que las instituciones encargadas de vigilar el dinero público hagan su trabajo. Hasta el momento la abuelita de Latón Leticia Reyes, no ha dado el ancho, solo es bla, bla, bla.
Así que, estimados ciberlectores, mientras cualquier oaxaqueño tiene que dejar hasta la última alhaja para que le presten unos pesos, sería bueno que en el Monte de Piedad nos dijeran qué garantía ofrecen quienes manejan millones.
Cuenta nuestra reportera Totalmente Chaira que, tal como lo adelantamos en la columna pasada, comenzaron a moverse las fichas en el Jardín Primaveral. Y también les advertimos, estimados ciberlectores, que no se emocionaran demasiado, porque nuestras lenguas viperinas ya nos habían anticipado que en los nuevos nombramientos nos saldrían con cada jalada de pelos.
¡Y vaya que no nos decepcionaron!
Resulta y resalta que, cuando uno pensaba que el gobernador Salomón Jara aprovecharía los cambios para sacudir el gabinete, incorporar perfiles frescos y corregir el rumbo de algunas dependencias, terminaron aplicando aquella vieja receta de la política mexicana: quitar a unos, acomodar a otros y procurar que no se queden sin silla.
¡Qué bonita manera de practicar el reciclaje! Ni en el CIRRSU se aprovecha tanto material usado. Je, je, je.
Y para muestra, el nombramiento de Maribel Salinas Velasco, exdirectora del DIF estatal, cuya gestión quedó marcada por el terrible fallecimiento de dos niñas haitianas, unas gemelitas, en un centro de asistencia social bajo responsabilidad institucional.
Estimado ciberlector, a Maribel nadie puede atribuirle directamente aquellas muertes sin que exista una determinación de las autoridades competentes. Pero eso no borra las preguntas sobre las omisiones, la supervisión y las responsabilidades administrativas de quienes tenían a su cargo el funcionamiento de esos espacios.
Por eso, verla regresar meses después a la administración pública, ahora con otro nombramiento, deja un sabor bastante amargo. ¿Ya quedaron esclarecidas todas las responsabilidades? ¿Se corrigieron las fallas que permitieron aquella tragedia? ¿O en la Primavera basta con dejar pasar unos meses para que los cuestionamientos se olviden y aparezca una nueva oportunidad laboral?
¡Ah, qué maravilla! Hay funcionarios que parecen tener más vidas que un gato y mejor servicio de recolocación que cualquier bolsa de trabajo.
Pero agárrese, estimado ciberlector, porque en la Secretaría de Turismo también hubo función de teatro, aunque el protagonista todavía no consigue que le pongan su nombre en letras grandes. Y es que dicen que hay varias quejas contra él por tratos déspotas a varios funcionarios.
Hablamos de Carlos David Jacinto Ortiz, mejor conocido como “EL TRIBILÍN”, quien quedó como encargado de despacho tras la salida de Saymi Pineda Velasco. Nuestras lenguas viperinas aseguran que su principal fortaleza no sería precisamente el talento para dirigir la política turística de Oaxaca, sino su extraordinaria habilidad para rendirle pleitesía a su antigua jefa.
¡Qué conmovedora historia de fidelidad laboral! Dicen los Godínez que a este muchacho ya le falta piso para arrastrarse, porque si la lambisconería otorgara títulos profesionales, tendría doctorado, posdoctorado y hasta una cátedra vitalicia. ¡Ups!
Y es que nuestras fuentes sostienen que Saymi no ha soltado del todo las riendas de Turismo y que su incondicional felino (el chiste se cuenta solo) seguiría cuidándole el changarro y los negocios. Incluso hay quienes aseguran que la exsecretaria pretende conservar influencia sobre algunas decisiones de la dependencia, presuntamente para favorecer sus intereses políticos rumbo a 2027.
¿Será que dejó la Secretaría, pero no las llaves del negocio? y es que si las hubiera dejado, dicen quienes saben que quién debió de subir de puesto porque se lo ha ganado es la Subsecretaria de Operación Turística de Oaxaca, Mariel López Villatoro.
Por cierto, cuentan nuestras lenguas viperinas que el arranque del Festival del Mole de Caderas 2026, celebrado en El Llano, estuvo bastante desangelado en cuanto a presencia de figuras políticas de primer nivel. Ni el gobernador apareció, según nuestros informantes. Vaya manera del “TRIBILÍN” de estrenar responsabilidades.
