La crisis migratoria que atraviesa el país ha generado todo tipo de respuestas en el espacio público. Desde quienes opinan que ésta ha sido sobredimensionada por el gobierno de Donald Trump hasta quienes consideran que la responsabilidad de México sobre el asunto es mucho mayor de lo que se piensa. Por ello es importante poner en contexto que la atención a los problemas de la región de América del Norte y Centroamérica, no solo el de la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, ya tuvo una respuesta conjunta, la Iniciativa Mérida, la cual fue suscrita en diciembre de 2008 por los gobiernos de México y Estados Unidos.
Como en su momento lo declaró el gobierno estadounidense, la Iniciativa Mérida abrió un nuevo capítulo histórico de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas. En ese momento el punto crucial era la llamada guerra contra el crimen organizado que declaró el entonces presidente Felipe Calderón. Frente al problema del trasiego de drogas a los Estados Unidos, se identificaron problemas adicionales como el tráfico de armas, dinero y personas. La Iniciativa Mérida continuó durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Fundamentalmente la Iniciativa Mérida consistió en el financiamiento de acciones realizadas por el gobierno mexicano. Los pilares que definió la estrategia fueron: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado; institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; crear la estructura fronteriza del siglo XXI; y construir comunidades fuertes y resilientes. Sin duda retos para cualquier gobierno, pero en este caso delineados como propósitos comunes por dos gobiernos soberanos.
En primer lugar se entendió que el crimen organizado era un asunto trasnacional. Es decir, que no podía responsabilizarse a México de tener a todos los criminales ni traficantes de drogas porque evidentemente éstos contaban con redes de poder y apoyo en los Estados Unidos, aquí podemos notar un claro contraste con el discurso de Donald Trump. La lógica no era el comercio fomentado desde México sino apoyado por grupos ilegales en ambos lados de la frontera norte y también en ambos lados de la frontera sur. En segundo lugar se identificó la falta de capacidades del sistema de justicia mexicano y por eso hubo un respaldo claro al nuevo sistema de justicia penal, con el fin de darle solidez a los procesos en contra de la delincuencia organizada.
Llama la atención que el tercer pilar enunció una nueva estructura fronteriza. Entre otras acciones se fortalecieron capacidades para la detección de narcóticos, armas, y dinero de procedencia ilícita. La esfera preventiva se redujo al cuarto pilar, con propósitos como el de disminuir el consumo de drogas en México; promover la cultura de la legalidad y fortalecer observatorios ciudadanos en materia de crimen y corrupción. Como se resume en los puntos anteriores, la ayuda de Estados Unidos se enfocó en disminuir el tráfico ilegal de drogas, mas no de personas.
La crisis que hoy enfrentamos tiene rasgos muy crudos. Familias enteras y en algunos casos niñas y niños viajando solos hacia la frontera norte de México. Personas huyendo de sus países en busca de seguridad y alimentación, no por el deseo de convertirse en ricos sino por la necesidad de sobrevivir en un mundo que no les ha regalado nada. Así viajan miles de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y recientemente africanos, con el deseo de llegar a la frontera con Estados Unidos y solicitar una visa humanitaria o introducirse ilegalmente en su territorio. Debido al incremento en este flujo el gobierno de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones de productos mexicanos hasta obtener de México una solución definitiva al problema.
Resulta interesante que el gobierno de Trump no realizara un balance de la Iniciativa Mérida y que solamente exigiera una nueva estrategia en la que México debe hacer mucho más que antes. El fenómeno migratorio, evidentemente, no es una responsabilidad unilateral, no depende de México ni ha sido solo por omisión de nuestros gobiernos que ha incrementado. Lo cierto es que a la luz de la crisis actual podemos afirmar que la Iniciativa Mérida no logró sus objetivos y en parte esto es así porque no previó que las personas seguirían huyendo de sus países de origen para llegar a Estados Unidos.
No queda clara la estrategia para reenfocar la Iniciativa Mérida. El presidente López Obrador declaraba el mes pasado que: “Lo de la iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo. Porque eso no ha funcionado. No queremos cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida”.
El primer gran anuncio para enfrentar la crisis migratoria es el Plan de Desarrollo Integral del Sur de México y Centroamérica que atenderá las causas de la migración irregular en Honduras, El Salvador y Guatemala, elaborado con la asistencia de la Comisión Económica para América Latina, el cual contempla una inversión anual de 10 mil millones de dólares en estos países. Esta semana en su visita a Tapachula, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió del presidente López Obrador la primera inversión de 30 millones de dólares para generar 20 mil empleos en El Salvador, lo cual ha sido duramente criticado por algunos actores al considerar que esa cantidad ni siquiera se invierte en nuestro país en otros pendientes apremiantes.
Vivimos un momento histórico para nuestra región; México se encuentra entre la daga y la pared y debe salir bien librado de una crisis que no puede librarse solo en nuestro territorio, que reclama responsabilidad compartida e inteligente, pues ya vimos que la primera no siempre es suficiente para lograr resultados positivos. “Empleos en vez de helicópteros artillados”, ha dicho el presidente López Obrador. Ya veremos. A diez años de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, ahora volvemos a empezar.
