Hay que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la decisión de enfrentar un problema estructural, con múltiples causas y que se dejó pasar por los últimos gobiernos. O bien se minimizó o bien se ignoró por completo, pero no hubo una voluntad semejante en el pasado para ponerle freno a un delito que genera millones de pesos: la venta ilegal de combustible ordeñado de los ductos de Pemex. No solo eso, la asociación enorme de personas concentradas en un mismo fin ilícito. Que hoy se hable de comunidades enteras dedicadas a ordeñar sistemáticamente el combustible que la mayoría de mexicanos debe pagar todos los días es sintomático de que la corrupción sí es un problema estructural y no asunto de un solo gobierno. Detrás de la imagen del pueblo sabio, bueno y santo hay un paisaje muy distinto, el de grupos de personas que también forman parte de él pero que roban lo que es propiedad de la nación.
El escenario más trágico de este problema grave sucedió el viernes pasado en Tlahuelilpan, Hidalgo, municipio ubicado a unos 15 kilómetros de la refinería de Tula. Al percatarse de una fuga en el ducto que va de Tuxpan a Tula, decenas de pobladores se acercaron a recabar el combustible en lo que tenían a la mano, cubetas y tinas incluidas. Ni el ejército ni la policía pudieron controlar a quienes ordeñaban el ducto, entre ellos menores de edad que acompañaban a sus familiares. Tres horas después una chispa provocó un feroz incendio que hasta el momento ha dejado alrededor de 70 personas fallecidas y decenas de heridos. Una tragedia que se enmarca en el combate a este delito emprendida por el actual gobierno de la República.
Es difícil comprender que provoca a la gente a cometer un ilícito que implica riesgos altísimos además de conocimientos técnicos. La tarea de trasladar combustible es un asunto de ingenieros expertos que conocen los procedimientos y consecuencias de su labor. Pero comprobar que hay personas comunes y corrientes vinculadas a esta práctica es lastimoso porque nos enseña que no todo el pueblo comprende la bondad como un asunto de respeto a las instituciones sino como un asunto de beneficio personal inmediato. Cuánto puede ganarse por vender algunos litros de gasolina robada, y cómo no sentirse mal de hacerlo cuando millones de usuarios deben comprar todos los días un bien que prácticamente se ha vuelto básico para la vida diaria. Solo por tener un parámetro de la dimensión del problema, el presidente López Obrador afirmó recientemente que los huachicoleros se roban hasta 70 mil millones de pesos al año de las tomas clandestinas a los ductos de Pemex.
En el periodo extraordinario de sesiones convocado la semana pasada se discutió sin llegar a un acuerdo que el huachicoleo se convierta en delito grave, esto significa que no habría derecho a fianza y que se dictaría a los imputados prisión preventiva de oficio. Adicionalmente, se ha lanzado una convocatoria para quienes quieran ser choferes de pipas de gasolina, pues la estrategia federal ha implicado el cierre de ductos como el que ayer explotó. No podemos medir si estas dos medidas contribuirán a disminuir el problema, pero al menos son soluciones a corto plazo que pueden tener éxito si la estrategia va acompañada de la voluntad de otros actores políticos. No solo el presidente se enfrenta a este grave problema, sino que los mexicanos debemos entender que detrás de él está uno mayor: el fracaso del cumplimiento de las leyes de forma generalizada.
Lo mismo en Huixcolotla, Puebla, que en Tultitlán, Estado de México, o que en lamentable incidente del viernes pasado en Tlahuelilpan, lo que persiste es una falta de respeto al Estado de derecho. Una falta de comprensión de que no debe robarse lo que es propiedad de la nación, pero que también es un bien que debe ser accesible para todos. El valor detrás del plan contra el huachicoleo es asumir que los problemas deben enfrentarse con toda la fuerza del Estado. La incógnita es si en esta lucha las instituciones se sobrepondrán a las malas prácticas de una corrupción estructural donde no vale el argumento del pueblo sabio y bueno, sino de grupos de poder que hacen de un negocio ilegal su modus vivendi provocando a veces muerte, daños irreparables y vidas destrozadas por el fuego.