Y mientras tanto, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública llegó Linda Jessica Jarquín Santos, en sustitución de Natalia Karina Barón Ortiz. Nuestras lenguas viperinas nos cuentan que la nueva funcionaria es esposa de Jaciel Salvador Vásquez Castro, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, y que también ha colaborado en el entorno del fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
¡Mire nada más qué pequeño es el mundo de la procuración de justicia! Habrá que ver si esa cercanía con las oficinas de la Fiscalía se traduce en resultados para la seguridad pública, porque de relaciones y conocidos ya tenemos bastante; lo que hace falta es que las instituciones funcionen.
Y luego tenemos a Raudel Méndez Sosa, quien pasó de desempeñar responsabilidades en planteles del CECyTEO a dirigir todo el subsistema. Sabemos de su paso por distintos centros educativos, entre ellos El Tule, pero fuera de esa trayectoria poco se conoce públicamente sobre los resultados que lo hicieron merecedor de semejante responsabilidad.
¡Caray! Parece que nadie más lo conoce, salvo en su casa, y eso a veces.
Pero, más allá de los nombres, estimados ciberlectores, lo verdaderamente preocupante es la señal política que envían estos movimientos. En lugar de aprovechar las vacantes para incorporar perfiles capaces de corregir los errores de la administración, pareciera que prefirieron sacar las mismas piezas del cajón, quitarles el polvo y volverlas a colocar en el tablero.
¡Como si en Oaxaca se hubieran acabado los profesionistas preparados y solamente quedaran disponibles los recomendados de siempre!
Y cuidado, porque se acerca esa etapa maravillosa de la política mexicana en la que comienza a escucharse el famoso «¡viva el rey, muera el rey!». Los que ayer juraban lealtad eterna mañana podrían estar buscando acomodo con el siguiente aspirante, mientras otros andan más preocupados por asegurar su futuro político o cerrar sus negocios que por entregar resultados.
Al gobernador Salomón Jara todavía le queda tiempo para exigir cuentas, corregir errores y poner orden en su equipo. Pero para eso necesita funcionarios que trabajen, no personajes que confundan la administración pública con una sala de espera para su siguiente nombramiento.
Porque en política hay algo que nunca falla, estimados ciberlectores: cuando comienza a escasear el poder, también empieza a evaporarse la lealtad. Y muchos de los que hoy se desviven por besarle la mano al gobernador serán los primeros en soltarla cuando deje de repartir nombramientos.
¡Así que aguas!
¡Ay, estimados ciberlectores! Nuestra reportera 100% estirada, adicta al bótox y al ácido hialurónico, nos cuenta que quien se quedó chiflando en la loma fue nada menos que nuestro flamante magistrado Pestañas, porque cuando ya se frotaba las manitas pensando en los mil 800 millones de pesos que pretendía conseguir para implementar los juicios orales civiles y familiares en Oaxaca, desde el Congreso de la Unión le cambiaron los planes.
¡Sopas! ¡Le pintaron caracolitos!
Resulta que el magistrado Pestañas preside la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Oaxaca, que con semejante nombre hasta parece muy “importante”, aunque por ahora tiene más pinta de comisión patito que de otra cosa. Desde ahí venía anunciando que el estado necesitaba nada más y nada menos que mil 800 millones de pesos para infraestructura, equipamiento, tecnología y personal, porque, según su diagnóstico, Oaxaca está en semáforo rojo para cumplir con la reforma.
Y es que, estimado ciberlector, el nuevo Código Nacional pretende transformar los juicios civiles y familiares para que sean más rápidos y accesibles. Su implementación obligatoria estaba prevista para el 1 de abril de 2027, así que el priista, perdón, el magistrado, ya tenía un argumento de peso para reclamar semejante cantidad de dinero. ¡Imagínese usted! Mil 800 millones no se encuentran ni debajo de las piedras ni sacudiendo los cojines de los juzgados.
Pero resulta y resalta que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para prorrogar la implementación obligatoria hasta el 1 de abril de 2030. Aunque todavía falta que concluya el procedimiento legislativo, la noticia cayó como cubetada de agua fría para el Pestañas, quien traía tanta prisa con el presupuesto. ¡Ups!
Nuestra reportera, que no puede fruncir la frente de tanto bótox, pero sí sabe hacer cuentas, descubrió que 2030 es precisamente el año en que el magistrado Pestañas dejaría su cargo. ¡Hágame el rechingado favor! Tanto alboroto por los millones y ahora resulta que, si se concreta la prórroga, la etapa decisiva de la implementación podría quedar en manos de quien llegue después.
