Redacción
La sanción llegó, tarde pero con peso. La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno de Oaxaca resolvió inhabilitar por 20 años a Mariana Erandi Nassar Piñeiro y ordenó el pago de una sanción económica resarcitoria por más de 26.7 millones de pesos, en uno de los expedientes que permanecían como pendientes tras el cambio de administración estatal.
La resolución es contundente: la exfuncionaria no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública. El monto a resarcir asciende a 26 millones 707 mil 87 pesos con 45 centavos, cifra que refleja —según la autoridad— la magnitud del daño ocasionado.
Mariana Nassar Piñeiro formó parte del engranaje del poder durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, un periodo donde distintas áreas fueron señaladas por prácticas discrecionales. Su caso, sin embargo, no puede leerse en solitario. Es hermana de Alejandro Nassar Piñeiro, quien también ocupó una posición estratégica como secretario particular, lo que evidencia cómo, en ese sexenio, los vínculos familiares no solo coexistieron con el poder… sino que lo administraron.
Desde esas posiciones, ambos perfiles —con acceso directo a decisiones y operación política— habrían aprovechado su cercanía con el poder para hacer y deshacer dentro de la administración, en un esquema donde las fronteras entre lo institucional y lo personal se diluyeron peligrosamente.
La sanción administrativa forma parte de los procesos de fiscalización impulsados por el actual gobierno estatal, que ha puesto bajo la lupa actos del pasado. Aunque no se han hecho públicos todos los detalles técnicos del expediente, la duración de la inhabilitación y el monto económico apuntan a faltas graves.
Este caso no solo toca a una exfuncionaria. Exhibe una forma de ejercer el poder: redes cercanas, decisiones concentradas y un uso del aparato público que hoy empieza a ser revisado. La pregunta de fondo es inevitable: ¿se trata de un punto de quiebre en la rendición de cuentas en Oaxaca… o de un caso aislado que apenas roza la superficie de lo que aún falta por esclarecer?