¡Qué ingrata es la vida pública! Uno acomoda las sillas, prepara el escenario, calcula cuánto cuesta la función y, cuando cree que ya va a cortar el listón, le anuncian que el estreno será para la siguiente administración.
Y aquí es donde nuestras lenguas viperinas de doble filo comienzan a soltar la sopa, porque cuentan que detrás de las actividades del magistrado Pestañas había algo más que reuniones técnicas sobre el nuevo Código. Según estas versiones, aprovechaba la inminente entrada en vigor de la reforma para recorrer municipios, organizar eventos y advertir sobre las capacitaciones que tendrían que realizarse. ¡Mire nada más qué trabajador nos salió!
Pero nuestras fuentes sospechan que aquellas visitas también formaban parte de una estrategia para ganar reflectores y tejer relaciones políticas. Incluso aseguran que a más de uno le ofrecía acercarlo con Ivette Morán de Murat, esposa del exgobernador Alejandro Murat, sí la familia que le regalaron ese magistratura y de los que estuvo renegando.
Por supuesto, el magistrado Pestañas no se quedó calladito. Ahora anda dando declaraciones y advirtiendo a todo aquel que lo quiera escuchar que aplazar la reforma pone en riesgo la justicia, que los expedientes se acumulan, que los juicios tardan demasiado y que los ciudadanos seguirán esperando años para obtener una sentencia. ¡Mire nada más qué oportuno le salió el interés por la prontitud judicial! Ya casi le creemos tanta preocupación.
Nuestra reportera 100% estirada quiere recordarle que el rezago no nació ayer ni apareció por arte de magia con la prórroga. Ahí estaba desde mucho antes, cuando el magistrado llegó al Poder Judicial, y durante todo este tiempo ha tenido responsabilidades que atender. Así que, antes de salir a lamentarse por los años adicionales, bien podría explicar qué resultados ha entregado para reducir los expedientes pendientes y acelerar las sentencias.
Porque una cosa es reclamar recursos para una reforma y otra muy distinta es pretender que todos los problemas de la justicia comienzan y terminan con la llegada de mil 800 millones de pesos. Si los juzgados llevan años acumulando asuntos, lo mínimo que merece conocer el pueblito noble y sabio es cuántos expedientes se han resuelto, cuánto se ha reducido el rezago y qué medidas ha tomado con los recursos y el personal que ya existen. Y es que, según nuestras lenguas viperinas, el magistrado Pestañas tampoco acostumbra sacrificar sus largas vacaciones por andar persiguiendo expedientes. ¡Faltaba más!
Pero ahí no termina el asunto, estimado ciberlector, porque nuestras lenguas viperinas aseguran que el magistrado también habría buscado acercamientos con diputados federales para gestionar recursos destinados a la implementación del Código. De ser así, habrá que conocer qué gestiones realizó, qué cantidades planteó y si existieron solicitudes formales, porque una cosa son las necesidades presupuestales del Poder Judicial y otra los movimientos políticos que nuestras fuentes le atribuyen. Por lo pronto, el cambio de calendario deja en el aire la urgencia con la que venía promoviendo aquella inversión. ¡Caray, qué mala suerte! Je, je, je.
Y por ahí cuentan nuestras lenguas viperinas que más de uno ya anda dando brinquitos de felicidad, porque la jugada presupuestal podría terminar en otras manos. Claro, el Código Nacional tendrá que implementarse y los recursos que se autoricen deberán destinarse a ese propósito; lo que todavía está por verse es quién encabezará el proceso cuando llegue el momento.
Así que, estimado ciberlector, mientras los legisladores resuelven el futuro de la reforma, el magistrado Pestañas todavía tiene una tarea bastante menos glamorosa que hablar de miles de millones: ponerse a trabajar en el rezago que hoy utiliza como argumento y rendir cuentas de lo que ha hecho para combatirlo.
Nuestra reportera 100% estirada, adicta al bótox y al ácido hialurónico, nos dice que al magistrado Pestañas le salió más difícil estirar el calendario que enchinar sus pestañas! ¡Risas grabadas!
Adivina quién
Cuentan nuestras lenguas viperinas que en el gran casino del 2027 hay alguien que aprendió un juego bastante peculiar: se sienta en una mesa, apuesta en otra y cobra las fichas en una tercera. Lo curioso es que nunca parece meter la mano a su propia bolsa. ¡Qué habilidad! Y mientras algunos jugadores creen tenerle de compañero, otros reciben misteriosamente mejores cartas, aunque ni siquiera sepan jugar.
También dicen que últimamente anda empeñado en hacer florecer macetas que llevan años sin dar una triste margarita. Les pone agua, abono, reflectores y hasta manda pintar las flores para que parezcan vivas. El problema es que, por más jardinero que se contrate, cuando una planta no prende, no prende. Eso sí, mientras todos miran el jardín, por debajo de la mesa alguien sigue repartiendo cartas marcadas.
¿Quién será? Sepa la bola. Nosotros solamente recordamos una vieja regla de cantina, casino y política: quien juega con dos barajas debe tener mucho cuidado cuando llegue la hora de enseñar las manos. Porque entonces quizá lo interesante no será descubrir qué carta escondía… sino quién pagó la partida.
#SoloMuyProfesionales
¿Y HONESTIDAD, APA?
Y ahora sí, estimado ciberlector, después de contar costales, consultores e informes, nuestra reportera campesina dejó tantito en paz al Just For Men y volteó hacia el otro extremo de esta historia: las empresas que están cobrando.
Y ahí fue donde la cosa empezó a ponerse todavía más sabrosa.
La campeona es Transacciones en Mercados, S.A.P.I. de C.V. Solamente en las dos consultorías que hemos documentado aparece con 146 millones 783 mil 100 pesos: 93 millones 640 mil por Maíz Nativo y otros 53 millones 143 mil 100 por Abasto Seguro de Maíz.
Pero mire usted la velocidad de germinación: fue incorporada al padrón de proveedores de Oaxaca el 12 de junio de 2026 y apenas 39 días después ya tenía adjudicada aquella consultoría por 93 millones 640 mil pesos. Después llegó la segunda.
Del padrón al contratón.
Ni el maíz híbrido germina tan rápido.
Y tampoco estamos hablando de una empresa cuya historia empresarial haya transcurrido exclusivamente entre mazorcas. En los antecedentes públicos que localizamos aparecen actividades relacionadas con construcción, papelería, maquinaria agropecuaria, fertilizantes, transporte y otros servicios comerciales, además de antecedentes de contratación gubernamental en Puebla.
Todoterreno salió la criatura.
Luego aparece Servicios y Asesoría Comercial HKL, S.A. de C.V., que tampoco se fue con las manos vacías: 8 millones 497 mil pesos para acuacultura y pesca y 10 millones 509 mil 500 pesos para acompañamiento pecuario. Total: 19 millones 6 mil 500 pesos.
Y su currículum también da para levantar la ceja: en el padrón estatal de proveedores de 2023 figuraba con actividades que iban desde administración, contabilidad, auditoría y consultoría hasta servicios jurídicos, organización de convenciones y agencias de publicidad.
Ahora la encontramos entre peces, vacas y técnicos agropecuarios.
¡Navaja suiza empresarial! Lo mismo sale una auditoría que una mojarrra.
Pero espérese, porque con Gestión Administrativa Nhysi’A, S.A. de C.V., beneficiaria de otros 12 millones 700 mil 500 pesos para Agronegocios, nuestra reportera campesina encontró una hebra todavía más interesante.
Además de sus antecedentes en servicios contables y administrativos, el domicilio con el que fue relacionada en el padrón de proveedores aparece también asociado a otras cuatro razones sociales: Promotora de Eventos y Banquetes Eleni, Proveedora de Oficinas y Comercios Hanss, Suministros Comerciales Pantoja y Diseño e Ingeniería Atoyak.
Cinco razones sociales alrededor de una misma dirección.
¡Qué espíritu de vecindad empresarial!
Y aquí es precisamente donde entra a escena alguien que hasta ahora estaba muy cómoda viendo cómo lavábamos la ropa ajena: la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, encabezada por Leticia Elsa Reyes López, mejor conocida como la abuelita de latón, en su versión primaveral.
Porque resulta que desde el 1 de febrero de 2026 esa dependencia administra el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado mediante el nuevo SIPRO. ¿Y sabe usted para qué presumió el propio Gobierno que serviría? Para verificar que los proveedores tengan capacidad técnica, financiera y humana suficiente para cumplir los contratos.
Pero hay algo todavía mejor.
El 29 de enero de 2026, frente a los diputados del Congreso de Oaxaca, la propia Leticia Reyes habló precisamente de ir más allá para comprobar la capacidad técnica y económica de las empresas y sostuvo que ya no existían licitaciones con sobreprecios ni “empresas factureras”.
¡Háganos usted el regrandísimo favor!
Entonces la pregunta ya no es únicamente para el Just For Men.
También hay que preguntarle a doña Honestidad:
¿Qué verificaron?
Porque si el nuevo padrón nació precisamente para revisar existencia, capacidad técnica, financiera y humana de los proveedores, resulta bastante pertinente saber qué verificaciones realizó la Secretaría antes de incorporar a estas empresas, especialmente cuando encontramos una compañía que ingresó al padrón y 39 días después obtuvo una adjudicación de más de 93 millones de pesos, proveedores con giros bastante amplios y una empresa cuyo domicilio aparece relacionado con otras cuatro razones sociales.
Y todavía hay una pregunta más incómoda: ¿hicieron las verificaciones físicas que tanto presumieron o el nuevo padrón terminó siendo solamente un cambio de ventanilla y logotipo?
Porque si Honestidad tomó el control del padrón precisamente para cerrarles la puerta a proveedores sin capacidad real, éste sería un extraordinario momento para enseñar los expedientes: qué revisaron, cuándo lo revisaron, quién verificó los domicilios, qué infraestructura encontraron, qué personal acreditaron las empresas y mediante qué documentación comprobaron su experiencia.
No queremos PowerPoint. Queremos saber qué encontraron cuando tocaron la puerta.
Y ojo, porque aquí nuestra reportera campesina todavía no está diciendo que estas empresas sean “factureras”. Esa palabra la puso sobre la mesa la propia secretaria cuando presumió los nuevos controles. Lo que estamos preguntando es mucho más sencillo:
¿Funcionaron esos controles o no?
Porque mientras Honestidad presume filtros, en la Sefader de Víctor López Leyva nosotros encontramos millones en consultorías, proveedores que repiten, giros empresariales que parecen buffet y domicilios que empiezan a cruzarse.
Y todo esto sería apenas burocracia curiosa si del otro lado estuviera apareciendo una revolución productiva en Oaxaca.
Pero ése es precisamente el problema.
Después de semejante gasto para “fortalecer” al campo, lo que seguimos esperando son resultados capaces de caminar solitos, sin fotógrafo oficial, sin boletín y sin una montaña de informes debajo del brazo.
Y aquí es donde esta historia cambia.
Porque ahora ya no solamente vamos a seguir cuánto gastó el Just For Men.
Vamos a seguir quién cobró, quién autorizó su entrada al padrón, qué verificó Honestidad, qué otras dependencias contrataron a esas mismas empresas y qué personas aparecen detrás de ellas.
Porque presuntamente algunas puedan estar relacionadas con funcionarios y sus prestanombres.
Y cuando nuestra reportera campesina ya estaba cerrando la libreta, alguien volvió a recordarle aquel asunto del que anteriormente les hemos hablado: el súper rancho de Jacatepec del famoso Just For Men.
Dicen quienes lo conocen que, si usted lo viera, estimado ciberlector, se le cae la quijada antes de bajarse del carro.
Y alguien soltó entonces la pregunta más corriente, incómoda y deliciosamente mexicana de todo este tendedero:
¿Y QUIÉN POMPÓ?
No queremos ser mal pensados… pero tampoco nacimos ayer.
No se nos desespere. De eso también habrá lavada.
Ay… Nanita.
Cuenta nuestra reportera Florecita del Campo que, si usted pensaba que en el Jardín Primaveral los funcionarios públicos estaban muy ocupados resolviendo los problemas de Oaxaca, déjenos contarle que también tienen otra encomienda: convertirse en porristas digitales de las actividades del gobierno, aplaudir publicaciones y demostrar, con captura de pantalla incluida, que cumplieron con la tarea.
¡Qué bonita manera de justificar la nómina!
Y es que, nuestras lenguas viperinas aseguran que entre el personal de confianza, mandos medios y superiores de distintas dependencias estatales existe una creciente inconformidad por las presiones para participar en actividades políticas y de promoción gubernamental. Pero ahora llegaron a nuestra redacción nuevas capturas de conversaciones que permiten conocer cómo se organizan algunas de esas actividades.
¡Agárrese, estimado ciberlector, porque aquí hasta el aplauso lleva control de asistencia!
Resulta que en los grupos de WhatsApp circulan instrucciones para compartir publicaciones, realizar comentarios y registrar las actividades en un archivo de Excel. No basta con escribir unas palabras o celebrar las ocurrencias de algún secretario, diputado o diputada. También hay que tomar captura de pantalla, colocarla en una hoja de cálculo y entregar la evidencia antes de la hora establecida.
En uno de los mensajes se lee: “cada uno será el responsable de hacer captura de pantalla y de colocar el comentario”. Y para que nadie se haga el desentendido, fijaron las ocho de la noche como límite para tener los registros completos.
¡Sopas!
Ahora resulta que no solamente hay que trabajar ocho horas. También hay que hacer tarea de Facebook y entregar comprobante, como si estuvieran cursando la primaria en la asignatura de Aplausos y Lambisconería I.
Por si fuera poco, otro mensaje advierte que la información debe enviarse porque, de lo contrario, no podrán contabilizar la actividad. Es decir, alguien lleva la cuenta de quién participa y quién no. Lo que todavía falta conocer es quién concentra esos reportes, para qué se utilizan y qué consecuencias tiene negarse a participar.
Nuestras lenguas viperinas también refieren que en distintas oficinas se solicita utilizar perfiles personales y, presuntamente, crear cuentas alternas para intervenir en publicaciones favorables al gobierno y sus integrantes.
Y mientras los estrategas primaverales se entretienen contando corazones, pulgares arriba y comentarios de felicitación, afuera el pueblito noble y sabio sigue contando medicamentos que faltan, obras inconclusas y funcionarios que solamente aparecen en las comunidades cuando hay fotógrafo.
Porque ése es el verdadero problema, estimados ciberlectores. Pueden llenar Facebook de mensajes diciendo que todo está maravilloso, pero cuando una persona llega a una dependencia y no le resuelven absolutamente nada, difícilmente cambiará de opinión porque veinte perfiles le aseguren que Oaxaca vive su mejor momento. ¡No manchen!
Pero la cosa no termina en las redes sociales. Nuestras fuentes aseguran que también se solicita la asistencia de trabajadores a eventos gubernamentales, incluso fuera de sus municipios y regiones. Una de las conversaciones que llegó a nuestra redacción muestra instrucciones para acudir a una actividad en Huajuapan de León, con punto de reunión a las siete y media de la mañana. Cuando los responsables no podían asistir, se pedía enviar a otra persona en su representación, la cuestión es llenar con quien sea y como sea.
Y aquí es donde la memoria política nos juega una sabrosa travesura.
¿Se acuerdan de aquellos tiempos del PRI cuando los trabajadores tenían que acudir a los eventos, llenar plazas, ponerse la camiseta del candidato y aplaudir aunque ni siquiera supieran qué estaban celebrando?
Pues resulta que algunas prácticas del viejo régimen parecen haber encontrado alojamiento en el Jardín Primaveral. Cambiaron los colores, renovaron los discursos y hasta inventaron eso de que no son iguales, pero ciertas costumbres siguen más vivas que nunca.
¡Qué bárbaros! Tanto que criticaron al PRI para terminar haciendo sus prácticas profesionales en la misma escuela.
¿De verdad creen que la popularidad se construye ordenando comentarios? ¿Que una captura de pantalla equivale a un ciudadano convencido? ¿Que mandar trabajadores a llenar un evento significa tener respaldo popular? ¡No bueno!
Así que, estimados ciberlectores, nuestras lenguas viperinas recomiendan a los estrategas cambiar de método. En lugar de pedir cien comentarios diciendo que todo está de maravilla, sería más útil conseguir cien ciudadanos que puedan contar, por experiencia propia, que una dependencia les resolvió un problema. Eso sí sería publicidad gratuita y, de paso, creíble.
¡Y aguas, que Facebook acepta perfiles falsos, pero las urnas todavía exigen electores de carne y hueso, y bueno… urnas embarazadas!
Estimados ciberlectores, nuestro reportero Flechador del Sol anda bastante entretenido en Huajuapan de León, la Tierra del Sol, porque le llegó una denuncia que, de confirmarse, amerita algo más que una explicación de escritorio. Un ciudadano asegura que para recuperar su motocicleta en la delegación regional de la Policía Vial Estatal primero le fijaron una multa de 12 mil pesos, después se la redujeron a 6 mil y finalmente terminó pagando 3 mil 500 pesos.
¡Qué ofertón!
Una rebaja de más del 70 por ciento que estaría buenísima si estuviéramos hablando del Buen Fin. El pequeño problema es que aquí hablamos de una sanción administrativa, y las multas no deberían funcionar como mercancía de tianguis cuyo precio baja dependiendo de cómo avance la conversación.
Pero lo verdaderamente delicado vino después.
Según el testimonio del denunciante, los 3 mil 500 pesos fueron entregados presuntamente en efectivo a personal de la propia delegación, recuperó su motocicleta y se marchó sin recibir un solo recibo que acreditara el pago.
¡Ah, caray!
Nuestro reportero Flechador del Sol pensó que quizá el papelito simplemente se había extraviado entre tanto trámite burocrático, pero el ciudadano asegura que posteriormente acudió a Recaudación de Rentas para buscar su comprobante y ahí una trabajadora le habría informado que las infracciones provenientes de esa delegación ya no se estaban cobrando en esa oficina, sino directamente por personal de Tránsito.
Y ahí fue donde la historia se puso sabrosa. Porque una cosa es que exista algún procedimiento administrativo para modificar el monto de una infracción y otra muy distinta que presuntamente circule dinero en efectivo sin que el ciudadano reciba un documento que permita seguirle la pista.
Aquí no hace falta fabricar ninguna teoría conspirativa. Basta con revisar la infracción, conocer el monto originalmente establecido, verificar por qué terminó reducida a 3 mil 500 pesos y localizar el comprobante correspondiente. El dinero público tiene una maravillosa costumbre: cuando todo se hace correctamente, deja huella.
Y quien actualmente aparece al frente de esa delegación regional es Eliberio Rafael Díaz Reyes, un viejo conocido dentro de las corporaciones de tránsito de Oaxaca.
Su nombre carga una historia bastante larga.
Uno de los episodios más recordados se remonta a 2004, durante las investigaciones relacionadas con el supuesto atentado contra el entonces gobernador José Murat Casab frente al Hotel Victoria. Díaz Reyes fue involucrado en aquellas indagatorias y detenido, aunque finalmente no fue condenado.
Después continuó dentro del servicio público y, con los años, su nombre volvió a aparecer relacionado con distintos conflictos y señalamientos en las regiones donde desempeñó responsabilidades en Tránsito. El expediente periodístico que hemos venido revisando pasa por Juchitán, Salina Cruz y Tuxtepec, antes de encontrarlo nuevamente en Huajuapan.
Y mire usted qué cosas tiene el servicio público: hay currículums que parecen hechos para mantener a cualquiera lejos de los reflectores y, sin embargo, algunos personajes terminan encontrando otra oficina, otro escritorio y otra oportunidad.
Ahora la polémica vuelve a alcanzarlo en la Mixteca. No porque nuestro reportero Flechador del Sol tenga necesidad de inventarle algo, sino porque existe una denuncia concreta sobre lo que presuntamente ocurrió dentro de la delegación que actualmente encabeza. Y eso puede comprobarse o desmentirse con algo mucho menos complicado que un discurso: documentos.
La infracción debe existir. La reducción del monto debe tener una explicación. El pago debe estar registrado. Y si esos 3 mil 500 pesos ingresaron legalmente, también debería existir un comprobante.
Así de sencillo.
No son únicamente los 3 mil 500 pesos de un ciudadano, sino la posibilidad de saber si estamos frente a un caso aislado o ante una práctica que pudiera estarse repitiendo con otros conductores.
Por eso nuestro reportero Flechador del Sol ya anda poniendo la oreja entre los mixtecos. Porque si comienzan a aparecer otros ciudadanos relatando que también entregaron dinero directamente en esa delegación y salieron sin recibo, alguien tendrá bastante que explicar.
Mientras tanto, esperemos que el director de la Policía Vial Estatal tome cartas en el asunto, ordene revisar lo que presuntamente está ocurriendo en la delegación de Huajuapan y, sobre todo, permita aclarar la ruta administrativa del dinero.
Y bueno, estimados ciberlectores, ya que entramos en calor y andamos hablando de las mañas de los elementos de la Policía Vial Estatal, resulta que sus colegas municipales tampoco se quieren quedar atrás. Porque si de abusos, privilegios y autoridades que parecen confundir el uniforme con una licencia para hacer lo que se les pega la gana se trata, en Huajuapan de León también tienen lo suyo.
¡Y vaya joyita la que nos trae nuestro reportero mixteco, El Flechador del Sol!
Resulta que eran apenas las nueve de la mañana en la calle Zaragoza, casi esquina con Tapia, a unos pasos de un módulo de policía. Una mujer que vive en la Ciudad de México estaba a punto de volver a la capital. Un taxi le pegó. Le dañó dos puertas y un rin. El auto era modelo 2025, comprado en enero. Con ese auto se gana la vida.
Dice nuestro reportero en la Mixteca, El Flechador del Sol, que lo que pasó después explica mejor a este Ayuntamiento que cualquier informe de gobierno.
Llegaron los agentes de Tránsito Municipal. A ella le pidieron todo: licencia, tarjeta de circulación, póliza del seguro, identificación. Al taxista no le pidieron nada. Ni licencia, ni placas, ni permiso de circulación, ni un nombre. Dos conductores, un solo choque, dos varas distintas para medirlo.
Entonces llegó un tercer hombre. Los vecinos lo identificaron como agente de Vialidad Municipal. También lo identificaron como dueño del taxi. Eso es testimonio de quienes lo vieron, y así lo consigna El Flechador del Sol. Lo que sigue no es testimonio: el hombre traía patrulla oficial. Cuando estorbaba la vialidad, le entregó las llaves a otros elementos para que se la movieran. En Huajuapan hay funcionarios que pueden estacionar la patrulla del pueblo mientras resuelven su negocio particular en la banqueta.
El chofer del taxi se lavó las manos. Dijo que él nada más manejaba, que había que hablar con el patrón. El patrón estaba ahí, de uniforme vial.
A la mujer no la ayudaron. La amenazaron. Le advirtieron que pedirían una grúa para llevarse su auto por obstruir la circulación. El taxi se quedó dónde estaba. El corralón, en esta ciudad, es para quien reclama.
Lo que ocurrió después quedó por escrito, y conviene leerlo despacio. El parte oficial de Vialidad lo redactó el agente Gustavo Eduardo Márquez Herrera, conductor de la unidad V-29. Lo firmó acompañado de Luis Jesús Rosales, de la patrulla V-07. Según ese documento, el asunto se resolvió con un pago de cuatro mil pesos. La reparación cuesta más de dieciocho mil. Catorce mil de diferencia que nadie en el Ayuntamiento anotó, porque el parte no está hecho para reparar un auto: está hecho para cerrar un expediente.
La afectada cuenta que el dueño del taxi le transfirió esos cuatro mil. Le dijo que era lo único que tenía. Le dijo que si no le gustaba, que le hiciera como quisiera, porque “nosotros somos autoridad”. Esa última frase es la que hay que subrayar. No dijo “yo tengo razón”. Dijo “nosotros somos autoridad”. Sabe perfectamente de qué lado está la báscula y no le da pena decirlo en voz alta.
La mujer buscó entonces al presidente municipal Luis “Chupón” Martínez. Mandó mensajes con fotografías del elemento y de su unidad. Llamó por teléfono. Le informaron que el presidente no estaba disponible. Quien respondió fue Alejandro Rosales Olmos, el mismo que administra el desorden del SAPAHUA. Le envió el parte de novedades, le dijo que el caso estaba cerrado. Pero el presidente Chupón le envió un WhatsApp en el que le dijo que se quejara ante la Contraloría Municipal para que fuera formal. Fue la forma de encubrir a uno de sus proveedores de billetes.
Así se archiva un abuso en esta administración. No se niega, no se discute, no se investiga. Se remite.
Y conviene recordar que esa Contraloría municipal pertenece al mismo gobierno que aquí hemos documentado durante meses. Es el gobierno que investiga a los trabajadores que hablan con periodistas en vez de investigar lo que denuncian. Es el que cerró el Palacio un viernes para no recibir a los actuarios de un laudo. Es el que no pudo presentar ni una sola fotografía de una presa de casi cinco millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación. Pedirle a ese aparato que se investigue a sí mismo es el último trámite de la burla.
La afectada pide que no publiquemos su nombre porque teme represalias. A una ciudadana le chocaron. Tiene fotos, videos, mensajes y el comprobante de la transferencia. Y aun así tiene miedo. Ella al menos sabía reclamar, sabía exigir un parte, sabía a quién escribirle. La pregunta que deja es la que debería quitarle el sueño a este Ayuntamiento: ¿qué le pasa al que no sabe nada de eso, no conoce el camino? ¿Al que acepta los cuatro mil porque no ve otra salida?
Nuestro reportero pregunta lo que la Contraloría debería estar preguntando desde hace dos semanas. ¿Tiene concesión ese taxi? ¿A nombre de quién está? ¿Puede un agente de Vialidad ser dueño de una unidad del transporte que él mismo vigila? ¿Por qué el parte no registró ni los datos del taxi ni los de su conductor? ¿Quién autorizó que una patrulla oficial se usara de adorno mientras su responsable negociaba un choque propio? ¿Por qué lo deja circular sin placas, sin permiso y sin licencia del chofer?
En Huajuapan la justicia vial no es ciega. Ve perfectamente. Por eso sabe a quién pedirle papeles y a quién no.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, los gobiernos no siempre se desgastan por sus adversarios; muchas veces son sus propios funcionarios quienes se encargan de hundirlos.
